Suecia navega en otros mares. También en materia de pensiones. Es, junto a su vecino noruego, la economía que ofrece mayores garantías al sostenimiento de sus modelos de retiro laboral. Su estabilidad es casi una afrenta para sus socios occidentales, sumidos en cálculos financieros, en nuevas fórmulas recaudatorias, vía impuestos específicos o mediante subidas de las presiones fiscales en tributos ya existentes y, sobre todo, en mecanismos de urgencia para desactivar la bomba demográfica del súbito envejecimiento de sus poblaciones. Paradójicamente, en años en los que las finanzas públicas siguen resentidas por el efecto devastador de la crisis de 2008.

Las turbulencias de sus socios industrializados contrastan con unas aguas, las suecas, calmadas, pese a que no puedan catalogarse de caladeros. En absoluto. Suecia no dispone de ningún maná financiero que le otorgue signo de distinción alguno respecto a los países de su entorno. Más bien tiene que ver, de nuevo, con esa equilibrada mezcla entre rigor presupuestario y fastuosos ingresos tributarios.

La veneración de los suecos hacia su estado de bienestar, donde los pagos por retiro se erigen en la auténtica joya de la corona, dispone de otra señal de éxito que emitir al mundo político y a los mercados. Y lo ha hecho por boca de su titular de Finanzas, Magdalena Andersson, hace escasas fechas. "Los mayores ingresos propiciados por la creciente recaudación de la imposición sobre el capital y el IVA y la contención de los gastos” ha generado a las arcas del Tesoro van a aportar fondos adicionales de 10.000 millones de euros entre 2017 y 2020. Un cheque que ya tiene portador: la próxima generación de pensionistas", explica para Público.

Sin embargo, Andersson incidió en que esta inyección monetaria tendrá que atender, también, un primer obstáculo. Allá por 2025. Momento en el que, según su departamento, en Suecia, con casi 10 millones de habitantes, habrá 300.000 jóvenes más en su pirámide demográfica, aunque un número superior, aunque indeterminado, de nuevos pensionistas. Una parte de los recursos de la hucha podrían tener que salir en ese instante. En función de la tasa de mortalidad. Genuina previsibilidad sueca. Aunque no la única. Estocolmo siempre se reserva ases en la manga cuando se trata de la sostenibilidad de su estado de bienestar.

Los millennials inaugurarán una política más agresiva, de mayor riesgo inversor en los mercados, del fondo de las pensiones sueco. AP, el suculento pastel financiero, que gestiona activos por un valor superior a los 155.000 millones de euros, reducirá del 30% al 20% su obligación de invertir en bonos seguros. La mitad de ese porcentaje se sumará a la cartera de valores corporativos, que acapara otro 40% de los recursos del fondo inversor.

Eso sí, sin perder su consigna de adquirir acciones de empresas y de sectores con objetivos demostrados de sostenibilidad climática y responsabilidad social. Este cambio en las directrices inversoras "elevarán las actuales cuotas de retorno" -del 5,6% de promedio anual desde 2001-, "y mejorarán las pensiones" de la próxima generación, explicó Andersson. Aunque será sin abandonar el criterio de acometer inversiones en activos seguros, algo que contempla la ley sueca. Pero aprovechando (alerta la política socialdemócrata) "la prolongación de la etapa de tipos de interés bajos" para realizar las nuevas operaciones.

Al límite financiero en España

Entretanto, en España, el debate sobre el futuro de las pensiones cobra especial intensidad. Con permiso del conflicto catalán, es el gran desafío. Al menos, el mayor en el orden económico. Tras la súbita salida de los 66.815 millones de euros que atesoró la hucha de las pensiones en 2011, al final del mandato socialista de Rodríguez Zapatero.

