El Gobierno de Países Bajos anunció este lunes la suspensión inmediata de las adopciones de niños en el extranjero siguiendo la recomendación de un comité que investigó los procesos de adopción entre los sesenta y los noventa, concluyendo que hubo irregularidades y que el sistema "contiene todavía vulnerabilidades inherentes".

El ministro saliente de Protección Legal, Sander Dekker, reconoció que el Gobierno "no ha actuado durante años al apartar la mirada de los abusos en las adopciones internacionales y no intervenir", una conclusión que saca del informe sobre el papel y la responsabilidad de Ejecutivo en la adopción internacional de niños durante al menos el período entre 1967 y 1998.

Los nuevos procedimientos de adopción en el exterior se suspenden de forma inmediata "para proteger a los niños y a sus padres biológicos contra los abusos", por lo que no se tramitarán nuevas solicitudes, aunque aquellas familias que tengan permiso concedidos, en principio, pueden completar su procedimiento después de una prueba adicional.

La comisión de investigación, dirigida por Tjibbe Joustra, subrayó que el Gobierno, "basado en la idea de hacer el bien" con las adopciones en el extranjero, fue "demasiado pasivo" en el pasado, y como resultado de ello, "la supervisión de los procesos fue insuficiente y no se tomaron medidas ante los abusos que salían a la luz" a lo largo de los años.

Aunque se tomaron varias medidas con el tiempo para mejorar la supervisión y la regulación de la adopción, el comité concluye que el sistema "contiene aún vulnerabilidades inherentes" que impiden que las adopciones de niños en el exterior continúen de momento.

El Gobierno conocía los abusos

"Es doloroso concluir que el Gobierno no ha hecho lo que se esperaba de él porque, aunque muchas adopciones se han considerado positivas, el Ejecutivo debería haber asumido un papel más activo interviniendo en los casos en los que hubo abuso. El sentimiento positivo en torno a la adopción en el siglo pasado, con la idea rectora de que hicimos bien con la adopción, ofrece una explicación, pero no una justificación", explica el ministro.

A finales de 2018, el ministro solicitó a Joustra formar un comité para investigar las irregularidades denunciadas por jóvenes adoptados en diferentes países, incluido Brasil, Colombia, Sri Lanka, Bangladesh o Indonesia, con información que apuntó a una posible participación del gobierno en la adopción ilegal de bebés.

Se trataba de cuestiones como la falsificación de documentos, la trata de niños, el fraude y la corrupción, aunque también de lo que el comité denomina "actos poco éticos", como la adopción de niños "con falsos pretextos o bajo presión moral, lo que creó deliberadamente incertidumbre o ambigüedad en torno a los orígenes de alguien y abuso de la pobreza".

El informe subraya que los sucesivos Gobiernos neerlandeses estaban al tanto de los abusos que estaban teniendo lugar a finales del siglo pasado, pero "no se intervino de manera efectiva, lo que perpetuó los abusos".

Dekker admite que los adoptados "merecen reconocimiento por los errores del pasado", además de ayuda psicológica y económica para la búsqueda de sus padres biológicos: "Deben poder contar con nuestra ayuda en el presente, y para el futuro, tenemos que preguntarnos de forma crítica si y cómo continuaremos con la adopción en el extranjero".