Ecuador tiene los ojos puestos en el Parlamento, que este martes debe decidir si avanza o no el juicio político que se tramita contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de malversación de fondos. "El Gobierno y sus aliados buscarán la manera de impugnar la legalidad para que sea el pleno el que decida la continuidad del juicio", expresó en Andrés Chiriboga, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en una entrevista con Página 12. 

La acusación contra Lasso

La comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó el sábado los cinco votos necesarios de nueve posibles para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, que desestimaba el juicio del mandatario al considerar que no se había probado el delito imputado. 

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de malversación que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la firma privada Amazonas Tanker. Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era perjudicial para el país, con una estimación de 6,1 millones de dólares en pérdidas según la Contraloría General del Estado, el presidente no suspendió el acuerdo.

La defensa del mandatario alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión, en mayo de 2021. También argumenta que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones del Tribunal de Cuentas para mejorar las condiciones para el Estado. 

"El punto clave es que la presidencia conocía de las irregularidades en FLOPEC, tal y como prueba la denuncia escrita del entonces gerente que posteriormente fue destituido, y el presidente hizo caso omiso. Este es el punto fundamental que da cuenta de la responsabilidad del presidente en un caso grave de corrupción y perjuicio para el Estado", aseguró Chiriboga. El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador dijo que ese elemento "da cuenta de la responsabilidad política del presidente y debería llevar a su censura y destitución".

¿Cómo sigue el proceso? 

Según el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si en las comisiones no se alcanza la votación requerida a favor del informe presentado, este pasará a conocimiento del pleno, donde se necesitarán 70 votos para continuar con el proceso judicial. De lograrse esos votos, se debe convocar una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

Lasso podrá ser sancionado si se logra reunir un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría el cargo hasta el año 2025. La correísta Viviana Veloz, que se perfila como la única interpelante para la causa, se mostró confiada y cree que la moción saldrá adelante con el respaldo de entre 94 y 96 diputados. El Gobierno, en cambio, lo pone en duda.

Todavía no está claro que se vayan a lograr los votos para la moción de censura, teniendo en cuenta los últimos movimientos de los partidos de la oposición. Las recientes desafiliaciones en el Partido Social Cristiano, las diferencias internas en el movimiento Pachakutik y las divisiones en la Izquierda Democrática son solo algunos ejemplos.

Formalmente el proceso contra Lasso empezó el 16 de marzo con el respaldo de 56 firmas de legisladores. A continuación, el trámite pasó a la Corte Constitucional, que finalmente lo admitió con seis votos, pero solo por el delito de presunta malversación y no por los otros dos cargos que alegaba la oposición.

El mes pasado, Lasso dijo que si avanzaba el juicio político en su contra era probable que aplicara la llamada "muerte cruzada", una medida constitucional que consiste en disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas, ya que el mandatario considera que las acusaciones carecen de fundamento. De recurrir a esa herramienta, también se abre la posibilidad al órgano legislativo de invocar este mecanismo para poner fin al mandato presidencial.

El presidente se defiende

En su defensa particular, Lasso considera que la democracia ecuatoriana está amenazada por el narcotráfico. "Tengo la entereza y la firmeza de mostrarle al país de una vez por todas la verdad: la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias", exclamó. El líder de derecha también llamó "triunviros de la conspiración" al expresidente Rafael Correa, al exalcalde derechista de Guayaquil, Jaime Nebot, y al máximo dirigente de la principal organización indígena Conaie, Leonidas Iza.

La oposición ya intentó promover una moción de destitución contra Lasso el pasado junio, en medio de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, aunque el mandatario logró salvarse por pocos votos. Esta vez el presidente afronta de nuevo una presentación en su contra, con una posición más delicada tras el duro revés sufrido en las urnas el pasado 5 de febrero, cuando perdió el referéndum que había convocado para hacer reformas a la Constitución y, a su vez, el correísmo resultó el gran vencedor en las elecciones locales.