Unos 328 días de ofensiva israelí, 40.534 personas asesinadas, un avance colonial desbocado – 3.570 m2 de tierras palestinas declaradas israelíes a la hora, según el cálculo Público– o una amenaza de extensión del conflicto a toda la región. Ninguna de estas razones han persuadido a las seis empresas españolas que han operado en los territorios ocupados de Palestina de detener o revocar su actividad en ellos. Se trata de las compañías eDreams, CAF, GMV, Ineco, Salvat Logística y Grupo Semi, según los datos que ofrece el Centro de Investigación Who Profits consultados por este periódico.

Tampoco ha impedido al Ministerio de Defensa español, del que es titular la socialista Margarita Robles, continuar comerciando con empresas armamentísticas israelíes como Elbit System o Netline Communications Technologies (NCT). De acuerdo con la información revelada por Público esta semana, este mismo mes el departamento de Robles ha firmado dos nuevos contratos con estas empresas por un valor que roza el medio millón de euros.

Mientras la administración pública continúa adquiriendo los servicios y productos de empresas protagonistas de lo que la Corte Internacional de Justicia y el Corte Penal Internacional investigan como un genocidio, otras compañías españolas participan en la implantación del Estado de Israel en algunas de las tierras que el sionismo lleva décadas anexionándose de facto.

A excepción de eDreams, una plataforma que hace las veces de las antiguas agencias de viajes, el resto de las compañías recogidas en el listado de Who Profits han sido contratadas para llevar a cabo diferentes tareas relacionadas con el desarrollo ferroviario de Israel en los territorios ocupados. La expropiación de estas tierras por parte del sionismo no es una cuestión opinativa: ha quedado recogida en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como la 242, de 1967, o la 2334, de 2016.

Bien es cierto que algunas de estas empresas llevaron a cabo su actividad antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún no habían descargado cientos de miles de toneladas de explosivos como venganza sobre la Franja de Gaza. Sin embargo, el apartheid –tal y como ha llegado a nombrarlo en varias ocasiones la ONU– la colonización y las intervenciones militares contra los palestinos venían prolongándose desde hacía décadas de forma cada vez más frecuente.

Tanto es así que incluso la UE, fiel aliada de Israel, llegó a aprobar una directriz en 2013 para impedir que los centros académicos o de investigación israelíes que tuvieran sede en los territorios ocupados accedieran a becas, subvenciones o ayudas públicas del club de los 27.

Aún así, desde el año 2017 hasta la actualidad, las seis empresas españolas han cooperado directa o indirectamente mediante su actividad empresarial, en el mantenimiento de la hegemonía de Israel en los territorios que ocupa ilegalmente. Cabe decir que las españolas son sólo una pequeña parte de las empresas extranjeras que reconocen, con sus prácticas, el control sionista sobre estas tierras. Suponen el 6% de un total de 97 compañías foráneas que han operado u operan en ellas, según Who Profits.

Una proporción que se reduce al 2% si se incluye en la ecuación a otras 365 entidades israelíes. España es el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en territorios ocupados. Delante de ella se encuentran Alemania, con 15 empresas, e Italia, con otras ocho.

Este listado de empresas es complementario al publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OCHA) en febrero de 2020 y que recoge el nombre de 112 empresas, mayoritariamente israelíes, que explotan los recursos naturales de estas tierras. Ninguna empresa española fue incluida en aquella primera versión del listado. Paralelamente, movimientos como el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones, prensa y organizaciones en defensa de los derechos humanos han recopilado datos sobre esas otras compañías cuyas prácticas quedaron fuera de los estándares de malas praxis de la ONU.

EDreams: Turismo en la Palestina ocupada

Los inicios de esta agencia de viajes digital tuvieron lugar en el año 2000 en Silicon Valley (California). Poco después la entidad  fundada por el empresario hispanomexicano Javier Pérez-Tenessa se mudó a Barcelona y, tras convertirse en Edreams Odigeo SA en 2014, comenzó a cotizar en la bolsa española. Desde entonces no ha parado de crecer.

Tres de las cinco marcas de la empresa –eDreams, Opodo y Travellink– ofrecían 237 alojamientos vacacionales en los territorios ocupados de Palestina y Siria: 37 en 13 asentamientos de Cisjordania, otras 13 en dos barrios de asentamientos en Jerusalén Este y un total de 187 en 25 asentamientos en los Altos del Golán sirio. La mayoría, estaban etiquetados como "Israel".

