El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sacó este sábado músculo militar para anunciar la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en septiembre de 2019 mientras avanza la solicitud de desafuero en su contra por un posible delito de financiación electoral ilícita.

Custodiado por algunos de los más altos mandos del Ejército y la Policía y después de que varios vehículos militares se pasearan por la sede de la Cicig como un acto de intimidación, Morales advirtió de que no renovará el mandato de la Comisión, a quien acusó de violar las leyes locales e internacionales.

"Después de 11 años llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la Cicig a las instituciones guatemaltecas correspondientes", proclamó, y reiteró su compromiso de apoyar a las instituciones locales de seguridad y justicia.

Morales envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, comunicándole esta decisión, pero en ella no hizo referencia a los argumentos que esgrimió ante los medios y en los que aseguró que la Cicig había sembrado el terror judicial y había llevado a cabo investigaciones sesgadas y partidarias.

El presidente, quien no entró en detalles y no aceptó preguntas de los medios, denunció que el ente auspiciado por la ONU y creado en 2007 indujo a personas a participar "en actos de corrupción e impunidad".

Acusa a la Cicig de "sembrar el terror judicial"

Al hacer públicos esos señalamientos y quejas, el mandatario, que llegó al poder bajo el lema de "ni corrupto ni ladrón", dijo que se llevó a cabo una "persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala".

"La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso", insistió el jefe de Estado, que llegó al poder con un partido fundado por militares.

El Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes se enfrentan a un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

Esta situación elevó las tensiones entre ambas partes y más cuando el 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015, un extremo que él ha negado.

Intento de expulsión del jefe de la Cicig

Morales ya había intentado expulsar del país sin éxito al abogado colombiano y jefe de la Cicig, Iván Velásquez, a quien acusó de extralimitarse en sus funciones poco después de que pidiera desaforarlo por primera vez por la comisión de ese mismo delito.

La nueva solicitud ha avanzado este viernes en el Congreso, donde la comisión que analiza si hay indicios para recomendar al pleno retirarle la inmunidad -aunque la decisión debe recibir el aval de 105 de los 158 congresistas- celebró su primera reunión de trabajo.

Mientras todo esto pasaba, diferentes sectores manifestaron su oposición a la decisión del Gobierno, como la fiscal María Consuelo Porras, quien pidió a ambas partes llegar a consensos, o el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien aseguró que Morales perdió el norte con esta determinación.

En la calle hubo manifestaciones en contra y a favor, sobre todo en este último sentido. Centenares de personas se acercaron a la Plaza de la Constitución para expresar su rechazo a esta medida y anunciaron que continuarán este sábado.

Uso de vehículos militares

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso militar que empleó el Gobierno este viernes. Rodas dijo que es una presencia "innecesaria, descomunal e intimidatoria" de vehículos militares con armas de alto calibre del Ejército en las inmediaciones de la Cicig.

Y Estados Unidos ya anunció que vigila el uso de estos vehículos que fueron donados para combatir el crimen y que este viernes fueron vistos en las inmediaciones de la Comisión y también de la sede diplomática, además de en otros puntos de la capital.

La decisión de no renovar la Cicig, criticada duramente por la oposición pero apoyada por el sector empresarial, ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades, nacionales e internacionales, ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.