El Senado de Estados Unidos aprobó hoy una propuesta presupuestaria para poner fin al cierre de la Administración federal, de forma que pueda reanudarse la actividad antes de que concluya el día, una vez haga reciba el respaldo de la Cámara de Representantes. La Cámara Alta, con el apoyo de la mayoría de los demócratas, accedió a aprobar el texto que dará financiación al Gobierno hasta el 8 de febrero, momento para el que esperan haber alcanzado un acuerdo presupuestario integral para lo que queda de 2018.

La ley de financiación eliminó un obstáculo de procedimiento en el Senado y está previsto que se vote lo más pronto posible por el pleno, lo cual permitiría la reapertura.

Los demócratas han insistido en que cualquier legislación de gasto a corto plazo para mantener al gobierno en funcionamiento incluya protecciones para los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers. Los republicanos a su vez dijeron que no negociarían sobre inmigración hasta que los demócratas les dieran los votos necesarios para reabrir el gobierno.

El cierre, que comenzó en el primer aniversario de la toma de posesión de Trump, amenazó con socavar la imagen autoproclamada del presidente como negociador.

La imposibilidad de llegar a un acuerdo obligó a Trump a cancelar un viaje de fin de semana planificado a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida y generó incertidumbre en torno a su ida esta semana al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Cientos de miles de trabajadores federales habían comenzado a suspender operaciones el lunes, el primer día hábil desde el cierre la medianoche del viernes, pero continuaron los servicios esenciales tales como las operaciones de seguridad y defensa.

Los fondos para las operaciones del gobierno expiraron a la medianoche del viernes y los legisladores trabajaron durante el fin de semana para resolver la crisis. Las líneas generales de un acuerdo comenzaron a surgir cuando un grupo bipartidista de senadores sostuvo conversaciones el domingo y el lunes por la mañana.

La última paralización gubernamental, en octubre del 2013, se prolongó por más de dos semanas y más de 800.000 empleados federales se vieron afectados por la licencia sin goce de sueldo.

Esta vez, la disputa está enfocada en las políticas de inmigración, principalmente por el decreto que emitió el año pasado Trump poniendo fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que ofrecía protección contra la deportación a los dreamers.