Un estigma en la imagen de Emmanuel Macron en el mundo. Las condenas internacionales se multiplican en las últimas semanas por la represión de la policía francesa contra los chalecos amarillos. Después del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, esta semana llegó el turno de la ONU. La Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el pasado miércoles a las autoridades francesas que iniciaran una “profunda investigación” sobre los abusos policiales. Aunque los incidentes violentos cometidos por los chalecos amarillos llenaron las portadas de la prensa en diciembre, otra realidad parece haberse convertido en una norma en Francia: las violencias policiales contra manifestantes, en la mayoría de los casos pacíficos.

La expresidenta chilena criticó, de hecho, el “uso excesivo de la fuerza” contra los miembros de este singular movimiento de indignación. Durante su intervención en el Consejo de derechos humanos en Ginebra, Bachelet hizo referencia a la situación en Francia al mismo tiempo que denunciaba la represión contra manifestantes en Sudán, Zimbabue o Haití. Una comparación que seguramente fue del agrado del joven presidente francés. De hecho, el portavoz del ejecutivo macronista reaccionó pocas horas después mostrándose sorprendido por el hecho de ver a Francia “citada en la misma lista que Venezuela y Haití”.

No obstante, casi cuatro meses después del inicio de las protestas, el balance habla por sí solo: 2.100 manifestantes y 1.400 agentes de las fuerzas de seguridad han resultado heridos, indican los datos del Ministerio del Interior. Según un exhaustivo recopilatorio realizado por el periodista David Dufresne, y publicado en el diario digital Mediapart, se han producido más de 500 casos de evidentes abusos policiales. Entre ellos, hay 22 manifestantes que han perdido un ojo, cinco que se han quedado sin una mano, 210 que sufrieron heridas en la cabeza…

Demostración de fuerza del gobierno francés

“Ante un movimiento social extraordinario, el gobierno decidió hacer una demostración de fuerza”, explica en declaraciones a Público Dufresne, experto en las violencias policiales y autor del libro Maintien de l’ordre. “"Desde el mayo del 68 no habíamos visto unos niveles parecidos de violencias policiales”, explica Jeremie Gauthier, profesor de sociología en la Universidad de Estrasburgo y experto en cuestiones policiales. Especialmente, resulta polémico el uso sistemático de gases lacrimógenos y de balas de goma y habitual de las granadas de dispersión GLI F4, compuestas básicamente por TNT (dinamita) y consideradas una “arma de guerra”, según el código de seguridad interior francés.

Además, “dos tercios de los policías desplegados para contener las manifestaciones de los chalecos amarillos no estaban entrenados en el mantenimiento del orden”, lamenta Dufresne. En las semanas más tensas de diciembre, cerca de 90.000 agentes fueron desplegados. Lo que contribuyó en la presencia de cuerpos de policía poco habituados en este tipo de tareas. Desde entonces, “Macron ha mantenido un discurso marcial que no anima a los agentes antidisturbios a mantener la calma”, explica este periodista.

Además de las heridas físicas, algunas de ellas irreparables, los manifestantes “también reciben insultos, les obligan a quitarse el chaleco amarillo, les impiden hacer fotografías o son agredidos los street medics (voluntarios que atienden a los manifestantes heridos)”, añade Dufresne. Recientemente, hizo hervir las redes sociales en Francia el caso de un matrimonio de personas mayores en Toulouse que fueron golpeadas y placadas al suelo durante una protesta, aunque ni tan siquiera participaban en la manifestación. O el de un diputado de la Francia Insumisa (populistas de izquierdas), Loïc Prud’homme, que recibió golpes de porra durante las protestas del pasado 2 de marzo en Burdeos.

Según Dufresne, los abusos de las fuerzas de seguridad contra los chalecos amarillos reflejan la cristalización de un “cambio de doctrina” en el mantenimiento del orden en Francia: “Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principios de las fuerzas de seguridad era no ir al contacto de las masas. Pero esto cambió a mediados de los 2000, cuando Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, pidió a los cuerpos de antidisturbios que se dedicaran a garantizar la seguridad en las banlieues”. Esas prácticas, habituales desde entonces en los barrios populares con elevados porcentajes de población de origen extranjero, “se reproducen ahora a nivel nacional”, con unos agentes antidisturbios que van a menudo al contacto de los manifestantes.

“Francia creyó durante mucho tiempo que sus fuerzas de seguridad eran excelentes en el mantenimiento del orden y no se modernizó, a diferencia de los cuerpos británicos o alemanes que apostaron por técnicas de desescalada”, afirma Dufresne. “En Alemania, los cuerpos antidisturbios priorizan una comunicación permanente con los manifestantes y apuesta por rodear y aislar a los grupos más violentos”, explica Gauthier, que también forma parte del Centro Marc Bloch de Berlín.

“No podéis hablar de represión”

Ante estas violencias policiales enquistadas, el Parlamento Europeo ya condenó a mediados de febrero el uso excesivo de la fuerza por los agentes antidisturbios en Francia. El Consejo de Europa pidió el 26 de febrero que se suspendiera la utilización de balas de goma. De hecho, una petición en Internet impulsada por el neurocirujano Laurent Thines para prohibir este tipo de armas ya ha reunido cerca de 170.000 firmas.

Aunque crece en Francia la indignación por las violencias policiales, Macron prefiere ignorar este problema. “No podéis hablar de represión o de violencias policiales, estas palabras son inaceptables en un estado de derecho”, recriminó el pasado jueves el joven presidente a una simpatizante de los chalecos amarillos durante una de las reuniones del “gran debate nacional”. “Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad”, afirma Gauthier, quien recuerda que la “la comunidad de las personas víctimas de las violencias policiales se ha ampliado de los jóvenes de la banlieue, a los militantes ecologistas, los aficionados ultras, los estudiantes y ahora los chalecos amarillos”.

Desde el gobierno francés, se excusan recordando que la Inspección general de la policía nacional (IGPN) ha abierto 162 investigaciones por presuntos casos de abusos policiales contra los chalecos amarillos. Pero “estas investigaciones avanzan muy lentamente. Desde hace tres meses, ningún agente ha sido sancionado, mientras que centenares de personas han sido encarceladas”, lamenta Dufresne. De las 8.701 personas detenidas, 1.796 han sido condenadas, según datos del Ministerio del Interior.

Esta mano dura contra los chalecos amarillos se ha convertido en prácticamente un dogma para el presidente francés. A finales de febrero aseguró que todos los manifestantes “eran cómplices de lo peor”. Una de sus respuestas a este movimiento de indignación fue la aprobación a principios de febrero de una polémica ley de seguridad. Este texto, debatido ahora en el Senado, permitirá prohibir la asistencia a una manifestación a alguien que por su comportamiento en protestas pasadas “constituya una grave amenaza”. También autorizará los registros durante las protestas y permitirá sancionar con penas de hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa a quienes acudan a las manifestaciones con el rostro enmascarado.

“Al privilegiar una estrategia policial y no política, esto favorece que permanezca el conflicto”, sostiene Gauthier. Aunque en un principio los chalecos amarillos tenían una visión positiva de las fuerzas de seguridad, “ahora la denuncia de las violencias policiales se ha convertido en una de sus principales reivindicaciones”, añade este sociólogo. Esta represión no solo acentúa el malestar de los manifestantes, sino que también mancha internacionalmente la imagen de Macron. Sus principios liberales quedan más que cuestionados.