Así fue, al menos, hasta el primero de junio de este año, última fecha en la que Who Profits actualizó la información. En aquel momento, la ofensiva sobre Gaza venía alargándose desde el 7 de octubre de 2023 y había causado decenas de miles de muertos en Gaza y otros cientos en Cisjordania. Público ha preguntado a la compañía sobre la situación actual de estos alojamientos en la web, pero al momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta.

Este comportamiento –ofrecer alojamientos turísticos en asentamientos ilegales sionistas, a veces etiquetados como Israel, y para beneficio de los israelíes– se ha observado también en la holandesa Booking y en las estadounidenses Airbnb y Tripadvisor, así como en algunas de sus filiales.

Un ejemplo llamativo fue la sesión de tiro anunciada como una "experiencia" vacacional en Viator –filial de Tripadvisor– en un campo de tiro situado en un asentamiento ilegal israelí, según reveló un informe publicado a finales de 2017. En su descripción, los organizadores de la actividad animaban a los turistas a sentirse como "luchadores contra el terrorismo", a la par que aseguraban que la actividad sería impartida por dos instructores que sirvieron en las FDI.

CAF y la línea de tren del apartheid

El caso de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles SA (CAF) ha sido el que más repercusión ha tenido en la prensa española desde que, en 2019, el consorcio CFIR Light Rail Ltd, formado por la empresa vasca y la compañía pública israelí Saphir Engineering and Industry, consiguiera la adjudicación del Estado sionista para la ampliación de su red ferroviaria.

Saphir es una vieja conocida del apartheid palestino. Está incluida en el listado publicado de la ONU de empresas que colaboran en la ocupación israelí. Entre otras cuestiones, la empresa posee una fábrica de hormigón en el asentamiento ilegal de Atarot, en Jerusalén. Además, según la información que recogió Who Profits, habría participado en la construcción de una carretera de circunvalación de Nabi Elyas, también en la Cisjordania ocupada.

El proyecto ferroviario para el que fue contratado CFIR Light Ril busca conectar Jerusalén Este con varios asentamientos coloniales de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania. La línea de tren ligero JNET proyecta 28 kilómetros de vías con 76 estaciones que recorrerán 160 vagones, dando continuidad a los asentamientos ilegales. Por todo ello, CAF se embolsará unos 500 millones de euros.

El contrato fue enormemente criticado por organizaciones pro derechos humanos, como el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) y Amnistía Internacional. Los primeros denunciaron a CAF por este contrato ante un organismo de Responsabilidad Social Corporativa dependiente de la OCDE.

En repuesta a esta petición, el Ministerio de Industria requirió a CAF un informe independiente donde explicara el proyecto. Como recogió Sergio González, miembro del CSCA, en un artículo publicado la revista Ecologista, dicho informe terminó por estimar que el proyecto JNET para el que había sido contratado CAF era inclusivo en tanto que "todo el que pagase el billete podría montarse en el tranvía y que al poder acceder los residentes palestinos (extranjeros en su propia tierra) de Jerusalén se podría decir que Israel les hace el favor de construir infraestructuras".

El artículo también recuerda que CAF ha colaborado con otras empresas incluidas en la lista negra de la ONU, como Egged o Banco Hapoalim. Por su parte, Amnistía Internacional solicitó al organismo internacional que incluyera a la empresa vasca en este listado, aunque por el momento tal petición no ha sido atendida.

Pero CAF no es la única empresa española que colabora con la creación del tren ligero en los territorios ocupados de Palestina. También lo han hecho GMV Innovating Solutions y Salvat Logística, a quienes la compañía vasca ha contratado para llevar a cabo tareas complementarias a la suya.

Otras dos españolas en los trenes de la ocupación

Para hacer posible el proyecto de tren ligero de Jerusalén Este, CAF contó con dos empresas españolas punteras en el sector tecnológico y logístico. En primer lugar, era necesario hacer llegar a los territorios ocupados de Palestina los 114 vagones de tranvías desde las fábricas de CAF hasta el puerto de Ashdod, en Israel, desde donde serían trasladados a los depósitos situados en asentamientos como French Hill y Neve Ya'akov.

