Retirar los militares de la calle y revocar el estado de emergencia. Ha sido la única exigencia que una veintena de organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal agrupación de sindicatos que agrupa a unos 800.000 trabajadores del sector público y privado, ha puesto encima de la mesa del Gobierno de Chile para evitar una huelga nacional. El presidente Sebastián Piñera no ha cedido y el paro quedó convocado para este miércoles. "El gobierno tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles. Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana", señalan los convocantes en su comunicado.

La huelga, a la que han adherido los estudiantes y profesores, incluye una marcha que recorrerá el centro de la ciudad, en una nueva jornada de protesta –la quinta desde el inicio de las movilizaciones y la cuarta bajo estado de excepción. Este martes las plazas de las principales ciudades del país se han vuelto a llenar hasta la hora del toque de queda. Los manifestantes mantienen sus reivindicaciones y no parecen dispuestos a bajar la protesta mientras los soldados paseen por las calles y el Ejecutivo no tome decisiones que apunten a cambios reales que mejores sus condiciones de vida. "¡No más jubilaciones de hambre! ¡No más Constitución del 80!”, rezaba el cartel de uno de los asistentes a la Plaza Italia, centro de Santiago, durante la concentración. 

Lo que partió como una protesta de los estudiantes en contra del alza del precio del transporte público se ha convertido en el estallido de una crisis política y social, por ahora sin rumbo, para el gobierno de Piñera. La ciudadanía ha reventado harta de tanta desigualdad y de un modelo, diseñado durante la dictadura de Pinochet, que no garantiza los derechos más básicos como la educación, salud o las pensiones. Chile es el país más desigual de la OCDE y según datos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado concentra el 26% de la riqueza.

15 muertos y casi 1.900 detenidos

Hasta la noche del martes, el número oficial de personas fallecidas se mantenía en 15, cinco de ellas a manos de agentes del Estado. Sin embargo, durante la jornada varios vídeos y publicaciones circularon por las redes informando de más muertes y heridos. Los datos, pero, aún no han sido confirmados por fuentes formales y el chequeo de información y la ratificación de datos se convierte en una tarea más que dificultosa con las redes funcionando como un hervidero de ruido y falsificación.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta el cierre de esta nota, 1.894 personas han sido detenidas –215 son menores– y otras 269 han quedado heridas, 137 de las cuales por armas de fuego. El organismo ha presentado un total de 30 acciones judiciales, tres de ellas por violencia sexual. “Las situaciones generalizadas que vemos son perdigones disparados al cuerpo y también golpizas. Y también se han dado situaciones de desnudamientos y tocaciones a mujeres”, explicó el director del INDH Sergio Micco.

La justicia decretó este martes prisión preventiva para un cabo primero del Ejército que fue formalizado por el delito de homicidio, por presuntamente haber disparado contra un joven de 23 años en momentos en que se habría estado produciendo el saqueo de una gran superficie. Por otro lado, un miembro de la marina quedó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional tras ser acusado de atropellar a un chico de 22 años cuando el personal de la armada intervenía en otro asalto.

Personas protestan en las calles, en Santiago, Chile, el 19 de octubre de 2019. EFE/Elvis González

Las imágenes de saqueos a grandes supermercados y cadenas de farmacias han sido mostradas reiteradamente en los medios, sobre todo la televisión, que ha sido otro de los blancos de las críticas de quienes protestan. Lemas como “TV manipuladora” o “La prensa miente” se han escuchado en las calles de Chile estos días. La insistencia mediática en poner el foco en este tipo de acciones, que llevan a una criminalización de todo el movimiento, ha provocado cierto nivel de alarmismo, en una situación de cierto caos e incertidumbre.

En algunos barrios los vecinos se han organizado en una especie de comités de defensa que se toman la justicia por su lado cuando sospechan de potenciales saqueadores. Endosados en chalecos amarillos fosforescentes y dotados de palos o incluso bates de béisbol, en los barrios que rodean el centro, los vecinos se convierten en guardianes de sus casas y lugares de trabajo. “Aquí tenemos nuestra fuente de trabajo, que alimenta a varias familias de la zona, no permitiremos que nadie se acerque”, advierte uno de los vecinos que vigila el mercado del Matadero, en barrio Franklin, en el turno de noche. “La policía no da abasto”, asegura.

Propuestas "insuficientes"

Por primera vez desde que se desató la crisis, Sebastián Piñera recibió en La Moneda a los líderes de los partidos de oposición y del oficialismo para “explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social” en el marco del Estado de Emergencia. Sin embargo, ni el Partido Socialista, ni los comunistas, ni la coalición de izquierda del Frente Amplio acudieron a la cita ya que condicionan el diálogo a la retirada de los militares de la calle. Solo el ala más moderada de la centro-izquierda asistió al encuentro, que acabó sin más novedades que el rumor de un eventual cambio de gabinete presidencial.

En la noche, el mandatario chileno compareció para anunciar una “agenda social” que recoge varias medidas relacionadas con mejoras en pensiones, salud e ingresos, y aprovechó las cámaras para pedir disculparse con la ciudadanía: “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”, dijo. Y agregó: “Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, señaló Piñera.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera - REUTERS / FABRIZIO BENSCH - Archivo

El paquete de propuestas incluye la reducción de las dietas de los parlamentarios, un aumento del 20% (unos 25 euros) de las pensiones básicas (para los más vulnerables), el incremento de 50.000 pesos (unos 60 euros) del sueldo mínimo y dar marcha atrás en el alza del 9,2% de la tarifa eléctrica, anunciada en septiembre. Las primeras reacciones de la oposición calificaron de “insuficientes” y “parciales” las propuestas, y apuntaron a “reformas más estructurales” para responder a las demandas de la ciudadanía.

Momentos después de la aparición pública del presidente, las redes empezaron a difundir el vídeo de la detención policial de dirigentes del movimiento estudiantil de los secundarios y de varios militantes de las Juventudes Comunistas. El vídeo del arresto, perpetrado al interior de un edificio, se hizo viral. Esta el gobierno se alejó un poco más de la posibilidad de dar una respuesta política de consenso a la crisis.