El 5 de diciembre de 2017, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) aprobó la inclusión de 17 países en la llamada ‘lista negra’ de paraísos fiscales de la UE. Una lista que era ya de por sí poco ambiciosa pues dejaba fuera importantes centros offshore y excluía a los países europeos. Ahora, apenas un mes después, los Estados miembros han decidido sacar a ocho países más, Panamá entre ellos, de esa lista. Lo han hecho además con una pobre explicación, a puerta cerrada y ante la estupefacción y el enfado tanto de la Comisión Europea como de la Eurocámara, que habían recomendado en numerosas ocasiones avanzar en la lucha contra la evasión fiscal en la Unión.

La Comisión pide transparencia

Samoa Americana, Bahréin, Guam, las islas Marshall, Namibia, Palao, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, además de los ya excluidos, Barbados, Granada, Corea de Sur, Macao, Mongolia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Panamá formaban parte de la lista de “jurisdicciones no cooperativas” aprobada por el Ecofin. En ella, se detallaban, aunque brevemente, las razones que llevaban a la Unión Europea a incluir a estos países en una ‘lista negra’ de paraísos fiscales. Para sacarlos del documento, sin embargo, no ha hecho falta explicación alguna.

Los Estados miembros se han limitado a asegurar que estos países han adquirido una serie de “compromisos” con el objetivo de “abordar las deficiencias identificadas por la UE”. Y que esos compromisos han sido ratificados mediante un intercambio de cartas a alto nivel político. Ni las cartas, ni su contenido, ni por supuesto cuáles son esas supuestas promesas ha trascendido. Los ocho países borrados completan una lista de 43 territorios que están siendo “vigilados de cerca” por la UE y entre los que se encuentran Andorra, las Islas Caimán, Hong Kong, Liechtenstein, Malasia, Maldivas o Qatar.

La decisión ha sentado muy mal en la Comisión Europea que, a pesar de tener al frente a Jean-Claude Juncker que ha estado precisamente vinculado a escándalos de evasión de impuestos en Luxemburgo, se ha propuesto armonizar la política fiscal de la UE. De hecho, el Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha cuestionado con dureza la medida del Ecofin.

El francés quiere que los documentos en los que se basa la decisión de los Estados para mover esos ocho nombres sean públicos y que las normas se cumplan. “O los compromisos se respetan y el territorio en cuestión sale de cualquier lista, o no se respetan y vuelve a la lista negra”, ha defendido ante la falta de información para justificar la medida. Moscovici pide además sanciones contra los países que no cumplan con lo acordado y transparencia, sobre todo, transparencia. “Los medios, las ONG y los ciudadanos deben tener control democrático sobre estos compromisos”, ha sentenciado el Comisario.

Indignación generalizada en la Eurocámara

El Parlamento Europeo aprobó precisamente también en diciembre de 2017 un informe de la comisión de investigación creada específicamente a raíz, precisamente, de la publicación de los Papeles de Panamá, uno de los países eliminados de la lista negra. En él, la Eurocámara criticaba duramente la falta de compromiso de los Estados miembros en la lucha contra la evasión fiscal, hacía hincapié en la necesidad de elaborar esa lista negra que hoy es papel mojado e instaba a los 28 a incluir a países de la UE en ella. Las reacciones de los miembros de la ya desaparecida comisión no se han hecho esperar.

El eurodiputado cristianodemócrata alemán (Partido Popular Europeo) Werner Langen fue presidente de la Comisión de Investigación de los Papeles de Panamá. Langen califica de “inapropiada” la decisión y pide que el Ecofin no base la exclusión de los países de la lista “en cartas y garantías no vinculantes, sino únicamente en hechos”. El parlamentario alemán insiste además en que el Consejo debería valorar “qué Estados miembros de la UE deberían añadirse a la lista”.

También el socialista español Ramón Jaúregui cuestiona los fundamentos del Consejo. “Es preocupante que las condiciones de traslado de una lista a la otra sean blandas y abstractas, y no exigen cumplimientos concretos de transparencia y colaboración en materia fiscal”, ha denunciado el jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo. Jáuregui entiende que es posible que la configuración de la lista haya dado lugar a una comunicación positiva con los Estados implicados en escándalos fiscales pero al mismo tiempo reclama conocer la información “que ha manejado el Consejo para hacer los cambios tan rápido y con tantos países”.

Ernest Urtasun, eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds, también fue miembro de la Comisión. Califica la decisión del Consejo de “escándalo”, coincide en las críticas a la falta de transparencia del proceso y cree que ahí debe jugar su rol el Parlamento. “Si no vamos a poder revertir la decisión de Panamá, la batalla que hay que dar ahora es que publiquen los documentos. Que nos digan exactamente por qué han tomado esa decisión”, ha asegurado Urtasun en declaraciones a Público.

Aunque considera positiva la existencia de la lista, Ernest Urtasun defiende que la política fiscal de la UE ha demostrado ser “hipócrita”. Explica Urtasun que directivas que asegurarían la transparencia de la fiscalidad de empresas multinacionales que operan en todo el territorio europeo o el establecimiento de una base común imponible del impuesto de sociedades en la UE han sido bloqueadas por el Consejo, tras ser aprobadas por la Comisión y el Parlamento. “Todo lo que tiene que ver con la limitación de las prácticas fiscales opacas de los Estados miembros está bloqueado y lo que han sacado es la lista negra, pero ya vemos con qué limitaciones”, sentencia. También, por ejemplo, la inclusión de países de la UE en esa lista.

Marina Albiol, portavoz de la delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y que también fue parte de la Comisión, coincide en que “ningún esfuerzo de la UE en esta materia será creíble hasta que acabe con los paraísos fiscales que mantiene en su propio territorio”. Y entiende además que la propia configuración de la lista y esta última modificación de la misma, confirman que su objetivo “es más hacer valer los intereses de la política exterior comunitaria que luchar contra las grandes fortunas que cada año roban millones de euros a la ciudadanía europea ocultando su capital”. Así y todo, la eurodiputada va un paso más allá y pide una solución global a un problema global, a partir de un plan de acción en el marco de las Naciones Unidas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y coordinador de la Izquierda Unitaria en la Comisión de Investigación de los Papeles de Panamá, critica la opacidad, no ya en la eliminación de países de la lista, sino en su configuración misma, y la ausencia de Estados miembros en ella. “Yo ya no sé si se ríen de nosotros”, lamenta, “lo que estamos viendo es una lista, más que negra, para blanquear paraísos fiscales”, denuncia el portavoz de Podemos en la Eurocámara. Considera Urbán que estas actuaciones responden simplemente a una “falta de voluntad política” para luchar contra la elusión y la evasión fiscal y que quienes toman estas decisiones, “sabiendo que erosionan la capacidad de los Estados de recaudar impuestos, que son la base principal de redistribución de la riqueza”, son también parte del problema.

Por eso, clama el eurodiputado de la formación morada, “ante la revuelta de los privilegiados que estamos viendo, donde estamos alcanzando cuotas de desigualdad nunca vistas en este mundo, lo que necesitamos es una revolución fiscal”. Una revolución que los Estados miembros de la UE no parecen estar dispuestos a acometer.