El ahora jefe de abogados del Estado en Argentina, Rodolfo Barra, no solo fue uno de los ideólogos de las privatizaciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Carlos Menem. El designado por el presidente electo, Javier Milei, tiene un pasado nazi y un largo historial como referente de la ultraderecha que ha trabajado siempre para restringir derechos de personas disidentes y mujeres.

En 1991, como juez de la Corte Suprema, votó con "mayoría automática" y le negó la personalidad jurídica a la asociación no gubernamental Comunidad Homosexual Argentina (CHA). En 2001, como titular de la Auditoría General de la Nación dictaminó contra la decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de autorizar la venta de anticonceptivos de emergencia, conocida como píldora del día después, por alegar falsamente, contra toda evidencia científica, que se trata de un método abortivo.

Más adelante, Barra militó ya sin cargo público contra las leyes de Matrimonio Igualitario y de Interrupción Voluntaria de Embarazo al sostener en los debates que son algo institucional. Además, actualmente es uno de los abogados que litigan contra el Estado para derogar la Ley de IVE (acceso a la interrupción del embarazo).

La ultraderecha, contra la Ley del Aborto

Desde que el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el 30 de diciembre de 2020, la derecha conservadora ha presentado 36 demandas en distintas provincias y fueros para que se declare inconstitucional. La mayoría fueron rechazadas, pero tres llegaron a la Corte Suprema y se encuentran ahí actualmente. Una de esas causas es la que impulsa Barra como abogado de Fiore Viñuales, exsenadora y actual diputada argentina por la provincia de Salta, y de un grupo de ciudadanos.

El máximo tribunal del país no resolverá la cuestión de si el derecho a abortar es, o no, constitucional, sino cuestiones previas de legitimación que tienen que ver con la capacidad procesal de cuestionar la ley. Es decir, se resolverá si Fiore Viñuales y sus abogados tienen legitimación para representar a embriones y fetos que todavía no fueron concebidos para cuestionar el derecho de las gestantes a decidir sobre sus cuerpos.

En los primeros meses de este año, Barra pidió una audiencia para presentar sus argumentos en la Procuración General de la Nación, que tiene que dictaminar sobre el tema. Vulnerando la reglamentación de la propia Corte Suprema, el procurador Eduardo Casal se la concedió para el 30 de mayo sin notificar a la otra parte, que es una coalición de ONG (Mujeres x Mujeres, de Tucumán; Amnistía Internacional-Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Fundeps). Las ONG se enteraron y cuestionaron la audiencia que se haría sin la voz del Estado. Finalmente, se reprogramó para el 11 de julio.

En esa reunión que encabezó Laura Mercedes Montila, procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Derecho Público no Penal, fue muy simbólico que cuatro hombres atacaran el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a decidir si quieren o no interrumpir un embarazo en los términos de la ley.

El "equipo antiderechos" lo encabezó Barra y estuvo acompañado por Pedro Javier María Andereggen, otro conocido abogado de la ultraderecha católica, apoderado de la Asociación Pro Familia, que en los años 80 operó para el Ejército en busca de la anulación del juicio al Jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar. También se opusieron en los tribunales al matrimonio igualitario y la realización de abortos legales a mujeres y niñas violadas. Además, junto a Barra y Andereggen estuvo el exdiputado provincial Andrés Suriani.

Cada parte expuso sus argumentos a favor y en contra de la ley de IVE. "Ellos hablaron de vida biológica y nosotras y el Ministerio de Salud, de derechos humanos, democracia, igualdad, libertad, muertes evitables y justicia social", resumió a Página 12 la abogada tucumana Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres.

En realidad, la demanda que representa Barra se inició para que se declare inconstitucional la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación, por la cual se actualizó el protocolo de atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal hace 100 años, y luego se amplió para que se declarase también la inconstitucionalidad de la ley IVE.

En primer lugar, el Juzgado Federal de Salta N° 2 declaró la improcedencia formal del planteo por entender que Fiore Viñuales y sus letrados carecían de legitimación para actuar en ese sentido. La exsenadora apeló y la Cámara aprobó su recurso. Frente a esa decisión, el Ministerio de Salud de la Nación interpuso otro recurso extraordinario federal, que se encuentra actualmente en trámite.

