A finales de diciembre de 2007, un grupo de kenianos, en su mayoría mujeres y niños, se refugió en una iglesia en el pueblo de Eldoret, a 400 kilómetros de Nairobi, para salvarse de la ola de violencia desatada tras las elecciones del 27 de ese mes. Unos individuos prendieron fuego al edifico. Murieron 35 personas. Los cuatro acusados de aquella matanza fueron absueltos en un juicio bajo sospecha y criticado por defensores de derechos humanos.

La justicia de Kenia ha mostrado ser incapaz de juzgar a los responsables de las matanzas poselectorales que acabaron con la vida de unas 1.300 personas y que provocaron más de 400.000 desplazados en las seis semanas que siguieron a los comicios.

Ahora, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, se propone abrir una investigación sobre la violencia. 'Considero que en Kenia se cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que voy a proceder', dijo este jueves en Nairobi, tras reunirse con el presidente Mwai Kibaki y el primer ministro, Raila Odinga.

La rivalidad entre los dos dirigentes fue el motivo de la ola de violencia. El entonces líder de la oposición Odinga no reconoció el resultado de las elecciones del 27 de diciembre de 2007 que dio la victoria a Kibaki al considerar que había fraude electoral.

'Les he informado de que en diciembre solicitaré a los jueces de la CPI que inicien la investigación, que es el proceso establecido por el Tratado de Roma', dijo el fiscal en una breve comparecencia junto con los dos líderes kenianos. Una investigación del CPI podría acabar con el proceso contra altos cargos, incluyendo a algunos ministros del actual gobierno de unidad nacional.

En julio pasado, el ex secretario general de la ONU y mediador en el conflicto de Kenia, Kofi Annan, entregó un sobre a Moreno-Ocampo en el que se encuentran los nombres de al menos diez altos cargos políticos presuntamente implicados en los enfrentamientos.

Tras el derrame de sangre, Odinga y Kibaki acordaron formar un gobierno de unidad. Asimismo prometieron crear un tribunal especial para juzgar a los responsables de la violencia, tal y como exigía Annan. Pero el Parlamento no ha dado luz verde para poner en marcha esta corte penal.

Kibaki se comprometió este jueves a 'desarrollar un mecanismo judicial local para ocuparse de los responsables de la violencia poselectoral y colaborar con la CPI'.