El rostro del presidente francés, Emmanuel Macron, aparece detrás de una alambrada de espino, acompañado por el titular: “Bienvenido al país de los derechos del hombre…”. Con esta portada, el semanario liberal L’Obs alerta en su edición de esta semana sobre la política hostil con los refugiados del dirigente centrista. El mismo dictamen hizo el diario progresista Libération, que el 12 de enero tituló en su portada: “Tría de inmigrantes. Sarkozy lo soñaba, Macron lo ha hecho”.

A pesar de haber repetido que la acogida de refugiados es “un honor para Francia” y “un deber moral y político”, Macron apuesta por la mano dura con los inmigrantes. El gobierno francés prepara una nueva ley migratoria que favorecerá las expulsiones de los refugiados a los que se haya denegado el asilo y endurecerá el tratamiento que recibirán por las fuerzas del orden. Presentada el 11 de enero ante las asociaciones defensoras de los extranjeros, esta nueva legislación ha indignado la sociedad civil francesa.

Para apaciguar el que se augura como el primer incendio político de su mandato, Macron visitará este martes la localidad de Calais (norte de Francia), donde malviven unos 700 refugiados. Ante la situación deplorable en la que se encuentran los inmigrantes en las calles de Calais, donde duermen en descampados en las afueras de la ciudad y conviven con los abusos policiales destinados a evitar la construcción de un nuevo campamento como la Jungla, la solución del gobierno francés no consiste en mejorar sus condiciones de acogida, sino en reducir de manera significativa el número de refugiados en Francia.

Según el anteproyecto de la nueva ley migratoria, el ejecutivo centrista alargará de 45 a 90 días el periodo máximo que un inmigrante puede estar encerrado en un centro de detención administrativa (el equivalente de los CIE en Francia). También favorecerá la caza de los sin papeles al aumentar de 16 a 24 horas el periodo en el que un extranjero puede ser detenido mientras se evalúa su situación legal.

Además, el texto, cuya versión definitiva será presentada a principios de febrero, prevé reducir de 120 a 90 días el tiempo que dispone un refugiado para tramitar su petición de asilo y limitar hasta 15 días (en lugar de los 30 actuales) el plazo que tendrá para recurrir la denegación de su demanda de asilo. En la línea del discurso humanitario de Macron, el texto también incorpora algunas medidas positivas: favorecerá la reunificación familiar en el caso de los refugiados menores de edad y limitará hasta seis meses (en lugar de los 13 actuales) el periodo de evaluación de una petición de asilo. De hecho, uno de los principales obstáculos con los que se confrontan los refugiados en Francia es la lentitud de la administración francesa, que suele tardar al menos 30 días para conceder a los inmigrantes una cita en la prefectura (delegación del Gobierno).

“Una política sin precedentes en Francia”

A pesar de estos aspectos positivos, “estamos ante una política migratoria sin precedentes en Francia por la brutalidad policial y las malas condiciones de asilo”, asegura François Gemenne, profesor de ciencias políticas en Sciences Po París y la Universidad de Lieja. Además de la nueva ley migratoria, este experto en cuestiones migratorias critica la circular, adoptada por el gobierno francés el 12 de diciembre, que autoriza la presencia de la policía en los centros de acogida para que controlen la documentación de los residentes. “Esta medida ha traspaso una línea roja que respetaron los anteriores gobiernos”, afirma Olivier Clochard, investigador en el Migrinter (CNRS) e integrante de la red euroafricana Migreurop.

De hecho, el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, pidió a finales de noviembre a cada prefecto (delegado del gobierno) que elabore un plan para multiplicar las extradiciones de los inmigrantes a los que se haya denegado el asilo y de los “dublineses”, es decir, de los refugiados que hayan dejado sus huellas dactilares en otro país de la Unión Europea y que sólo puedan pedir el asilo en este primer estado, según la convención de Dublín.

Ochos meses después de la llegada de Macron “desde la Segunda Guerra Mundial ningún gobierno se había atrevido a adoptar tales medidas”al Elíseo, estas políticas no han cumplido con la promesa del joven dirigente de que “ninguna persona dormiría en las calles o los bosques”. Además de la difícil situación de los refugiados en Calais, unos 800 inmigrantes malviven por las calles de París. Las autoridades francesas mantienen estrictos controles en la frontera francoitaliana, lo que obliga a los refugiados a tomar rutas cada vez más peligrosas a través de las montañas nevadas de los Alpes o en la localidad costera de Menton —cerca de Niza—, donde este domingo murió electrocutado un refugiado gambiano que se había escondido en el techo de un tren.