"Rodolfo Barra se dedica desde hace décadas a cristianizar el derecho y moralizar las vidas de las mujeres y disidencias. Quizás el Barra más peligroso es el que colocó los andamios menemistas para la concentración en el Poder Ejecutivo a través de delegaciones, lo que ahora necesita Milei para poder privatizar y rediseñar un modelo de gobierno que prescinde del Congreso, de la legitimidad democrática de las leyes y del sistema republicano", ha opinado Deza.

"En la demanda de Fiore Viñuales contra la Ley IVE él invoca la representación de embriones inexistentes. Barra dijo en el caso sobre la personalidad jurídica de la CHA que los homosexuales no tenían derechos constitucionales y sobre nuestra libertad reproductiva piensa igual. ¿Se desbloqueó con esta elección la posibilidad de ilegalizar el matrimonio igualitario, la identidad de género, la anticoncepción, el aborto  y tantas otras leyes que afianzan la igualdad? Lo sabremos los próximos cuatro años", ha señalado la abogada Deza.

Barra, contra el Matrimonio Igualitario

"La introducción del matrimonio homosexual requiere una reforma constitucional", afirmó sin dudar el expolifuncionario menemista en el Senado como "experto" en contra del Matrimonio Igualitario, cuando en 2010 esa Cámara estaba por dictaminar sobre la reforma que luego consagró el derecho a las parejas del mismo género a casarse. Al presentarlo, la entonces senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, otra potente voz antiderechos, recordó muy especialmente el hecho de que Barra había asesorado a la presidencia sobre "el derecho a la vida" en tiempos de Menem y la política de acercamiento íntimo al Vaticano.

Barra aseguró que no sólo el Código Civil no preveía el matrimonio entre personas del mismo género, sino que además "a nuestros padres fundadores (que redactaron la Constitución nacional de 1863) ni se les pasaba por la cabeza la posibilidad del matrimonio homosexual", obviando en ambos casos cualquier referencia a las modificaciones posteriores.

No era la primera vez que levantaba su voz en contra de los derechos de personas LGTBI+. En 1991, como integrante de la Corte Suprema, Barra votó en contra de que se le otorgase la personalidad jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Barra conformó el voto mayoritario, pero quiso fundamentar su posición en forma personal.

Entre otras cosas, escribió: "La valoración acerca de la homosexualidad es un problema controvertido en todos los países civilizados, existiendo, en general, una opinión o sentimiento disvalioso que llega, en numerosos estados de los EEUU, a sancionar penalmente la sodomía (en particular entre homosexuales) aun cuando se realice por el consentimiento libre de los adultos comprometidos con ella y en el ámbito privado del domicilio de los mismos, lo que fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia del citado país, sosteniendo que 'la Constitución no otorga un derecho fundamental a los homosexuales a practicar la sodomía' y que 'el hecho que la conducta homosexual ocurra en la privacidad del hogar no afecta el resultado'"

Barra, contra la anticoncepción hormonal de emergencia

Su cruzada contra el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar de decidir sobre su vida sexual y reproductiva viene de lejos. Hasta pretendió que se prohibiese la anticoncepción hormonal de emergencia, alegando falsos fundamentos científicos.

En noviembre de 2001, como titular de la Auditoría General de la Nación emitió un duro dictamen contra la llamada píldora del día después, que había sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el que precisamente consideraba la autorización del organismo como "una grave violación a la legalidad y a la correcta gestión en el ejercicio de las competencias pertinentes".

Unos meses después, en marzo de 2002, la mayoría automática menemista dictaba una sentencia que prohibía ese anticonceptivo "por abortivo", un argumento rechazado por la comunidad científica nacional e internacional y por la OMS. Pero nunca se pudo aplicar porque se refería a un producto con un nombre comercial que ya había salido de la venta.

La demanda la había impulsado Portal de Belén, una ONG con base en Córdoba que se ha dedicado a litigar contra el Estado para obstruir la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el reparto gratuito de anticonceptivos.