Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong en contra de la propuesta de ley de extradición que permitiría que Pekín accediera a "fugitivos" en el territorio hongkonés para juzgarlos en China.

El céntrico Victoria Park, donde se convocó a los manifestantes, estuvo abarrotado durante varias horas y coloreado de blanco, el color elegido para esta protesta, además de paraguas amarillos, símbolo de las manifestaciones en favor de la democracia de 2014 conocidas como la "Revolución de los Paraguas".

Las calles que llevaban al parque, así como las estaciones de metro circundantes, estuvieron colapsadas de gente que apenas podía avanzar.

Una manifestante que solicitó no ser identificada explicó por teléfono que, de aprobarse la ley -cosa que podría suceder el mes que viene-, Hong Kong perdería su independencia respecto a Pekín y podría afectar muy negativamente a la economía local.

"Es nuestra última oportunidad de defender nuestro hermoso país", agregó, y resaltó la importancia de esta manifestación, la primera a la que acude desde el 4 de junio de 1989, en solidaridad con los estudiantes masacrados en la plaza pequinesa de Tiananmen en la madrugada de ese día.

Entre las consignas coreadas por los manifestantes estaban "¡Oponéos a la extradición a China!", "¡Desechad la malvada ley!" o "¡Carrie Lam, dimite!", en referencia a la jefa del Ejecutivo hongkonés.

"Pekín se ha ido impacientando con Hong Kong desde nuestro movimiento de los paraguas de hace cinco años. Nos ve como un adolescente rebelde que no aprende a ser agradecido y obediente", aseguró la miembro del bando opositor del Consejo Legislativo de Hong Kong Claudia Mo a la radio-televisión de la excolonia británica RTHK.

Mo sostuvo que, con los nuevos proyectos de infraestructuras, sumados a leyes como contra la que se protestó este domingo, el Gobierno chino busca asimilar Hong Kong y "convertirla en una de sus numerosas ciudades". "Hong Kong se está hundiendo rápido, como un pequeño bote, pero no vamos a dejar que esto suceda: vamos a luchar contra eso", apuntó la política.

La nueva ley, propuesta en febrero y cuya votación final podría efectuarse antes del fin de julio, permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.

En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, y el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.

El plan se ha topado con la oposición de periodistas, políticos extranjeros y empresas, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong -que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda- acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.

De este modo, activistas locales y disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.

Sin embargo, el profesor de la Universidad de Hong Kong y miembro del Comité de Leyes Fundamentales Albert Chen explicó que el gobierno hongkonés ha introducido una serie de salvaguardas para casos sensibles a nivel político.

Según Chen, Pekín "seguramente se contenga mucho a la hora de solicitar la extradición de gente involucrada en casos políticamente sensibles". "Bajo estos supuestos, creo que no quedan dudas de que la gente involucrada en los eventos del 4 de junio de 1989 (la masacre de Tinanamen) recibirá la protección de estos artículos y no sería extraditada aunque el gobierno central lo solicitara", indicó.

El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos de Londres- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047, aunque la presión de Pekín sobre el archipiélago aumenta progresivamente.

Aunque de menores dimensiones, también ha habido manifestaciones en contra de la propuesta de ley en varias ciudades de Australia, y están previstas en Alemania, Estados Unidos y Canadá.