¿Qué estipula el derecho comunitario?

El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea defiende el principio del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y condena la discriminación. El derecho europeo estipula, además, la libertad de circulación de todos los ciudadanos de los países miembros de la UE en territorio comunitario. Rumanía y Bulgaria son miembros de UE desde 2007.

Una ley de 2003 suprimió la obligación para los ciudadanos comunitarios de tener un permiso de residencia en Francia. Sin embargo, las autoridades francesas impusieron una moratoria hasta 2012 (ampliable a 2014) para los rumanos y búlgaros, que sí necesitan un permiso de trabajo. París considera que puede hacerlo porque los Acuerdos Schengen (apertura total de las fronteras entre los países de la UE) no se aplican aún para Rumanía y Bulgaria.

La circular del pasado 5 de agosto (en la imagen), que da prioridad a la expulsión de gitanos por su etnia, viola los derechos francés, europeo (el artículo 6 del Tratado) e internacional. El artículo 1 de la Constitución de Francia protege 'la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión'. El Código Penal francés condena actos de discriminación contra personas 'por su origen, su pertenencia, supuesta o no, a una etnia, una nación o una religión determinada'. La Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales prohíbe las expulsiones colectivas. Otro problema es que Francia exige a empleadores de rumanos y búlgaros abonar un impuesto de 1.000 euros, lo que va en contra del derecho europeo. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 condena la actitud discriminatoria de Francia.

Cuando la Comisión Europea constata una violación del derecho comunitario por un miembro de la UE, obliga a las autoridades de ese país -en este caso, Francia- a cambiar las normas consideradas ilegales. Si no lo hace, la UE puede -no es una obligación- condenar a Francia a una multa financiera. También puede suspender derechos derivados de la aplicación del Tratado, como el derecho de voto del Gobierno francés en el Consejo. Esas medidas pueden ser revocadas. En Francia, toda persona puede recurrir la validez de un texto ante el Consejo de Estado y la Corte Europea de Derechos Humanos.