México recibió con pesar y frustración el ajusticiamiento en Texas del reo Edgar Tamayo, decidido en claro desacato a un fallo de derecho internacional y desoyendo las peticiones de clemencia hechas a ambos lados de la frontera. El preso mexicano, de 46 años, murió por una inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), después de que fuera condenado a la pena capital en 1994 por el asesinato del policía Guy Gaddis cuando iba detenido en un auto policial.
En una reacción difundida muy poco después de que se confirmara la muerte del reo, el Gobierno mexicano lamentó el ajusticiamiento y recordó que viola un fallo adoptado hace 10 años por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese fallo del llamado Caso Avena ordenó a EEUU revisar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuestas a Tamayo y otros 50 mexicanos porque se violó su derecho a ser notificados y recibir asistencia consultar al ser detenidos.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, coincidió con esta valoración. Dejó claro que aunque Tamayo era un ciudadano mexicano, 'las autoridades de Texas no le notificaron su derecho a ponerse en contacto con un consulado mexicano en el momento de su detención, como lo exige la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares'. 'La ejecución del señor Tamayo Arias, antes de recibir el remedio al que tenía derecho, es una violación de una obligación internacional indiscutible'. 'La pena de muerte es cruel, inhumana e irreversible, y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana', concluyó.
En un comunicado oficial, la cancillería mexicana recordó los pasos adoptados en el caso de Tamayo 'hasta agotar todas las instancias a su alcance, tanto internas como internacionales, con el fin de obtener la revisión y consideración del caso por parte de las autoridades judiciales texanas, a la luz de la falta de notificación consular'. 'El Gobierno de México hace un llamamiento para que tomen acciones efectivas y eviten que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países', añadió la nota oficial.
El comunicado también reitera que 'la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho de acceso a la protección' que ofrecen los consulados mexicanos en el exterior. Recuerda que las autoridades mexicanas han brindando 'la debida asistencia consultar' a los familiares de Tamayo. 'A solicitud de la familia Tamayo, dicha ayuda se mantendrá en el proceso de traslado a México de los restos de Edgar Tamayo', agrega la nota.
A la inmediata reacción del Gobierno se sumaron organizaciones como Amnistía Internacional, que en una nota consideró que las circunstancias del juicio del reo, como el hecho de que no se tomaron en cuenta elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, 'convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación'. 'Lo que el mundo atestiguó hoy no fue acto de justicia sino de crueldad. Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia', afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
En México existía la esperanza de que a última hora quedara cancelada la ejecución, confiando en que algunos de los recursos presentados en las últimas horas forzaran al gobernador de Texas, Rick Perry, a aplazar el ajusticiamiento o conmutar la pena. Mientras se realizaban estos esfuerzos legales y políticos, en el pueblo donde nació Tamayo, Miacatlán, en el estado central de Morelos, vecinos del reo realizaban una cadena de oración siguiendo a distancia los hechos que se desarrollaban en Texas.
Pero ni las plegarias ni las peticiones oficiales de clemencia tuvieron éxito, y Tamayo se convirtió en el tercer mexicano que es ejecutado desde que se conoció el fallo del Caso Avena, desoyendo incluso peticiones hechas desde la Casa Blanca. Apenas ayer, el Gobierno de Estados Unidos reiteró su petición a las autoridades de Texas para que se aplazara esta ejecución por los efectos que puede tener en los estadounidenses detenidos en el extranjero.
Según un experto mexicano, el empeño de Texas de terminar con la vida de Tamayo y de otros reos incluidos en el Caso Avena hace necesarios cambios legislativos en el país vecino para que el presidente conmute una pena capital cuando los gobernadores se nieguen a dar ese paso. 'Creo que el derecho a otorgar el perdón, la conmutación, debe ser en primera instancia del gobernador, pero en una instancia superior, del presidente', dijo a Efe Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De la Barreda recordó que EEUU 'es un solo país' y debe acatar los fallos internacionales.
Los familiares del preso mexicano Edgar Tamayo pidieron que no haya represalias contra presos estadounidenses en otros países y abogaron por que la polémica suscitada con este caso 'acabe aquí'. La tía de Edgar Tamayo, Grace Tamayo, pidió a la comunidad mexicana que no tome represalias en contra de los norteamericanos en las cárceles de México. 'Esto tiene que acabar aquí, ellos no tienen la culpa de lo que paso hoy aquí', dijo.
Gaby Domenzain, portavoz de las abogadas de Tamayo, dijo al concluir la ejecucion que 'no sólo el gobernador de Texas, Rick Perry, y el Procurador del estado, Greg Abbott, faltaron a su palabra, sino que también le faltaron al respeto a la comunidad internacional, a la Mexicana, a Estados Unidos y a Texas'.
La abogada Sandra Babcock, representante legal de Tamayo, dijo que una vez más el estado de Texas 'ha ignorado las leyes de Estados Unidos y los tratados internacionales', y reiteró que de haber contado con asistencia consular durante su juicio, Tamayo 'no hubiera sido condenado a muerte'. 'Es necesario que el Congreso de Estados Unidos actúe con prontitud en la aprobación de una ley que garantice el respeto a la notificación consular, y que proporcione los mecanismos para hacer que estados como Texas lleven a cabo la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte en el país', subrayó la abogada. Tamayo no emitió palabra alguna antes de morir y en ningún momento dirigió la mirada a la familia de su víctima, que se encontraba presente en una sala aledaña a la Cámara de Ejecución, según contaron testigos presenciales.
A la ejecución asistieron como testigos cinco familiares de Guy Gaddis, el policía de Houston asesinado en 1994 a manos de Tamayo. 'Hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del Sr. Tamayo. Nosotros no pedimos que pasara esto pero así lo decidió un jurado. Por lo tanto se hizo justicia', dijo Gary Gladis, hermano del policía asesinado por Tamayo.
Gary Gaddis hizo llegar un mensaje de disconformidad al Secretario de Estado John Kerry, a quien advirtió que no debe intervenir buscando impedir la aplicación de la justicia en su nación y en el estado de Texas, en aras de cumplir con compromisos internacionales.
Por su parte la madre de Gaddis, Gayle Gaddis, dio las gracias al salir de la Unidad de las Paredes en Huntsville a las organizaciones de policías que los han apoyado estos 20 años, tras el asesinato de su hijo, y dijo que su 'despedazado corazón estará más tranquilo a partir del día de hoy'. Representantes del Consulado de México en Houston y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estuvieron en el exterior de la Unidad de las Paredes de la cárcel en el momento de la ejecución, aseguraron que el gobierno mexicanó agoto todas las instancias posibles para salvar la vida a Tamayo. Indicaron, asimismo, que ayudará a la familia Tamayo en el traslado del cuerpo de Edgar Tamayo de Huntsville, Texas, a Morelos, México.
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