El Ministerio de Justicia y Seguridad argentino ha accedido a los datos biométricos de siete millones de personas de manera irregular en lo que parece ser un nuevo escándalo de afectación a la privacidad y vigilancia masiva. Hace apenas unos días, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires propuso que se pusiera a disposición del Ejecutivo nacional las cámaras para identificar a los manifestantes que pudieran poner en peligro al mismo.

Entre quienes fueron observados por los dirigentes de la Policía de la capital se encuentran el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La información se ha hecho pública debido a una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019.

Lo que parecía jugar a su favor, se ha vuelto en su contra

El SNRP apareció con un objetivo supuestamente: ayudar a encontrar a quienes eran buscados por la Justicia. Por eso, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia Nacional para tener acceso a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). La base en cuestión no supera las 50.000 personas.

Sin embargo, el juez Gallardo detectó que, como parte de este sistema, los mandatarios porteños también firmaron un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y desde allí se hicieron casi diez millones de consultas –un número infinitamente superior al de las personas requeridas por los tribunales–. Concretamente, el organismo que depende del Ministerio del Interior, informó al juzgado que se realizaron búsquedas entre abril de 2019 y marzo de 2022 de un total de 9.900.282 ciudadanos, extracciones de información que se hicieron desde su base.

Lo curioso es que se buscó información del presidente, la vicepresidenta, de Estela de Carlotto o de Hebe Bonafini entre otras. También buscó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni –uno de los escogidos por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para lidiar contra las protestas sociales–, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman.

También hubo búsquedas de perfiles de la Justicia como Gabriela Boquin –la fiscal que denunció el acuerdo al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino–, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó –convertida en un blanco por el macrismo para forzar su renuncia–, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, o el actual supremo Carlos Rosenkrantz. También buscaron datos de la jueza Inés Weinberg, candidata de Macri para la Procuración, o del empresario Alejandro Bulgheroni. Tampoco permaneció ajena la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las rivales del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio o la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de buen diálogo con Larreta.

"No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o se encentran en búsqueda y captura", escribió Gallardo, quien suspendió la aplicación del SNRP.

Por el momento, el mecanismo que describió Gallardo sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan sensible que todos los jueces del Tribunal de la capital se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.

Sin control

"La Policía de Buenos Aires estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados", le explicó a Página 12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso. "Esto involucraría que el software tiene capacidad de vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información", remarcó.

La diputada Bregman señala que cuando se discutió la ley en octubre de hace dos años, su partido se posicionó en contra, puesto que según se ha demostrado en numerosos países, tiene un alto nivel de peligrosidad.

Este sistema no solo fue objeto de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, sino que también despertó la preocupación del portavoz de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, quien visitó el país en mayo de 2019, pocos días  antes de que empezara a implementarse el mecanismo. El experto dijo que era una decisión desproporcionada porque para buscar a una parte proporcional relativa a 40.000 personas requeridas por la Justicia, esta medida afecta a la privacidad de millones de argentinos. Además, remarcó que no hubo debate social ni se midieron los impactos de políticas intrusivas.

Allanamientos

El juez Gallardo, además, ordenó entrar en el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema, para seguir la investigación. Lo curioso del caso es que Gallardo  ya hizo una inspección al CMU del distrito de Chacarita meses atrás. Por aquel entonces, el ministro Marcelo D'Alessandro estaba presente y dijo que el SNRP había estado apagado durante toda la pandemia. No obstante, el juzgado tiene datos que estarían en contradicción con lo que informó el ministro porteño.

Durante el allanamiento estuvieron representantes de Danaide SA, la empresa proveedora del software al gobierno porteño. Hubo un momento sospechoso cuando se cayó el sistema mientras los agentes de PSA migraban datos para ser analizados. Según señalaron algunas fuentes cercanas, los representantes de la empresa se disculparon diciendo que se debía a un error de otra compañía subcontratada.

La respuesta

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad  de Buenos Aires señalaron que las búsquedas del Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que "responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia". Hasta ahora no ha quedado claro por qué la Justicia pediría información de dirigentes de derechos humanos ni de altos cargos políticos.

El uso de cámaras fue uno de los temas a debatir en la agenda política en después de que el propio D'Alessandro sugiriera poner a disposición del gobierno nacional las cámaras para identificar a las personas que protestan cortando las calles. Durante la semana pasada se produjo una campaña organizada por las autoridades porteñas en las que se pedía que todos aquellos que se manifestasen en contra de la pobreza, se les retirasen los planes sociales. 

El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el diputado Leopoldo Moreau, respondió que la propuesta de D'Alessandro es contraria a la ley de inteligencia, porque implicaría una vigilancia sobre quienes se manifiestan por razones políticas o sindicales. Lo que ha quedado claro es que la trama revelada por el juez Gallardo podría ser un escándalo sin precedentes en el sistema de seguridad y privacidad argentinos.