Este miércoles se realizó la segunda jornada de la declaración del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en calidad de imputado por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en el marco del denominado estallido social iniciado el 19 de octubre de 2019.

Estas fueron una serie de protestas en las principales ciudades de Chile, que llegó a reunir a un millón de personas sólo en la capital. Estas manifestaciones duraron semanas y generaron un movimiento que sólo pudo ser "controlado" por un Acuerdo por la Paz que derivaría en un proceso constituyente —aceptado por Piñera— donde terminaría redactándose una nueva Constitución que finalmente fue rechazada el año pasado.

El saldo de este levantamiento popular, con cacerolazos todas las noches, el breve —pero terrorífico— despliegue de las fuerzas armadas que recordó a su dictadura y un amplio apoyo ciudadano, incluyó una decena de muertos y más de 300 personas perdieron un ojo producto de la represión de las fuerzas policiales.

El juicio

Y aunque Chile es muy distinto tras la pandemia, el triunfo de Gabriel Boric y el fracaso del primer intento constitucional, Piñera no pudo evitar ser interrogado durante más de ocho horas por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, a raíz de una querella criminal presentada por el ahora exsenador Alejandro Navarro y organizaciones de derechos humanos.

Aunque fue en la comodidad de sus oficinas, en el sector alto de Santiago, el exmandatario chileno tuvo que volver a un tema que lo tuvo contra las cuerdas, debiendo repasar todos sus actos y decisiones durante ese periodo, incluyendo los protocolos de las fuerzas de orden y seguridad. Algo que ya han debido hacer también los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, entre otros.

Las revueltas comenzaron con estudiantes de secundaria que empezaron a saltar las barreras del metro en rechazo al aumento de 30 pesos (0,24 céntimos). Este incremento fue, en realidad, la gota que colmó el vaso ante una serie de hechos económicos, educativos y de salud que se sintetizaron en la frase "no fueron 30 pesos, fueron 30 años".

Esto fue provocado por las medidas económicas de características neoliberales —privatizaciones, disolución de sindicatos, economías extractivas, olvido de las víctimas de la dictadura— durante los 30 años que gobernó la coalición de partidos políticos llamada Concertación, tras el retorno a la democracia en 1990.

Tras la primera jornada, la fiscal señaló que Piñera respondió todas las preguntas. "Traíamos un cuestionario preparado, teniendo en cuenta los antecedentes reunidos hasta ahora en la investigación (...) efectivamente el expresidente no hizo uso de su derecho a guardar silencio en relación a ninguna de las preguntas que le formulamos". También agregó que estuvo revisando su declaración junto a sus tres abogados y concluiría este miércoles para que el texto forme parte de la carpeta investigativa.

Los argumentos

La argumentación de la administración de Piñera se mantiene inalterable en torno a la ola de violencia que era necesaria controlar y el desconocimiento de qué tipo de armamento manejaba la policía. Andrés Chadwick, quien ocupó el cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública durante el Gobierno de Piñera, dijo en su declaración que su rol fue "disponer que las fuerzas policiales tengan las condiciones para poder enfrentarse con situaciones de mantención del orden público (...) la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el Gobierno, Carabineros y toda la ciudadanía. Era una situación que nunca habíamos experimentado".

Sobre la violencia policial y, en particular el rol del general de carabineros de ese entonces, Mario Rozas, Chadwick, que también es primo de Piñera, aseguró: "Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación".

Piñera, de quien hasta el momento no se conocen detalles de su declaración, se arriesga incluso a entrar a la cárcel, según ha explicado el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta: "En su condición de máxima autoridad civil del país tenía el deber de impedir la ocurrencia de los graves hechos de los cuales tomó conocimiento y sin embargo no ejerció sus facultades ni adoptó las medidas pertinentes para parar la represión policial que además, le fuera recomendado como medida urgente por parte de organismos internacionales que visitaron Chile y elaboraron sendos informes sobre la situación de violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país".

Uno de los abogados del exmandatario, Samuel Donoso, aseguró que su cliente está tranquilo y deseoso de colaborar. Algo que, considerando sus ganas de participar en el nuevo proceso constituyente e incluso —según rumores— de intentar postular una vez más como presidente, tiene sentido. "Tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente, siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno".