Dentro de un año se celebrará en Qatar el Mundial de Fútbol 2022. Este evento deportivo, para el que se comenzó a preparar en 2010 el emirato árabe, suponía una promesa de cambio y mejora de las condiciones laborales de las personas migrantes. Sin embargo, todavía no se ha producido una década después. La explotación laboral sigue a la orden del día y las pésimas condiciones de trabajo han arrastrado a miles de personas hasta la muerte.

La Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) y el Gobierno qatarí pactaron un acuerdo en 2017 para cambiar en tres años la normativa laboral que favorece el abuso y la explotación laboral de los trabajadores migrantes. Sin embargo, aunque la premisas eran acabar con el sistema Kafala —que blinda la relación entre los empleados extranjeros con sus empleadores sin posibilidad de buscar otro trabajo o incluso salir del país sin permiso del empleador—, incrementar la prevención, protección y persecución contra el abuso laboral o dar más voz a los trabajadores, nada de eso ha sucedido.

Además, los cambios son lentos. Solo se han hecho pequeñas mejoras, que no solucionan el problema y que llevan a los migrantes a trabajar en situaciones críticas que pueden acabar con su vida, como denuncia Amnistía Internacional en el informe Real Check 2021: A year to the 2022 World Cup. The state of migrants worker's rights in Qatar.

De hecho, Amnistía Internacional también menciona dos leyes que aprobó Qatar en 2020 para eliminar las restricciones que impedían a la mano de obra migrante salir del país y cambiar de trabajo sin permiso de la entidad empleadora. De ser correctamente aplicadas, la organización cree que se asestaría "un certero golpe al sistema kafala", pero la triste realidad es que no se están cumpliendo y varios trabajadores han asegurado que aún hay muchos obstáculos para cambiar de trabajo y la posibilidad de ser expulsados sumariamente del país si el empleador o empleadora no queda satisfecho.

Este informe también muestra la indiferencia del Gobierno de Qatar por las muertes de los trabajadores, que apuntan a estar relacionadas con las medidas insuficientes de seguridad laboral.

Miles de ellos han fallecido en la última década en Qatar. Pero no hay investigaciones por parte de las autoridades ni indemnizaciones para las familias. Los allegados de los trabajadores son los que denuncian la explotación laboral a la que se enfrentaban los fallecidos, personas sanas que sin problemas médicos previos morían durante o después de las jornadas de trabajo. Hay muchos casos. Yam Bahadur Rana, de tan solo 34 años, trabajaba como guardia de seguridad en el aeropuerto donde pasaba bajo el sol multitud de horas. Murió allí en su jornada laboral. Algo similar le sucedió a Sujan Miah que, tras trabajar durante cuatro días instalando tuberías en el desierto con temperaturas superiores a los 40º, apareció muerto en su cama.

Amnistía Internacional ha accedido a 35 certificados de defunción de estos trabajadores migrantes. En la mitad ponía que su muerte se debía a causas naturales tales como "insuficiencia cardiaca o respiratoria" y que no estaba relacionada con el trabajo. Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, apunta que "no investigar las causas fundamentales de las muertes de trabajadores migrantes, las autoridades qataríes están haciendo caso omiso de unas señales de alarma que, si se abordaran, podrían salvar vidas". Además, Cockburn ha pedido a las autoridades investigar "si los trabajadores han estado expuestos a condiciones peligrosas, como el calor extremo, y no se puede establecer otra causa de la muerte, Qatar debe ofrecer a las familias una indemnización adecuada y actuar inmediatamente para reforzar los mecanismos de protección para los demás trabajadores".