En agosto del año pasado, el FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida para recuperar documentos de su etapa presidencial. El 9 de enero, la cadena CBS reveló que, a primeros de noviembre, unos días antes de las elecciones de medio mandato, un abogado del actual presidente Joe Biden halló documentos clasificados del mandatario en una oficina del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un centro de estudios en Washington; días más tarde, fueron hallados varios documentos más en la residencia del presidente en Wilmington, Delaware. Para rematar esta deriva, el pasado martes se reveló que un abogado del exvicepresidente Mike Pence, que está de gira por sus memorias y se postula como candidato republicano para las elecciones de 2024, encontró en la residencia privada de Pence, en Indiana, documentos clasificados de la etapa de éste en la Casa Blanca. 

Se suele decir que cuando algo pasa una vez, puede ser casualidad; cuando ese algo sucede dos veces, podría ser una coincidencia; pero si ocurre una tercera y en tan poco tiempo, ¿no será que existe una tendencia, que siempre ha habido esa patata caliente que ha ido saltando de Administración en Administración hasta que ha acabado explotando ahora?

Éste es el debate que se está produciendo estos días en Estados Unidos. El Departamento de Justicia y el Congreso tienen en marcha ya varias investigaciones para esclarecer qué está pasando con los documentos de estas dos Administraciones presidenciales, la actual (Biden) y la anterior (Trump y Pence). La pregunta que están tratando de resolver es: ¿estamos ante una excepción o esta práctica ha venido pasando siempre solo que se hacía la vista gorda y a raíz del caso Trump se está desvelando lo que era un secreto a voces? 

Entretanto, y esta polémica no es ajena a ello, la contienda política está servida porque los documentos clasificados hallados se están utilizando por uno y otro partido para atacar al rival de enfrente (y a veces como fuego amigo lanzado desde dentro del mismo partido), puesto que, en los tres casos -Donald Trump, Mike Pence y Joe Biden-, se trata de nombres que miran ya de frente a las próximas elecciones presidenciales. Biden es el que aún no ha confirmado su postura al respecto, pero ha sugerido varias veces que así lo hará, especialmente tras presumir de los buenos resultados demócratas en las elecciones de medio mandato de noviembre.

"En los últimos días, los politólogos y los expertos en seguridad nacional estamos hablando mucho de este debate, como es lógico. Mi opinión es que los documentos clasificados se han ido, digamos, infiltrando o derramando siempre entre los millones de páginas de material que tienen todos los políticos y dirigentes", explica a Público el politólogo de la Universidad de Iowa, Steffen Schmidt.

"Otro punto añadido es que algunos documentos clasificados se han guardado por sus presidentes como recuerdos y se han almacenado sin más en las bibliotecas vicepresidenciales y presidenciales. Incluso, analistas del gobierno se habrían llevado a casa documentos clasificados para estudiarlos o analizarlos, como hemos oído alguna vez", añade. "Lo que es nuevo es la repentina preocupación por el estado clasificado de los documentos y su disposición".

11.000 documentos de Trump frente a treinta de Biden

Junto a esto, también hay un elemento que diferencia el caso de Trump respecto al de Biden y Pence: la escala de cada situación y la reacción de sus protagonistas. A Trump le fueron hallados más de 11.000 documentos, de los que unos 300 de ellos eran material clasificado. El expresidente, además, se mostró reticente a su entrega y torpedeó la acción del Departamento de Justicia y del FBI, que al final se vio obligado a realizar un registro en la mansión de Trump en Mar-a-Lago.

En el caso de Biden y Pence, se trata de unos treinta documentos en el caso de primero y de una decena en el caso del segundo. Según los abogados de Biden, en su caso se trataría principalmente de notas manuscritas de su etapa como vicepresidente (2009-2017). En ambos casos, éstos han sido encontrados por sus abogados, han sido devueltos motu proprio a Archivos Presidenciales y se ha alertado al Congreso de la existencia de dicha documentación.

Fue la Ley de Registros Presidenciales, de 1978, la norma que estableció que todos los registros y la documentación de una Administración son propiedad del público y su custodia recae en la agencia federal Archivos Nacionales tan pronto como el presidente en cuestión y su equipo dejan el cargo.

