Tras el tiroteo masivo en una escuela de primaria de Uvalde, Texas, el pasado martes, los demócratas del Senado están echando el resto para tratar de convencer a los republicanos de aprobar una ley de mínimos que limite en ciertos casos el acceso a un arma. Sin embargo, cualquier avance legal corre el riesgo de sufrir un mazazo por parte del Tribunal Supremo: la corte está pendiente de emitir una sentencia que eliminaría los obstáculos para acceder a un arma que imponen al menos siete estados, lo que podría dificultar enormemente cualquier avance normativo a nivel federal.

La sentencia, que previsiblemente se emitirá este verano, resolverá el caso Asociación del Rifle y la Pistola del estado de Nueva York contra Kevin Bruen. A tenor de los comentarios de los jueces en la vista oral del pasado mes de noviembre, la probabilidad de que el alto tribunal anule o corrija esta ley es elevada. Y más teniendo en cuenta que, tras los cuatro años de mandato de Donald Trump, el Supremo está compuesto por seis jueces conservadores frente a tres progresistas. El magnate neoyorkino nombró nada menos que a tres magistrados en su única legislatura en la Casa Blanca, dando lugar a una supermayoría conservadora que, como ha sucedido con la reciente opinión sobre el aborto, está llamada a ser un rodillo que condicione durante muchos años la política norteamericana.

El caso Asociación del Rifle y la Pistola del estado de Nueva York contra Kevin Bruen se remonta a 2015. Dicho estado tiene, desde hace más de cien años, requisitos muy estrictos para que una persona pueda tener un arma de fuego; entre otras cosas, exige que el solicitante demuestre una "causa justificada", un concepto que la ley estatal no concreta, por lo que la autorización queda en manos de la valoración caso a caso que realicen las autoridades.

Según informa la revista especializada en armas The Trace, todo comenzó cuando Robert Nash, residente del municipio de Rensselaer, una ciudad de 160.000 habitantes a 245 kilómetros al norte de Manhattan, obtuvo en 2015 un permiso que le permitía llevar una pistola sólo con fines de caza. Al año siguiente, alegando una serie de robos en su vecindario, solicitó que se le permitiera llevar un arma para su protección personal, petición que le fue denegada.

En 2018, Nash presentó una demanda ante el Supremo alegando que dicha cláusula viola las enmiendas segunda (del derecho a las armas) y vigesimocuarta (que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos). Se le unieron en la demanda Brandon Koch, otro residente de Rensselaer en su misma situación, y un clásico en estos casos: la Asociación del Rifle y Pistola del estado, una de las organizaciones más combativas en Estados Unidos en defensa de una interpretación absolutamente lasa de la segunda enmienda.

Una norma similar en al menos siete estados

Una sentencia negativa del Supremo no sólo afectaría de forma inmediata a las negociaciones en el Senado en pos de una norma federal o al marco legal neoyorkino, sino que iría mucho más allá porque la cláusula de "causa justificada" se encuentra vigente también en estados tradicionalmente demócratas como California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey, según informa The Trace.

A pesar de todo, hay motivos para la esperanza: dicho requisito fue confirmado en marzo por un tribunal de apelaciones del Supremo, que dictaminó que dicha cláusula, en el caso de la norma de Hawái, era constitucional. El juez Jay Bybee, nombrado en su día por el republicano George W. Bush, aseguró en el fallo que había revisado "más de 700 años de historia legal inglesa y americana" y concluyó que el gobierno "tiene el poder de regular las armas en la plaza pública".

La sentencia del caso de Nueva York será la más trascendente que realice el Supremo sobre el derecho a las armas desde el caso Washington DC contra Heller, de 2008, un antecedente nada halagüeño. En dicho proceso, el alto tribunal sostuvo por primera vez que la segunda enmienda protege el derecho de las personas a tener y portar armas en casa para defenderse, por lo que declaró inconstitucional los estrictos requisitos y limitaciones que imponía la capital del país para poder tener un arma de fuego.

No fue el único varapalo legal. Al tratarse de Washington, ubicada en un distrito federal (el Distrito de Columbia), las implicaciones de la sentencia no incluían todavía a los estados. Sólo dos años más tarde llegó el previsible mazazo final: el Supremo dictaminó en el caso McDonald contra Chicago que la decisión de Washington se aplicaba también a los 50 estados del país. Desde entonces, cualquier intento de regular de modo estricto el derecho a tener un arma ha estado y estará muy limitado, salvo que el Supremo corrija su doctrina vigente.

Impulso legal de los demócratas en el Senado

Con todo esto en contra y con la amenaza de una nueva sentencia restrictiva del Supremo, los demócratas en el Senado se han lanzado, con el telón de fondo de la masacre de Uvalde, a tratar de atraer a los republicanos o un sector de ellos a una ley federal que suponga un avance estable, por mínimo que sea, para el control de armas en el país. Los demócratas, que tienen 50 escaños en la cámara alta, necesitan el apoyo de diez escaños republicanos (también con 50 asientos en esa cámara).

Según fuentes del Partido Demócrata consultadas por el medio The Hill, el único punto de encuentro posible para sacar una ley con los suficientes apoyos republicanos sería apostar por lo que en Estados Unidos se conoce como ley de bandera roja, es decir: una norma que prohíba o limite el acceso a las armas a quienes se consideren una "amenaza" para la sociedad, como podrían ser personas con enfermedades mentales o con ciertos antecedentes penales. Hay normas así en algunos estados del país, como la republicana Florida, y al menos dos senadores republicanos (Pat Toomey y Susan Collins, cuyo estado, Maine, tiene precisamente una ley de bandera roja) se ha mostrado ya favorables a intentar al menos abordar el asunto por ahí.

Pero el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, ha sido muy claro esta semana: sólo se someterá una propuesta de ley a votación si se cuenta con los apoyos previos. "Realizar una votación fallida ahora ciertamente enfriaría cualquier posible acuerdo", ha señalado.

Este enfoque de la norma contaría además con el respaldo de sentencia del Supremo en el mencionado caso Washington DC contra Heller. En ella, el alto tribunal expuso varios ejemplos de regulaciones de armas que, a su juicio, estarían permitidas. Así lo señaló uno de los magistrados, el juez conservador Antonin Scalia (nombrado por Ronald Reagan en 1986): "Nada en nuestra opinión debe ser tomado para poner en duda las prohibiciones sobre la posesión de armas de fuego por parte de delincuentes y enfermos mentales", escribió el juez, o sobre "las leyes que prohíben la portación de armas de fuego en lugares sensibles como escuelas y edificios gubernamentales".