La ONU ha criticado duramente las "leyes de concordia" impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y País Valencià. Naciones Unidas ha remitido un informe firmado por tres relatores –Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz– en el que alerta de la invisibilización de las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo y pide tomar medidas al respecto. 

El documento llega como respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno de España tras el visto bueno de tres comunidades a las llamadas "leyes de concordia". La ONU censura que estas normas ni siquiera hacen referencia al régimen franquista y tampoco mencionan la responsabilidad de sus líderes por los crímenes cometidos. Además, los relatores consideran que las iniciativas de PP y Vox pueden obstaculizar "el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la dictadura.

"Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y País Valencià podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la Memoria Histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", detalla el informe.

El Gobierno ha avanzado que llevará la ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra las leyes de Memoria Histórica al Tribunal Constitucional (TC) y ha puesto el caso en manos de Naciones Unidas, así como del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El documento remitido por la ONU señala que las propuestas de PP y Vox "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades" relacionadas con la difusión y la preservación de la Memoria. 

Naciones Unidas destaca que las iniciativas de la derecha y la extrema derecha para derogar las leyes regionales de Memoria pueden alentar "teorías revisionistas o negacionistas" de la Guerra Civil y la dictadura. En el caso concreto del País Valencià, los relatores de la ONU subrayan que el texto puede llevar a confusión al equiparar las víctimas de la dictadura con las del terrorismo etarra o islámico. Lo cierto es que ya existe una norma que regula todo lo relacionado con este colectivo.

El informe recuerda los compromisos que adquirió España al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados. "El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades o autoridades está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español", reza el comunicado.

La ONU insta al Gobierno a tomar las "medidas necesarias" para garantizar el "respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos" y recuerda que la preservación de la memoria es "fundamental" para no repetir la violencia y los errores del pasado. Aragón fue la primera comunidad que propuso derogar la ley autonómica de Memoria. El País Valencià, Castilla y León e Illes Balears, todas ellas en manos de PP y Vox, han seguido sus pasos y han presentado en las últimas semanas sus respectivos proyectos con el mismo objetivo.