El pasado mes de agosto, la entonces subdirectora de operaciones interina de la agencia, Meghan Ryan Guthorn, señaló al medio La Voz de América, a raíz del caso Trump, que "todos los documentos, materiales y registros presidenciales bajo la custodia de los Archivos Nacionales, ya sean donados, incautados o regidos por la Ley de Registros Presidenciales, son propiedad del gobierno federal", y recordó que esto no había sido siempre así: "Los registros presidenciales no siempre fueron propiedad del público. Desde George Washington hasta Jimmy Carter, los documentos de una Administración presidencial se consideraban propiedad privada de un presidente para hacer con ellos lo que quisieran".

La Ley de Registros Presidenciales se aprobó tras el escándalo del Watergate. El punto clave fue cuando The Washington Post publicó la existencia de unas cintas secretas donde la Administración Nixon recogía las escuchas que realizaba en la Casa Blanca. Nixon se negó a entregarlas, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de 1974 lo obligó a ello. La nueva norma se lanzó para evitar la tenencia personal de estos documentos y evitar en el futuro situaciones similares.

Fuentes relacionadas con los Archivos Nacionales citadas por la CNN han asegurado esta semana que no tenían constancia de que ningún presidente desde Carter hubiera encontrado ningún documento clasificado extraviado. En relación a que los documentos de Pence y Biden pudieran ser simplemente notas manuscritas rutinarias de cuando ejercieron su cargo, las fuentes de la agencia recuerdan que George H. W. Bush entregó inmediatamente todos sus documentos, incluidos los personales, cuando dejó el cargo, y más tarde se le devolvieron sus documentos personales mientras los Archivos Nacionales lo clasificaban todo.

Con todo, esto abre el debate de hasta qué punto, aunque esos documentos sean propiedad, no de la persona del presidente sino del público estadounidense, dichos registros son accesibles precisamente para ese público. Según Archivos Nacionales, Obama es el único presidente que tendrá su archivo digitalizado y consultable.

Herencia de la Guerra Fría reforzada por el 11S

La mencionada norma de 1978 junto a la herencia de la Guerra Fría reforzada por el mundo pos-11S, sin embargo, introdujeron un elemento que cada vez más voces están poniendo en cuestión: el hecho de que todos los registros presidenciales, incluso las notas manuscritas en un pósit, sean no sólo propiedad de Archivos Nacionales, se habría unido a la tendencia cada vez mayor de considerar clasificado o secreto cualquier tipo de documento.

Es lo que denuncia un informe del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, en Nueva York. "En los años transcurridos desde el 11S, Estados Unidos ha pagado un precio asombroso por el exceso de secretismo. Una y otra vez, las políticas de seguridad nacional elaboradas a puerta cerrada y protegidas del escrutinio público han demostrado ser profundamente erróneas, con consecuencias de largo alcance para la vida, la libertad y la seguridad". Y continúa el informe: "A pesar del lenguaje restrictivo de la orden ejecutiva, el gobierno clasifica de forma rutinaria información cuya divulgación no podría esperarse razonablemente que causara daños a la seguridad nacional".

"No quiero establecer ninguna equivalencia entre las acciones de Biden y las de Trump, y no quiero proporcionar excusas para la conducta de ninguno de los presidentes, pero ambos episodios son en parte el resultado de un sistema de clasificación totalmente roto", ha asegurado esta semana al medio The Intercept el director ejecutivo del Instituto, Jameel Jaffer. "Se clasifica demasiada información, y muchas de las cosas que están clasificadas lo están por razones equivocadas: no porque su divulgación perjudicaría la seguridad nacional, sino porque su divulgación sería embarazosa o inconveniente o simplemente porque para los burócratas es más fácil clasificarlas que no hacerlo", ha argüido.

De no ser así, mantiene, un documento, su consulta o incluso una copia del mismo podría tenerlo cualquier persona, ya sea un ciudadano corriente o el mismo político o administrador que escribiera dicha nota o fuera responsable de dicho documento.

Sobre esto precisamente se pronunció el pasado martes el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Preguntado por si hay algún problema con la clasificación excesiva de documentos, Kirby señaló: "Las directrices cambian con el tiempo a medida que cambia la tecnología y siempre estamos revisando esos procedimientos para asegurarnos de que son totalmente adecuados. El Comité de Inteligencia [del Congreso] está trabajando en eso y nosotros [la Casa Blanca] también trabajamos en eso. Yo no iría tan lejos como para afirmar que sí, que todo está sobreclasificado, pero hay que alcanzar un equilibrio para asegurar que todo está debidamente marcado y gestionado".

