El Parlamento de Reino Unido aprobó este martes de madrugada la controvertida ley que permitirá el envío a Ruanda de migrantes que han entrado en el país de manera irregular. El plan del Gobierno encabezado por el conservador Rishi Sunak para deportar a solicitantes de asilo al país africano recibe luz verde tras reconocer al país africano como un "destino seguro" después de meses de debates y críticas por parte de la oposición.

La ley, una de las principales promesas de Sunak, fue aprobada después de una intensa noche en la que las dos Cámaras legislativas del Reino Unido -los Comunes y los lores- protagonizaran un intenso tira y afloja e intercambiaran diferentes propuestas hasta cinco veces. 

La Cámara de los Lores dio el visto bueno a la ley tras decidir no añadir más enmiendas. Los Comunes habían rechazado todas las que les llegaban de los Lores. La nueva ley será enviada en las próximas horas al palacio de Buckhingham para que el rey Carlos III la firme.

El objetivo de la legislación impulsada por el Gobierno británico es considerar a Ruanda como un país seguro, después de que el Tribunal Supremo considerase ilegal el plan inicial. El pasado mes de noviembre, el Supremo concluyó que Ruanda no es un lugar seguro porque los migrantes podrían ser devueltos a sus países de origen, de los que huyeron.

Con esta ley, el Ejecutivo de Sunak neutraliza las resoluciones judiciales que impedían poner en práctica su plan de deportaciones. 

Es más, Sunak anunció este pasado lunes que los vuelos hacia Ruanda con migrantes que han cruzado de manera ilegal el Canal de la Mancha -entre Francia e Inglaterra- empezarán a despegar en 10 a 12 semanas, en el mes de julio. Unas horas antes de aprobarse la nueva norma, Sunak ya había anunciado que los vuelos de deportaciones a Ruanda comenzarían en menos de tres meses "pase lo que pase".

Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.

Por su parte, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el derecho internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.

Sin embargo, Sunak se ha mostrado "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.