Desde entonces, el fondo de reserva se ha reducido a la mínima expresión para atender la paga extraordinaria de este verano, valorada en 9.500 millones de euros. Hasta casi apreciar sus telarañas. Después de acudir a un préstamo de 6.000 millones y de sacar otros 3.500 del fondo de reserva, el Gobierno de Rajoy se ha visto en la tesitura de admitir que acudirá a emisiones de deuda para asegurar los ingresos inminentes de los pensionistas españoles. No le ha quedado otro remedio. Apenas quedan 11.600 millones en la hucha.

Por si los números fueran poco concluyentes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda a Rajoy que no suba las pensiones más del 0,25% hasta 2022. Todo un aviso para navegantes. Porque el alza de estas retribuciones ha sido un tradicional (y suicida, a veces) señuelo electoral para las personas de la tercera edad, donde se concentra la mayor porción de votantes populares.

La Airef, además, pone el dedo en la llaga. Porque su presidente, José Luis Escrivá, alerta de que las prestaciones apenas podrán aumentar con la actual relación de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Su predicción, basado en la evolución del Índice de Revalorización de las Pensiones, que se constituyó con el propósito de aportar claridad científica a las cuentas de las pensiones y que, entre otras medidas, aparcó la tradicional actualización con el IPC -la gran arma electoral-, para vincularla al resultado de las contribuciones de la Seguridad Social, corrobora la tesis del FMI, que sugiere un alza similar, del 0,25%, como esfuerzo supremo, para contribuir a los ajustes intergeneracionales futuros y al envejecimiento social. Aunque, además, los expertos del Fondo hagan una vez más hincapié en otro de sus históricos mensajes: la necesidad de acudir a planes de retiro privados.

Moncloa ha dejado aparcado (o, al menos, soterrado) el espinoso asunto de las pensiones. El otoño caliente catalán cobra prioridad. Pero el personal laissez faire, laissez passer presidencial no augura buenos tiempos. El sistema de pensiones debería ser uno de los focos más reformistas de todo equipo económico gubernamental que se precie de serlo. Sobre todo si, en escenarios de emergencia financiera, el predominio se decante por la petición de créditos que por modificar el modelo impositivo para nutrir la caja de la Seguridad Social.

Un manojo de reformas

Una de ellas es la exploración de nuevas vías de financiación. En Europa, en 2011, todavía bajo la presidencia de Zapatero, ya se atisbó una solución por el lado de los ingresos. A cuenta de la Tasa Tobin a las transacciones financieras. Una alternativa que barajó España, al igual que otros nueve socios de la Unión. Ahora, desde febrero pasado, esos trabajos de debate se recuperaron en Bruselas. Sin que se tenga constancia oficial del posicionamiento de Rajoy. Bien es cierto que el Brexit también ha contribuido a que surgiera un inmediato compás de espera. Pero, a buen seguro, su posición no será favorable, teniendo en cuenta la aversión retórica de los populares a crear nuevos tributos o a financiar de esta forma las pensiones del futuro.

La solución, en cualquier caso, no resulta baladí. Según un reciente estudio del World Economic Forum (WEF), las grandes potencias tendrán que lograr ahorros de más de 400 billones de dólares. Más de cinco veces el PIB global. Con necesidades financieras de más de 224 billones para los seis modelos de pensiones más generosos -de los ocho que analiza- los de EEUU, Reino Unido, Japón, Holanda, Canadá y Australia, las naciones industrializadas que analiza, y el resto, para afrontar los pagos de los retiros laborales de China e India.

"Estamos ante un momento de inflexión, ante un desafío trascendental", precisan en el WEF. "En el sentido de que aún estamos a tiempo de transformar la dinámica y emprender reformas eficientes; de no hacerlo, en 20 ó 30 años, las sociedades asumirán un inmenso problema". De hecho, el Gobierno de Theresa May acaba de anunciar, entre otras medidas, que los británicos que nacieron entre 1970 y 1979 se tendrán que jubilar a los 68 años, un ejercicio laboral más, si quieren mantener sus retribuciones públicas, lo que repercutirá también en una pérdida de unos 10.000 dólares en los cálculos de retiro de sus millennials, si finalmente se aprueba la importante reforma de las pensiones que desglosó la semana pasada el secretario de Trabajo y Pensiones, David Gauke.

