MADRID.- El Gobierno de Ruanda se ha amparado este jueves en la limitación de la justicia universal auspiciada por el PP para impedir la entrega a España del jefe de sus servicios secretos, Karenzi Karake. Está acusado de genocidio y crímenes de guerra, así como de terrorismo al ordenar el asesinato de tres voluntarios españoles de Médicos de Mundo, el 18 de enero de 1997, que dos días antes habían descubierto una fosa común mientras atendían a los heridos de una de las masacres de hutus.

Emmanuel Karenzi Karake fue detenido esta semana en Londres, ya que pesa sobre él una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por la Audiencia Nacional por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y pertenencia a banda armada.

El Gobierno de Ruanda ha contratado a Cherie Booth, la mujer de Tony Blair, para defender a Karake. Y este jueves se ha presentado junto al ministro de Justicia y Fiscal General de Ruanda, Busingye Johnston ante el juez Quentin Purdy, de la Corte de Magistrados de Westminster.

Cherie Booth argumenta que el presunto criminal de guerra tiene inmunidad y que España no va a juzgarlo

La defensa de Karake ha esgrimido que el jefe de los espías tiene inmunidad diplomática y que la orden de detención y entrega no está clara. Booth argumenta que España no tiene intención de juzgarlo por crímenes contra la humanidad tras la entrada en vigor en España de la limitación de la justicia universal.

La Orden Europea emitida en 2008 por el juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, responde a un auto de procesamiento de Karake y otros 39 militares, por crímenes de guerra pero también por terrorismo al ser responsables del asesinato de nueve españoles en Ruanda durante las masacres desatadas contra los hutus y la población civil de la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002.

Esta Orden Europea está vigente, ya que su archivo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por las nueve familias de las víctimas españolas y el caso no ha sido resuelto por el alto tribunal. Había sido sobreseida a la espera de que se activase algún proceso de entrega a España por parte de los 40 acusados, como ha ocurrido ahora.

El juez Quentin Purdy ha dejado en libertad a Karake bajo fianza de un millón de libras (1,404 millones de euros), con la obligatoriedad de comparecer cada día en la comisaría de policía.

Los tres españoles fueron asesinados dos días después de descubrir una fosa común con cientos de cadáveres mientras atendían a unos moribundos

El jefe de los espías de Ruanda vivirá en la embajada de Ruanda en Londres, mientras el magistrado resuelve si accede a la entrega a España del criminal de guerra y supuesto responsable de actos de terrorismo, entre los que se encuentra el asesinato de tres cooperantes españoles que descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres antes de que desaparecieran estas pruebas.

La entrega a España será un proceso largo, al estilo del que ocurrió con la detención del dictado chileno Augusto Pinochet. El juez de Londres ha dispuesto para los días 29 y 30 de octubre la fecha del juicio sobre la entrega a España de Karake, de 54 años de edad. La Orden Europea está basada en el principio de reconocimiento mutuo entre los tribunales de los países de la Unión Europea sin la intervención de las autoridades políticas.

Karake es considerado supuesto responsable del asesinato de los tres cooperantes españoles de Médicos Del Mundo y de otros nueve internacionales de la ONU y un misionero canadiense, Guy Pinard. La operación desplegada tenía por objetivo vaciar de observadores internacionales en el noroeste de Ruanda para poder proseguir con las matanzas de población civil a ambos lados de la frontera con el Congo.

Las familias de las nueve víctimas españolas solicitan que se vuelva a requerir a las autoridades de la República de Sudáfrica el arresto y la entrega de otro de los 40 implicados, el general Kayumba Nyamwasa, sobre el que también pesa otra orden internacional de arresto y extradición.

Las familias de las víctimas explican que la mayoría de los implicados en el asesinato de los españoles no entran en la competencia temporal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda con sede en Arusha, Tanzania (año 1994) o la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (a partir del 1 de julio de 2002).

Además, solicitan la colaboración de la ONU para conseguir un juicio justo sobre los responsables de estos crímenes internacionales, incluyendo la entrega al tribunal español de pruebas depositadas en Ginebra y Nueva York. 

Los españoles asesinados fueron seis sacerdotes y tres voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Son los casos del misionero de los Padres Blancos Joaquim Vallmajo i Sala, que desapareció junto a tres sacerdotes hutus tras ser detenidos el 26 de abril de 1994 por militares del APR/FPR; los de cuatro religiosos maristas, asesinados el 31 de octubre de 1996 -Servando Mayor García, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Fernando de la Fuente de la Fuente- mientras ayudaban en un campo de refugiados abandonado por la ONU; tres cooperantes de MDM -María Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osina y Luis Valtueña Gallego-, asesinados el 18 de enero de 1997 después de que descubrieran una fosa común con cientos de cadáveres, así como el misionero Isidro Uzcudun Pouso, asesinado el 10 de junio de 2000 de un tiro en la boca.

En Ruanda fueron asesinadas al menos 312.726 personas de forma selectiva por parte del APR/FPR, que constituyó una estructura militar paralela encargada de la realización de muertes selectivas, masacres sistemáticas o acciones de infiltración.