El empresario argentino Carlos Blaquier ha muerto este lunes a los 95 años tras permanecer internado en estado delicado los últimos 20 días en una clínica de Buenos Aires. Un hombre que salió impune pese a ser procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad y que jamás fue juzgado por los 400 secuestros que se llevaron a cabo entre la empresa azucarera Ledesma –propiedad de la familia Blaquier– y la dictadura en la "Noche del Apagón" en Jujuy, una de las 23 provincias de la República Argentina.

Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de los más altos tribunales del país: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años. Su impunidad fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente del Gobierno Mauricio Macri lo despidió en las redes, obviando su repertorio en materia de delitos aberrantes, y mandó su "cariño" a la familia Blaquier.

El empresario pasó el último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó 60 años de su vida. Blaquier fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron robustez al plan económico de la dictadura.

Ligado a Ledesma

Su unión con la empresa Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta, cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de azúcar. El joven abogado se incorporó a la empresa en 1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a la provincia de Jujuy, con la que tuvo cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente de la empresa en febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio –eso, sí, manchado con sangre–.

Blaquier, además, prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga de Buenos Aires a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse Grupo Perriaux, en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar el exministro de Economía José Martínez de Hoz.

El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, que como médico del Ingenio, había importunado a sus dueños tratando de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había hecho Arédez cuando fue intendente municipal de la ciudad de Libertador General San Martín.

Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades que rodean al Ingenio se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como la "Noche del Apagón", fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas al hotel de la ciudad de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.

La denuncia sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha del apagón cumplirá 40 años –tantos como la democracia–. Olga Márquez, la esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de tantos años de esperar verlo en el banquillo. "Ha sido una lucha tremenda y en el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó listas", le explica a Página12.

Historia de una demora

Lograr que avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a prestar declaración y procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo multitudinario de la agrupación Túpac Amaru dirigida por Milagro Sala.

En 2012, Poviña lo procesó por dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de la "Noche del Apagón". En 2013, la Cámara Federal de la provincia de Salta confirmó los procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. Para entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio situado en la avenida Estado de Israel, según se reconstruyó en una investigación penal.

En marzo de 2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía terminar con el "curro de los derechos humanos", la Casación hizo algo atípico: revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y el fiscal Javier de Luca. La entonces fiscal Alejandra Gils Carbó pidió que dejaran continuar el proceso.

La Corte archivó casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a Carlos Rosenkrantz por la demora. El Supremo tenía vínculos con Ledesma a través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que Macri lo nominara para el máximo tribunal. En julio de 2021, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de Casación y acusaron a los representantes de la Cámara de haber obstaculizado indebidamente el avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.

Después de eso, la defensa de Blaquier dijo que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En eso estaban cuando Blaquier murió.

Ejemplo de una justicia injusta

"Estuvimos más de 40 años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por los movimientos entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy", se lamenta Arédez, que sigue reclamando que la política se esmere en perforar la impunidad que sigue vigente en esa provincia.

"Esta es una nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial", le dice a Página12 la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

"La posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado que se llevara adelante el juicio".

Para la historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra lo difícil que es hacer justicia con los poderosos. "La muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de poder económico", explica a Página12.

"Cuando Casación dictó el sobreseimiento (terminar un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas), nosotros dijimos que había que sellar la impunidad de Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse", recuerda María José Castillo, abogada de H.I.J.O.S. Capital de Jujuy. "Lo que hizo Blaquier tiene una condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca su responsabilidad de otra manera".

Para que se haga el juicio

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció que Blaquier murió impune como consecuencia del modus operandi del Poder Judicial y reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador de la empresa Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos hechos.

"Tenemos que buscar que en la historia quede escrito que Ledesma, con el poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de las ciudades de Calilegua y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página12. "Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad biológica".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos de responsabilidad empresarial.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en sus cargos los ministros de la Corte o los representantes que nunca sentaron en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde el espacio H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.