España, por su parte, ni está entre los sistemas más consolidados ni parece que desee acelerar las reformas de las pensiones. Es el estilo acomodaticio de Rajoy. A pesar de que otro indicador, el Global Retirement Index (GRI) del banco de inversión Natixis, relega a España al puesto 33 de los 43 países que analiza en función del grado de sostenibilidad de sus modelos de pensiones.

A partir de cuatro parámetros: valoración de salud ciudadana y acceso a servicios sanitarios de calidad; medios adquisitivos; acceso a servicios financieros -entre los que incluye la propensión al ahorro- y entornos ecológicos y de seguridad. En su diagnóstico, sólo destaca en el primero. Y sus autores añaden: "El principal desafío para el futuro financiero de los jubilados españoles es que las instituciones españolas adapten sus productos y servicios, a fin de poder atender no sólo a un número creciente de jubilados, sino también sus distintas necesidades".

Sophie del Campo, directora general para Iberia, Latinoamérica y Estados Unidos Offshore en Natixis Global Asset Management, aclara que, "con la esperanza de vida en aumento, los inversores españoles deben plantearse seriamente su futuro financiero, y asumir su responsabilidad al respecto". Una de ellas es la de crear un clima idóneo para que inversores individuales e institucionales acudan a los mercados con carteras que "aumenten la seguridad en la jubilación". Por ejemplo, al estilo escandinavo de fondos soberanos que exijan criterios Medioambientales, Sociales y de Gobierno (ESG) y que "podrían impulsar a los inversores a ahorrar más".

Fuente: Natixis

Pero la lista sería innumerable. Porque la mayor parte de los países del entorno español andan enfrascados en estas lides. Otro de ellos, enfocado a los planes de pensiones de empresas a sus trabajadores, es el que publica PwC. En este caso, para el sector privado británico. Su Índice de Soporte a las Pensiones (PSI) aduce que la prórroga de la política de tipos de interés próximos a cero ha hecho caer las rentabilidades de los fondos. Hasta el punto de que el indicador alerta a las compañías del FTSE 350, el selectivo británico, que mide la solvencia financiera de las firmas en relación a sus compromisos con los planes de retiro, se encuentra en el nivel más bajo desde 2009, con una puntuación de 69 sobre cien, trece puntos por debajo de 2016.

Una radiografía que también preocupa a la autoridad que supervisa el estado de las pensiones públicas en Reino Unido. La Financial Conduct Authority (FCA) advierte que la reforma de hace algo más de un año, bajo el Gobierno conservador de David Cameron, y que otorgaba libertad para decidir el instante de acceso al retiro de las pensiones, ha creado una propensión clara a las jubilaciones anticipadas. Y al acopio de la totalidad de las pensiones: el 53% de las peticiones de 2016, aunque nueve de cada diez fueron por cifras inferiores a los 35.000 euros anuales. Pero la conducta es indudable. Los británicos prefieren perder algo del poder adquisitivo final de sus periplos profesionales, a cambio precipitar su jubilación, y completar luego sus aportaciones con fondos privados.

Fuente: PwC

El estado de la cuestión en Canadá y Noruega, por ejemplo, tiene más que ver con variantes en su gestión de activos. Con la vista puesta en la constante búsqueda de nuevos ingresos. El fondo canadiense, CPPIB, lo hace con adquisiciones no exentas de riesgo, como la firma Parkway, en Houston, mercados en potencial estado de ebullición, por la que acaba de pagar 1.200 millones de dólares. Mientras que el todopoderoso el fondo soberano noruego, el más voluminoso del mundo, con 960.000 millones de dólares en activos, sopesa aparcar su idolatrada política de adquisición de acciones de empresas con sello ecológico y social ante la posibilidad de hacerse con parte de la venta del 5% de la saudí Aramco o con el multimillonario fondo público para poner en marcha el incipiente estado del bienestar que pretenden las autoridades de Riad.

