La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado este miércoles en el informe El paro nacional 2021. Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia la gravedad de los incidentes y la brutalidad de la Policía en el país, que ha dejado al menos 28 muertes confirmadas por acción policial de las 46 que hubo.

La representante en Colombia de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, ha afirmado que "en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública". Estas "privaciones arbitrarias de la vida" las sufrieron principalmente "jóvenes de entre 17 y 26 años que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos de padres campesinos, hijos de indígenas y afrodescendientes".

Además, el informe señala que al menos en 10 de las 28 muertes atribuibles a policías, "podrían estar vinculados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)", duramente criticado por sus excesos en la represión de las protestas, mientras que en otras dos muertes el responsable "habría sido un funcionario del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) actuando por fuera de sus funciones".

No solo el informe recoge las muertes, sino también las violaciones. De las 60 denuncias de violencia sexual recibidas (48 mujeres y 12 hombres) "presuntamente cometidas por miembros de la Policía", el organismo internacional ha verificado 16 casos. 

No es la primera vez que se denuncia la brutalidad de la Policía. El 9 de junio, Humans Rights Watch ya hizo público un informe sobre el abuso policial en Colombia y concluyó que las violaciones a los derechos humanos realizados por los cuerpos de seguridad del país "no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallos estructurales profundos".

Estas violaciones de los derechos humanos aparecen en el marco de las protestas en Colombia entre el 28 de abril y el 31 de julio, cuando los ciudadanos salieron a la calle a reclamar cambios en la política económica y social del Gobierno.