De acuerdo a la información recopilada por Who Profits, esta fue la ruta que gestionó en mayo de 2022 la empresa española Salvat Logística para trasladar dos vagones desde la fábrica de CAF de Zaragoza a Israel. Se desconoce si esta compañía ha continuado con esta labor, aunque Who Profits apunta que serán necesarios más fletes para transportar el resto de vagones a Israel. En el momento de la publicación de este artículo, Salvat no ha confirmado a este periódico si continúa o no llevando a cabo la cogestión marítima del proyecto.

En 2021, CAF contrató a otra empresa con sede social en España: GMV Innovating Solutions. Esta entidad jurídica ofrece servicios de ingeniería, así como de desarrollo y mantenimiento de sistemas software para diferentes sectores, incluidos los sistemas inteligentes de transporte como las redes ferroviarias. De hecho, presta estos servicios a la red de Metro de Barcelona, Valencia,  Zaragoza o de Santiago de Chile.

Para el proyecto del tren de Jerusalén Este, GMV ha prestado su Sistema Automático de Localización de Vehículos y de Gestión de Cocheras gracias a los cuales la empresa ferroviaria israelí puede localizar los trenes, diseñar rutas dinámicas o establecer un sistema de información para los pasajeros, entre otras tareas. Según una nota de prensa de la compañía, el proyecto de GMV se ejecutaría en cuatro años y medio, por lo que se espera que finalice entre 2025 y principios de 2026. Público se ha puesto en contacto con esta empresa, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto de su actividad en Israel.

El mismo año en el que CAF contrató a esta empresa, una filial de GMV fue sancionada por el Banco Mundial por llevar a cabo prácticas corruptas y fraudulentas en dos proyectos de desarrollo sostenible y otro de transporte urbano en Vietnam que habían sido financiados por esta entidad. La sanción impedía a esta filial acceder a un proyecto del Banco Mundial hasta este mismo año 2024. Por su parte, GMV despidió a los directivos responsables de aquellas prácticas.

Ineco: Una empresa pública para los túneles

En 2013, la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad español, logró un contrato para la electrificación de la red ferroviaria de Jerusalén. El proyecto fue polémico, pero no tanto como la licitación que consiguió tres años después, en 2016, para la planificación e ingeniería de los túneles de la Línea Azul del tren ligero de la misma red.

En aquellos momentos el conflicto político palestinoisraelí no se encontraba en una situación muy diferente a la actual. Al menos en lo esencial. Eso sí, la opresión israelí no había alcanzado las cotas de violencia que ha logrado en la actualidad. En 2016, la Franja de Gaza todavía se estaba recuperando de la que había sido la mayor intervención militar hasta la actual, la Operación Margen Protector (2014). Aún así, la tensión era palpable, llegando a desbordarse en momentos puntuales con intercambios de cohetes y bombas entre diferentes fuerzas islámicas y las israelíes.

La labor de Ineco conectaría Jerusalén Este con varios asentamientos israelíes ilegales, como el de Ramot y Gilo. Tras ser acusada de colaborar con el apartheid israelí, tal y como recoge El Salto en un artículo de febrero de este año, el Gobierno del entonces presidente, Mariano Rajoy (PP), aseguró que ninguno de los tramos en los que participa la empresa española atravesarían una zona ocupada. Rajoy obviaba, señala el medio, que la obra para la que fue contratada era indispensable para trasladar a colonos y soldados israelíes desde el centro de la ciudad hasta aquellos asentamientos.

Grupo SEMI: Electrificar un tren que parte Palestina en dos

En su proyecto de implementar infraestructuras que den continuidad a los territorios que considera propios, el Estado sionista también contó con los servicios de la empresa de sistemas eléctricos Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI). Lo hizo en 2015, cuando ganó una licitación para electrificar la línea de alta velocidad de Tel Aviv-Jerusalén, cuyos 400 km atraviesan tierras que el derecho internacional califica como palestinas.

En 2020, SEMI volvió a firmar otro contrato con una empresa ferroviaria israelí para terminar de electrificar la línea, en un proyecto que podría finalizar entre finales de este año y principios del próximo. Hasta 2020, Grupo SEMI formaba parte del Grupo ACS, propiedad del empresario Florentino Pérez. ACS vendió SEMI al grupo francés Vinci, que ha intensificado la presencia de la empresa española en Israel, en cuya capital ha abierto unas oficinas.

Al igual que el resto de empresas nombradas en este artículo, Grupo SEMI no ha querido hacer declaraciones a este periódico al respecto de sus negocios en Israel.