Esta situación alarmante ha hecho que numerosas voces de la sociedad civil se levanten en contra la política migratoria de Macron. Por un lado, el premio Nobel de literatura Jean-Marie Le Clézio ha criticado en un artículo en L’Obs “la negación de la humanidad insoportable” que constituye la “tría” de los refugiados en los centros de acogida. Por otro lado, el historiador Patrick Weil, experto en cuestiones migratorias, denunció en la emisora de radio Europe1 que “desde la Segunda Guerra Mundial ningún gobierno se había atrevido a adoptar tales medidas”.

Distinguir entre los refugiados y los inmigrantes económicos

“Existe una gran confusión entre los intelectuales”, aseguró Macron el jueves pasado en Roma, donde recordó que “hacemos frente a una oleada migratoria inédita desde la Segunda Guerra Mundial”, refiriéndose a las 100.412 peticiones de asilo que se produjeron el año pasado en Francia, una cifra récord para este país.

Pese a las numerosas críticas, el presidente francés sigue adelante con su política migratoria, que distingue entre los refugiados y los inmigrantes económicos. Según explicó el 31 de octubre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta consiste en “ser intratable con todos aquellos que no merezcan que se les conceda el asilo”. Por este motivo, “acelerar de forma drástica los procedimientos para que en seis meses sepamos si una petición es aceptada o no”. Y de esta forma, “poder renviar a sus países aquellos que no hayan obtenido el asilo”.

“Francia debe acoger a los refugiados, pero no puede acoger a todos los inmigrantes económicos. Este año (2017) 100.000 personas han presentado una demanda de asilo y otras 85.000 han intentado entrar, pero no han sido admitidas. Es imposible acoger dignamente a 185.000 personas al año”, afirmó el ministro Collomb, en una entrevista publicada este domingo en el diario Le Parisien. El responsable de interior prometió la creación de 2.600 nuevas plazas en los centros de acogida.

Una ley “inspirada en las ideas del Frente Nacional”

La política migratoria de Macron “se inspira en las ideas del Frente Nacional, ya que pretende distinguir entre buenos y malos inmigrantes”, critica Gemenne. Aunque la considera insuficiente, Marine Le Pen ha calificado la nueva ley “como una victoria política” de la extrema derecha francesa. “Estas medidas se inscriben en la continuidad de las políticas restrictivas adoptadas por los anteriores gobiernos”, explica Clochard. Unas medidas hostiles con la inmigración que en Francia se acentuaron a principios de los años 2000, cuando el conservador Nicolas Sarkozy ejerció como ministro del Interior y luego como presidente.

“Sarkozy se caracterizó por su discurso muy duro con la inmigración, pero luego adoptó medidas más bien suaves. Macron hace lo contrario: mantiene un discurso humanitario, pero luego aplica medidas muy duras”, asegura Gemenne. “Por desgracia, Macron ha llegado a la conclusión que como más duro sea con los inmigrantes, más se incrementará su popularidad”, añade este profesor de Sciences Po.

Sin embargo, estas políticas difícilmente resolverán la cuestión migratoria en Francia. “El aumento del número de las demandas de asilo en Francia está en parte vinculado a la ausencia de vías legales para inmigrar a Europa”, afirma Daniel Senovilla Hernández, investigador en el Migrinter (CNRS). De las 100.000 personas que pidieron el asilo en Francia en 2017, la nacionalidad más numerosa (7.630 personas) fue la albanesa y en tercer lugar, la haitiana (4.934 personas). “Como hay una ausencia casi total de vías legales para inmigrar en la Unión Europea, esto obliga a los emigrantes económicos a pedir el asilo”, defiende Senovilla Hernández.

Casi la mitad de los refugiados que pidieron el asilo en Francia el año pasado —alrededor de 40.000— son “dublineses”, que deberían ser reenviados al primer país de la UE donde dejaron sus huellas dactilares. Muchos de ellos han visto como denegaban su petición de asilo en Alemania o eran registrados en Grecia o Italia. Por esto motivo, ahora no pueden solicitar el asilo en Francia, uno de los países menos solidarios en Europa durante los últimos años. Desde el 2015, la administración francesa sólo ha concedido el asilo a 50.000 personas, mientras que en Alemania han sido aceptadas 575.000 demandas. Una insolidaridad que no ha cambiado a pesar del discurso humanitario de Macron.