En juego, nada menos que 2 billones de dólares. Por cada iniciativa. Inversiones no exentas de alto riesgo. Entre otras cuestiones, por las tensiones geoestratégicas de la zona y en el interior del país sagrado para los musulmanes. A parecidas deliberaciones se encuentra sometido el fondo de Dinamarca, el ATP, que supera los 112.000 millones de euros en activos. E incluso los recursos de compañías como la de la aseguradora Aviva, que maneja más de 1,3 billones de planes de pensiones y que invierte en firmas de tabaco desde hace meses.

El modelo sueco, un espejo

Suecia lleva décadas de reformas constantes en su sistema de pensiones. Un viraje que comenzó en 1993. Desde entonces, Suecia -gobernada por socialdemócratas en 61 de los últimos 74 años- puso en marcha un modelo dual, público-privado, en el que el cómputo de las pensiones resulta variable porque se basa, por un lado, en las aportaciones individuales que cada trabajador que pasa a situación de retiro ha realizado a lo largo de toda su vida laboral -en lugar de depender de la población activa- y, por otro, de las rentas obtenidas a través de los varios centenares de fondos privados de inversión –de carácter personal- y otros gestionados desde las empresas.

Fue el principio del fin del vetusto sistema de reparto, y su sustitución por uno de capitalización que, en palabras de analistas del mercado, tiene en cuenta la variabilidad de los ingresos futuros. Dicho de otro modo, Suecia está entre los países que han abandonado la lógica de la prestación definida, sustituyéndola por la contribución definida. El país escandinavo eligió la introducción de las cuentas nacionales como baremos de contabilización, lo que implica que los beneficiarios no obtienen una pensión en función de sus salarios -o sus bases contributivas, que se establecen a partir de sus salarios registrados-, sino de sus contribuciones efectivas al sistema, que se van anotando en una cuenta individual ficticia y, posteriormente, en el momento de la jubilación, se revalorizan en función de determinados criterios.

Frente a este sistema, de cambios de cálculos constantes, España pasa por ser “el Estado miembro de la UE que, probablemente, ha adoptado menos reformas basadas en criterios de mantenimiento del equilibrio financiero futuro para sus sistemas de pensiones”, atestiguan informes europeos y nacionales, como los de Funcas.

Con su método de cálculo, los jubilados suecos no parecen tener demasiadas razones para las quejas. Tienen pensiones mínimas garantizadas próximas a 1.000 euros mensuales, ‘nómina’ que puede duplicarse e, incluso, triplicarse, de manera habitual. Además, cada vez son más numerosos los trabajadores que deciden sobrepasar los 65 años de la edad de retiro porque, más allá de este tope legal, la factura engorda considerablemente. Pese a que, en los primeros años de la crisis, con números rojos en los ejercicios 2008-2009, las pensiones sufrieran recortes de entre el 3% y el 4%. En cualquier caso, varias décimas por debajo del calibre de la recesión bianual. Una opción -la del recorte de las pensiones- que no por criticada resulta socialmente cada vez más aceptada. En beneficio de la sostenibilidad del sistema.

No en vano, Suecia, como España, el conjunto de Europa y Japón, son las latitudes que más soportarán las consecuencias del envejecimiento de la población. Estudios como los de Standard & Poor’s resultan elocuentes. Cifran el gasto por pensiones en Suecia en el 9,6% del PIB, tan sólo siete décimas por encima del desembolso español. Aunque el diferencial futuro se podría disparar. Si se atienden los efectos colaterales del envejecimiento social a cada economía -aseguran en la agencia de rating-, España elevaría hasta el 15,5% estos desembolsos en 2050. En comparación con el 9% de Suecia, cuya factura, paradójicamente, sería más reducida en el ecuador de este siglo que en la actualidad.