Los siete militares colombianos que estaban siendo investigados por la Fiscalía por una supuesta violación grupal a una niña indígena de 13 años han admitido ante el juez su culpabilidad, explicando que ocurrió mientras patrullaban el territorio de la comunidad embera chamí a la que pertenece la menor, según ha comunicado la Fiscalía.

El juez ha imputado a los siete soltados por delito de acceso carnal abusivo agravado, culpando a seis de ellos como responsables directos y uno como cómplice, explicó en rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa. "Esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos", agregó.

El gobernador indígena de la jurisdicción embera Gito do Kabu, Juan de Dios Queragama, dio a conocer el hecho que provocó una dura condena social. Denunció que la niña fue secuestrada el domingo y agredida por un número indeterminado de soldados.  La niña "estaba solita, recogiendo guayaba" cerca de un campamento militar cuando los soldados "la cogieron y la retuvieron toda la noche", contó Queragama tras hacer pública la denuncia en un comunicado.

Los soldados no serán condenados a cadena perpetua 

El suceso ocurrió tan solo una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. 

A pesar de que la norma no ha sido promulgada todavía el presidente Iván Duque al conocer lo sucedido declaró que si tocaba "inaugurar la cadena perpetua" con estos soldados, se haría. No obstante la Fiscalía ha explicado que los soldados serán juzgados bajo la legislación anterior. 

De acuerdo con el anuncio que hizo desde Cali Francisco Barbosa, la pena oscilaría entre los 16 y 30 años de cárcel. "No puede imponerse cadena perpetua y, una vez aprobada, no puede ser retroactiva", señaló el jurista Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Los militares ya han sido recluidos en una unidad militar a la espera del juicio que definirá su condena. Fuentes cercanas al caso han indicado que cinco de los soldados ya habían sido reconocidos por la víctima. Por otra parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbelaez, se ha trasladado a la zona de Pereira para asistir a la niña y a su familia.

Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.