El manejo de documentos presidenciales ha acarreado ya sentencias a altos cargos de las Administraciones presidenciales. Las más sonadas fueron los casos de Sandy Berger, un exasesor de seguridad nacional de Bill Clinton, y del exjefe de la CIA David Petraeus, que fueron condenados por ello.

Berger fue condenado por extraer documentos de los Archivos Nacionales en 2003, un material, además, que acabó destruyendo. Según dijo en el juicio, quería revisar los documentos para preparar su testimonio ante la Comisión del 11-S. En cuanto a Petraeus, se vio obligado a dimitir como director de la CIA en 2012 tras revelarse que había manejado indebidamente material clasificado, incluso llevándose algunos a su casa y compartiéndolos con su biógrafa, con la que mantenía una relación amorosa. Berger fue multado con 50.000 dólares por un juez federal y perdió su autorización de seguridad, mientras que Petraeus obtuvo dos años de libertad condicional y una multa de 100.000 dólares.

Consecuencias políticas de ‘los papeles de la Casa Blanca’

Pero todo esto se refiere al asunto jurídico. Junto a él, hay abierto en canal en Estados Unidos un debate político de consecuencias imprevisibles para tres políticos, Trump, Pence y Biden, que podrían jugarse la presidencia a finales del año que viene.

Los republicanos han acusado a Joe Biden de ocultar el hallazgo de la documentación, puesto que los documentos fueron hallados en noviembre, unos días antes de las elecciones de medio mandato. Un elemento así habría influido en las campañas, sostienen desde ese partido. Los republicanos han llegado a sugerir durante varios días la idea de lanzar un juicio político contra Biden, el conocido impeachment; a fin de cuentas, en las elecciones de noviembre recuperaron el control de la Cámara de los Representantes, que es la encargada de lanzar dicho procedimiento. Sin embargo, el hecho de que esta misma semana se hayan encontrado documentos en la residencia privada de Mike Pence, ha aguado completamente esa estrategia, para respiro del actual presidente.

Así lo han admitido políticos republicanos. "No creo que queramos entrar en un tira y afloja en el que cada dos o cuatro años haya procedimientos de destitución en la Cámara de Representantes y en el Senado. Tiene que haber un motivo de peso", declaró al medio de Washington The Hill el senador republicano John Thune.

Sin embargo, dentro del Partido Demócrata se está usando esto para criticar a Joe Biden, lo que podría ser fuego amigo para frenar sus aspiraciones de presentarse a la reelección. Varios senadores demócratas se han expresado contra Biden en este sentido. Entre ellos, Mark Kelly, recién elegido en noviembre por Arizona: "No creo que ningún documento clasificado deba estar en casa de alguien". Otro senador demócrata, Dick Durbin, ha añadido: "Biden ha hecho bien cooperando en todo momento, a diferencia de Trump, pero no entiendo por qué tendría esos documentos en su poder personal".

"Este asunto se les ha vuelto en contra a los demócratas", opina el politólogo Steffen Schmidt, "querían la sangre de Donald Trump y se centraron en su enorme abuso de estos documentos y ahora, tras el caso Biden, ¡todo el panorama ha cambiado de repente! Y resulta que también Pence tiene documentos clasificados y quién sabe cuántos políticos y burócratas más tienen estos documentos".

Para Schmidt, todo esto hace que "el tema haya sido neutralizado". Si esto se usará para evitar que Biden y Trump se presenten como candidatos para las próximas elecciones, Schmidt opina que "la oposición a que ambos se presenten es mucho mayor que el ruido que pueda haber por los documentos clasificados. Ambos tendrán oposición en sus partidos, pero creo que presentarán a las primarias".

Quizás el que ha resumido esta situación inesperada de forma más espontánea ha sido el senador Marco Rubio, el principal político republicano del Comité de Inteligencia del Senado: "No tengo motivos para creer que esto pueda ser nefasto de ninguna manera, pero está claro que en el poder ejecutivo se han estado empaquetando cajas con documentos. Todo es lo más raro que he visto nunca".