Los últimos días han presenciado el trasladado de la crisis de la justicia polaca desde las instituciones a la calle. Miles de ciudadanos polacos han protestado contra la nueva reforma promovida por el Gobierno polaco, que tendría como consecuencia la salida de 27 de los 72 magistrados del Supremo. Tanto dentro de Polonia como en Bruselas, la medida ha sido percibida como un ataque a la independencia de la justicia y a la separación de los poderes, propias de un Estado democrático.

La imposición de una salida forzada a una parte de los magistrados por parte del Ejecutivo ha encendido señales de alarma sobre el control del Poder Judicial desde el Gobierno encabezado por el partido Ley y Justicia, una formación política ultraconservadora y ultranacionalista.

Pero el progresivo control del funcionamiento de la justicia por el poder ejecutivo lleva años gestándose. Los primeros pasos han intentado influir en el nombramiento de los jueces y en el trabajo del Tribunal Constitucional. Con la actual propuesta, que implica controlar el nombramiento de los magistrados del Supremo, en el futuro podría incluso llegar a favorecerse la continuidad política de un mismo partido en el Gobierno, ya que el Supremo valida las elecciones.

La presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdof acudió a su trabajo a pesar de las amenazas de cese. Su llegada fue aplaudida por los manifestantes, que la entendieron como una oposición a las medidas autoritarias del Ejecutivo. A su vez, la magistrada ha declarado que su presencia en el trabajo se debe entender como una defensa del Estado de derecho y que la reforma que prevé su salida no respeta la Constitución. De forma paralela a los propósitos de control de la justicia, el PiS (Partido Ley y Justicia) desde su llegada al Gobierno ha conseguido imponer su control sobre los medios de comunicación públicos.

El partido explica estas medidas en el marco de la lucha contra la corrupción y la necesidad de eliminar las antiguas estructuras de influencia de los años 90, a las que responsabiliza de los problemas del país. A la vez, el control de los medios de comunicación le ha ofrecido un trampolín para difundir su programa, desacreditar a la oposición y dividir a los ciudadanos.

Además de un electorado fiel, tradicionalista, rural o de muchas personas de edad avanzada, entre los votantes del PiS se cuentan muchos jóvenes. A pesar de que la tasa de desempleo haya caído a un 6%, lejos del 20% del 2004, al electorado formado por el segmento conservador y nacionalista se han añadido nuevos miembros.

El PiS ha ganado votantes entre los descontentos con la Unión Europea. El aumento de la desigualdad, el paro y unos sueldos tres veces menores que la media de la Unión Europea hicieron que muchas personas descontentas hayan sido atrapadas por el ultranacionalista PiS, a falta de un proyecto progresista.

Se trata de un proceso bastante similar al caso de Fidesz en Hungría, alimentado además por ínfimas ayudas sociales a las familias con hijos y las promesas de viviendas sociales en un momento en el que muchos jóvenes se ven afectados por la incapacidad de hacer frente a los créditos bancarios, medidas propuestas sin embargo también por la oposición.

Reacción de la Unión Europea y de los países vecinos

El Gobierno polaco ha sido conminado por la UE a dar marcha atrás en su decisión de controlar el sistema judicial. Bruselas ha abierto procedimientos sancionadores contra el país. Pero entre los países vecinos, el iliberal Viktor Orbán ha expresado su apoyo a las medidas del Gobierno polaco. Las reformas para el control de los medios de comunicación o de las organizaciones no gubernamentales adoptadas por el PiS no distan mucho de las reformas emprendidas en el mismo sentido por el Gobierno de Orbán, mediante el paquete de leyes Stop Soros o por el Partido Socialdemócrata de Rumania que modela a su electorado mediante sus medios de comunicación privados afines.

Todo ello añadido a un sistema clientelar que funciona en los tres países emparenta lo económico y lo político. Es así como se hace posible desencadenar campañas que dividen a los ciudadanos en buenos y malos como en Polonia o a configurar enemigos inexistentes, los inmigrantes y el filántropo G. Soros en el caso de Hungría. El PiS, del mismo modo que el Fidesz en Hungría, intenta moldear a la sociedad según sus intereses.

Tampoco es extraña al Ejecutivo rumano la lucha por limitar la independencia de la justicia. Las mayores protestas tras 1989 han ocurrido en los últimos meses contra las modificaciones del Código Penal que sacarían de la cárcel a los políticos rumanos corruptos. En la última manifestación del mes pasado en Bucarest, el Partido socialdemócrata rumano en el Gobierno movilizó en autocares a miles de personas de las zonas rurales para que le ofrecieran soporte y desacreditar a la oposición y a sus simpatizantes. Tampoco faltan los ataques contra Soros o la promoción de un nacionalismo conservador, condimentado con un cristianismo ortodoxo.

A pesar de la llegada de los fondos europeos y del apoyo y entusiasmo iniciales con la entrada en la Unión Europea, la falta de un proyecto progresista, tanto dentro del país como dentro de la UE, ha hecho que los ciudadanos se encuentren hoy día aislados y desamparados ante el clientelismo político y económico y las derivas ultranacionalistas xenófobas.