PARÍS.- La reforma laboral promovida por el Gobierno del presidente francés, François Hollande, inició este martes su tramitación parlamentaria después de haber sufrido varios cambios que por ahora no le garantizan los apoyos necesarios para salir adelante en las votaciones.

La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre a este proyecto de ley, fue la encargada de defender ante la Asamblea Nacional el polémico texto, que desde hace más de tres meses ha dado lugar a acciones de protesta, que sin ser multitudinarias, ha dividido a la izquierda y provocado en algunos casos enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas del orden.

En un mensaje a aquellos que en el propio Partido Socialista critican su proyecto, El Khomri hizo hincapié en que "nadie nos ha impuesto" el controvertido texto, sino que es resultado de la voluntad de Hollande y de su "análisis sin concesiones" del mundo del trabajo y de su legislación.

Frente a quienes denuncian que el texto facilitará los despidos y favorecerá la precariedad, la ministra explicó que "la economía de servicios lo arrastra todo, la digitalización del trabajo se generaliza, la uberización de las profesiones y los trabajadores desplazados se extienden, todo eso en un mundo abierto y competitivo". "A la luz de esta realidad -añadió- nuestro derecho laboral ya no cumple suficientemente su papel".

Una de esas realidades a las que hizo alusión es "la híperflexibilidad", ya que un 90 % de los contratos que se firman en Francia son temporales, y la mitad para menos de una semana.

Entre las disposiciones más polémicas, aparte de la clarificación de los motivos que pueden aducir las empresas para proceder a despidos económicos (y que dependen del tamaño de las compañías), una de las principales es el mayor espacio para establecer acuerdos en las empresas, que pueden sustituir a los convenios colectivos fijados a escala nacional.

Manifestación de estudiantes franceses contra la reforma laboral de Hollande. REUTERS/Jacky Naegelen

Esa es una de las principales razones para que dos de los mayores sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), sigan exigiendo la retirada del texto. Hoy ambos participaron en un acto de protesta en la explanada de los Inválidos, a unos cientos de metros de la Asamblea Nacional.

El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, se quejó de que el Gobierno de Hollande haya "intentado manipular" a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles.

El Khomri, por su parte, afirmó que con su ley se dará a los sindicatos "un espacio y un papel que no han tenido nunca en nuestra república social" y se mostró convencida de que "protegerá mejor a los trabajadores. Dará nuevas oportunidades a los que más lo necesitan". A ese respecto, recordó que se creará "un derecho universal a la formación", se generalizará la ayuda a los jóvenes y se pondrá en marcha la llamada Cuenta Personal de Actividad, que permitirá a una persona acumular sus derechos a lo largo de su vida profesional al margen de su situación en cada momento.

Con estos argumentos, el proyecto de ley se discutirá durante dos semanas antes de ser sometido a un primer voto en la Cámara de Diputados, donde se han presentado cerca de 5.000 enmiendas. Casi la mitad de ellas viene del Frente de Izquierdas, pero también de la derecha y de decenas de parlamentarios rebeldes del Partido Socialista, lo que da una idea de la oposición a la que se enfrenta.

La derecha se había mostrado en parte favorable al proyecto de ley cuando se conocieron los primeros elementos hace tres meses, pero ha ido tomando distancias conforme el Ejecutivo hizo concesiones para conseguir el apoyo de los sindicatos reformistas, y en particular de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).

Ahora, ninguno de sus diputados está dispuesto a votar un texto que también ha pasado a rechazar la patronal Medef, porque considera que no tiene nada qué ver con la versión inicial que sí apoyó.