Chile cierra un 2020 complejo pero histórico. El 25 de octubre, la ciudadanía votó por acabar con la Constitución de 1980, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet, en un plebiscito empujado desde la calle y que ha desembocado en la puesta en marcha de un proceso constituyente. Un momento fundacional que tomará fuerza este 2021, a partir de abril, cuando los chilenos y chilenas elegirán las 155 personas que integrarán la asamblea (Convención Constituyente) encargada de escribir la nueva Carta Magna. Este órgano tendrá una particularidad, hasta ahora, única en el mundo: será paritario, es decir, lo integrarán el mismo número de hombres que de mujeres. Así lo establece la ley que ampara este proceso, aprobada en marzo, tras una larga pelea del movimiento feminista.

Además de la participación de las mujeres, el Congreso ha reservado 17 escaños para representantes de los pueblos originarios y ha asegurado, también, la participación de candidatos independientes, que se presentan en listas desvinculadas de los partidos políticos tradicionales. Ni los unos ni los otros, pero, han quedado conformes con las condiciones que les han impuesto desde el Parlamento, porque consideran que quedan en una situación de desventaja respecto a los candidatos que postularán a través de los partidos.

Decenas de candidatas con una agenda propia

"Hombres y mujeres son iguales ante la ley", esta frase es parte del artículo 19 de la Constitución y es la única que incluye la palabra 'mujer(es)' en todo el texto. La afirmación se introdujo en 1999, cuando también se cambió el sujeto de la oración "los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos", del artículo 1º, por "las personas". Hasta entonces solo los hombres aparecían como sujeto en la Carta Fundamental. "A nosotras se nos nombra una sola vez y luego el texto se refiere siempre al hombre. Tampoco reconoce otras identidades, nada más que no sea este binarismo", señala Valentina Moyano, integrante de la Red de Politólogas.

Además del lenguaje, la experta apunta otras 'deudas' que mantiene el marco constitucional vigente con las mujeres: "Falta reconocer la paridad como uno de los principios guía de todas las esferas del Estado y los derechos sexuales y reproductivos, que son otra falta histórica". Las feministas quieren llevar su propia agenda al debate constituyente e instalar discusiones como el concepto de familia, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, o el derecho a una vida libre de violencias. "No todas las mujeres electas serán feministas, pero cuando en los espacios de toma de decisión hay una masa crítica de mujeres, se empiezan a tratar otros temas y enfoques que, sin ellas, no se debatirían", añade Moyano.

Decenas de mujeres han anunciado sus intenciones de presentarse como candidatas constituyentes desde la celebración del plebiscito. Son mujeres procedentes de colectivos y profesiones distintas, desde abogadas hasta trabajadoras del hogar, de todas las edades y regiones del país. "Llevamos muchos años exigiendo cambios y transformaciones, pero siempre hemos chocado contra un sistema político muy impermeable, unos cerrojos que están en la Constitución y que nos han impedido, por ejemplo, terminar con el lucro en la educación o con la objeción de consciencia en la ley de aborto bajo tres causales", explica Emilia Schneider, de 24 años. La joven, activista LGBTIQ+ y una de las líderes del movimiento estudiantil de los últimos años, concurre en una lista de la coalición de izquierda Frente Amplio por el distrito del centro de la capital, el más disputado: "Representaré a la población trans, un sector que ha sido históricamente excluido de la política", añade.

Paridad en la lista y en el resultado

El acuerdo por una nueva Constitución se zanjó el 15 de noviembre, con las calles en plena ebullición y cuando el estallido social que había iniciado en octubre se encontraba en su momento álgido. "El pacto político que se firmó no consideraba la igualdad de participación de las mujeres", recuerda Valentina Moyano. Las feministas en seguida tomaron nota de esa deficiencia y se organizaron entre militantes, académicas y diputadas para buscar una fórmula que asegurara la paridad en la nueva Carta Magna. Una vez dieron con ella, la llevaron al Congreso y presionaron hasta convertirla en ley.

La normativa obliga a conformar listas encabezadas siempre por mujeres que se alternarán de forma sucesiva con hombres. Solo en las listas impares se admitirá que uno de los dos sexos supere al otro y como máximo en una candidatura. Cuando la diferencia entre hombres y mujeres sea de dos o más personas, se aplicará un mecanismo correctivo. "La proporción entre los dos sexos será de 45%-55% porque el número total de escaños es impar y en la composición final la paridad tendrá que alcanzarse en todos los distritos", indica Moya. "Lo que hace único al modelo chileno es que, además de aplicarse en las listas, la paridad se aplica también en el resultado", agrega.

17 escaños reservados

De los 155 escaños que conformarán la Convención, al menos 17 estarán ocupados por representantes de los 10 pueblos originarios que habitan en el país. La ley, aprobada hace dos semanas, asigna siete cupos al pueblo mapuche, dos para los aimara y un escaño para los pueblos diaguita, colla, atacameño, quechua, yagán, kawésqar, chango y rapanui. "Que los pueblos originarios hayan sido incluidos [en la Convención] es un avance que permitirá dejar atrás un país monocultural y uninacional para transformarse en otro intercultural y plurinacional", comenta Adolfo Millabur, alcalde mapuche de la ciudad de Tirúa, ubicada en la región del BioBío, en la zona centro-sur del país.

Millabur, que en los próximos días abandonará la alcaldía para presentarse como candidato constituyente por uno de los siete escaños reservados al pueblo mapuche, critica que la aprobación del proyecto ha llegado "inexcusablemente tarde" y que ese atraso deja a los candidatos indígenas en una "situación de discriminación", en comparación con el resto de participantes. Los aspirantes al escaño deberán acreditar su calidad indígena y conseguir el patrocinio de sus comunidades, para lo que tienen solo hasta el 11 de enero. A diferencia de los votantes chilenos, quienes pertenecen a algún pueblo originario tendrán que registrarse antes de sufragar: "Eso implica hacer un trámite extra en plena pandemia y es una carga discriminatoria", critica la autoridad local. Estos requisitos, dice, pueden complejizar la participación de las comunidades. "Todo ha sido muy difícil para nosotros y a contrapelo de la voluntad de quienes han estado todos estos años en el poder", lamenta la autoridad local. También critica que se haya excluido del proceso a los afrodescendientes, una comunidad de más de 10.000 personas que distribuye en el norte del país y que son descendientes de los esclavos africanos llevados a la zona durante la colonia.

En las últimas semanas, varios nombres del mundo indígena han anunciado sus intenciones de participar por fuera de los 17 escaños, en listas de partidos o como independientes. Si esas candidaturas tienen éxito, el número de constituyentes de origen étnico podría llegar a ser mucho más representativo (e inclusivo) de la población originaria que hoy vive en el país y aumentar hasta los 20 o incluso 25 escaños.