La última masacre en una cárcel brasileña ha vuelto a poner el foco sobre el caótico sistema penitenciario del país, ese que admitía el propio ministro de Justicia de la expresidenta Dilma Rousseff, hace siete años: “Si tuviera que cumplir muchos años en una de nuestras prisiones, preferiría morir”, reconoció José Eduardo Cardozo. Y todavía no había llegado lo peor.

La población carcelaria supera en estos momentos la barrera de las 810.000 personas en Brasil –solo por detrás de Estados Unidos y China a nivel mundial–, según los datos del Conselho Nacional de Justiça. Con una cifra más elocuente todavía: el 41,5% de los presos no han sido condenados, cumplen prisión provisional. Hace diez años, el número de internos total era de 446.000. El porcentaje de prisión provisional ya estaba por aquel entonces en estos desorbitados niveles.

Patrick Cacicedo, coordinador-jefe del departamento del sistema penitenciario del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales (IBCCRIM), ha conversado con Público sobre los principales males dentro del caos: “El principal es el hacinamiento, porque el hacinamiento empeora todos los demás problemas, como las condiciones de salud”. La media es que en las cárceles brasileñas exista un 70% más de internos que plazas disponibles. Algunos centros tienen el doble de presos de los permitidos, y otros el triple. “No es un problema que los políticos quieran resolver. Para ellos el trato inhumano, sobre todo en estos tiempos de autoritarismo que estamos viviendo, está permitido”.

En medio de la marabunta, se impone la violencia y la venganza, entre comandos de narcotraficantes, entre milicias paramilitares. Un preso muerte cada diecinueve horas en São Paulo; las diferentes facciones del crimen organizado manejan los centros de Río de Janeiro, y las decapitaciones en la cárcel de Altamira son un buen ejemplo de la atmósfera en el norte del país.

Se impone también la drogadicción, amplificada con las elevadas tasas de insalubridad. Una de las mujeres que forma parte del Foro de Madres de la favela de Manguinhos y también del Frente Estatal por el Excarcelamiento del Estado de Río de Janeiro lo resume para este periódico: “Entregué a mi hijo de una forma, y me lo devolvieron de otra”. Por aquel entonces era consumidor esporádico de marihuana. Salió de prisión absolutamente enganchado a ella, esnifando loló –mezcla de éter y cloroformo– y sumido en el alcoholismo.

Sobre las condiciones en el centro penitenciario, su madre prefiere casi ni recordarlo. Una comida que “ni los perros se la comerían”, y una sala médica de urgencias únicamente para los enfermos más graves. Por allí campan a sus anchas la tuberculosis, la sarna y la meningitis. A los que salen de prisión con vida, los comandos narcotraficantes y las milicias paramilitares les consideran “guerreros”. Les llueven las ofertas para unirse a filas.

El Instituto de Estudios de Religión (ISER) ha recibido a Público para enumerar las iniciativas que han aportado una mínima esperanza al sistema penitenciario brasileño en los últimos años: la Agenda Nacional por el Excarcelamiento (2014), el Marco Legal de la Primera Infancia (2016), la Política Nacional de Alternativas Penales (2016), el Habeas Corpus colectivo para mujeres madres en prisión provisional (2018), y, sobre todo, la creación de las Audiencias de Custodia (2015).

Estas audiencias de custodia establecen la garantía de la rápida presentación de los detenidos ante un juez, con presencia del Ministerio Público, la Defensoría Pública y el abogado del preso. Allí se debería analizar la legalidad de la detención, la adecuación de la continuidad en prisión o la concesión de libertad, con o sin medidas cautelares. En pocos años, sin embargo, incluso esta novedad ha ido perdiendo efecto. Se abusa de la prisión preventiva, e incluso hay casos de presos que no pasan por estas audiencias. Uno de los más importantes puntos de apoyo para la sociedad civil en estos casos, en palabras de Natasha Neri y Renata Neder, del ISER, es la 7ª Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal, el órgano colegiado que coordina, integra y revisa la actuación de la Fiscalía en lo relacionado con el control externo de la actividad policial y el sistema penitenciario.

Penitenciaría de máxima seguridad de Brasília, inaugurada el pasado mes de octubre. MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL.

Un Gobierno que busca empeorarlo aún más

Buena parte de los votantes de la ultraderecha en Brasil clamaban por el fin de la inseguridad ciudadana. El exjuez federal Sérgio Moro, ministro de Justicia de Bolsonaro, les dio lo que querían, presentando un par de meses después de llegar al cargo su esperado paquete de medidas anticrimen, que tiende a empeorar el caos carcelario brasileño, comenzando por el hacinamiento.

Natasha Neri recalca tres de las medidas que pueden acabar con la efectividad de la tan necesaria audiencia de custodia. El plan propone testimonios a través de “videconferencias”, lo cual evita que el juez pueda tener suficiente conciencia de los casos de tortura policial producidos en las primeras veinticuatro horas. También habla de la figura de “delincuentes habituales”, concepto que se tendrá en cuenta para aumentar el uso de la prisión provisional. No hace falta ser reincidente: ser joven, negro y de la favela ya define al delincuente habitual en un país estructuralmente racista. Como remate, otorga al juez de la audiencia de custodia el permiso para dificultar “la progresión de régimen” del acusado. Renata Neder añade como potencial peligro el instrumento del “plea bargain”, importado de los Estados Unidos, mediante el cual el proceso se acelera si el acusado admite los cargos y se declara culpable a cambio de una reducción de pena.

El paquete de medidas anticrimen de Sérgio Moro, según Patrick Cacicedo, no es más que “combustible para el proceso de encarcelamiento en masa”. Una fórmula que, como recuerda Renata Neder, nació en la época de los megaeventos deportivos –Copa Confederaciones 2013, Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos 2016–, cuando verdaderamente todo se fue de las manos.

Los proyectos de privatizaciones y los de construcción de cárceles verticales están a la orden del día. Del abandono del sistema surgen las ideas para monetizar su reforma. La estrategia tiene por objetivos “reducir los costes que garantizan los derechos de los presos” y “esconder los problemas bajo la alfombra”, indica Cacicedo. También están en marcha proyectos de ley como el PL 4381/2016, del diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, ideado para para “convertir en obligatoria la conversión de detenciones in fraganti en prisiones preventivas, extinguiendo las audiencias de custodia”.

Festejaban últimamente el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia lo que para ellos es el buen ejemplo de los presidios de máxima seguridad en Brasil. Otro espejismo más. El Gobierno, a su manera, ha encontrado la fórmula para que no haya altercados en los centros: “La inmensa mayoría de los presos solo consiguen sobrevivir altamente medicados”, advierte Cacicedo desde el Instituto Brasileño de Ciencias Criminales. “Solo así logran soportar ese régimen de internamiento”.