La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció hoy la 'brutal operación' policial contra una radio comunitaria de Chiapas el pasado 12 de octubre, y pidió explicaciones a las autoridades judiciales y policiales de ese estado mexicano.

RSF recordó en un comunicado que el suceso causó 'el brutal desmantelamiento, acompañado de arrestos, de la radiodifusora comunitaria Radio Proletaria, el 12 de octubre de 2010 en Tuxtla Gutiérrez'.

La organización de defensa de la libertad de prensa explicó que la operación comenzó por la noche, cuando 'un comando armado y encapuchado compuesto por una treintena de policías y de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) irrumpió en las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata, que albergaba a Radio Proletaria'.

RSF recordó que la emisora está afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

'Sin identificarse ni presentar ningún documento que justificara esta intervención, los funcionarios arrestaron a seis personas, entre ellas a un menor de 14 años de edad que trabajaba en la radiodifusora, quien fue liberado 24 horas más tarde', continuó RSF.

'Todo el material de transmisión de Radio Proletaria fue confisado, reduciendo a la estación al silencio', denunció la organización.

RSF se unió a AMARC en su petición a las autoridades chiapanecas para que 'rindan cuentas públicamente de los motivos y el desarrollo de esta operación'.

En el caso de que tenga relación con la carencia de una frecuencia legal, RSF se pregunta si no hubiera sido posible 'emitir una orden de apego a las normas sin recurrir a la represión y la censura'.

'La PGJE de Chiapas cometió una violación al derecho de informar y debe restituir, en el plazo más breve, el material confiscado a Radio Proletaria', insistió la organización.

RSF se refiere además al arresto de un menor y señala que en este caso se deben aplicar 'más que sanciones administrativas contra los funcionarios responsables'.

La 'criminalización' de radios comunitarias en México no es nueva, continuó RSF, que afirma que el procedimiento empleado por las autoridades de Chiapas 'para intimidar a una comunidad y censurar su medio de comunicación, recuerda extrañamente los métodos utilizados por el Ejército y la Policía federal, en enero de 2009 en Michoacán, contra la radiodifusora indígena Uékakua'.

RSF pide a la Organización de Estados Americanos (OEA) que exija a las autoridades mexicana la reparación de los daños causados.