La conocen por sus puestas de sol cinematográficas con vistas al Pacífico, por ser el hogar de Silicon Valley y la meca del entretenimiento. Pero detrás de las alfombras rojas e innovaciones tecnológicas que han convertido a California en uno de los motores económicos del mundo, hay una realidad difícil de encajar: el estado dorado posee la mayor tasa de pobreza del país y sus casi dos millones de necesitados que podrían recibir ayudas federales a través del programa de alimentos CalFresh, no lo hacen. Entre ellos hay familias trabajadoras, vagabundos, estudiantes e inmigrantes.

“California ocupa el quinto lugar entre los estados con la tasa más baja de participación en CalFresh”, explica Gabrielle Tilley, de California Food Policy Advocates (CFPA en inglés), una organización no gubernamental dedicada a garantizar que los alimentos de calidad no falten entre los más desfavorecidos.

“Solo el 72% de los californianos está inscrito en el programa, lo que sitúa al estado por debajo de la media nacional de participación en programas similares, que es del 85%”, agrega.

Según el Instituto de California de Política Pública, CalFresh es el mayor programa de distribución de alimentos y de “estampillas de comida” del país. Aunque todos los estados tienen iniciativas similares bajo otros nombres, los fondos federales que estas reciben dependen directamente del número de individuos inscritos en ellas.

En el caso de California, donde cada miembro de una familia con bajos ingresos puede recibir hasta 192 dólares mensuales, el ahorro para las arcas federales es inmenso. Si los casi dos millones de individuos que cumplen los requisitos para participar en CalFresh se inscribieran, California estaría recibiendo 1800 millones de dólares adicionales en ayudas federales.

Pero además, como explica Tilley, esa fuga de dinero federal genera a su vez pérdidas para la economía local y estatal, que podrían estar recibiendo esa inyección de dinero extra.

“Esos beneficios mejorarían la seguridad alimenticia, aumentarían el poder adquisitivo de los californianos que atraviesan dificultades, impulsarían la economía estatal y local, y generarían 3.300 millones de dólares adicionales en actividad económica cada año”, apunta la experta. “Se trata de mucho dinero que la gente podría tener en el bolsillo para sus gastos y que no se está gastando”.

De acuerdo con un informe elaborado por CFPA, por cada dólar que los participantes de CalFresh reciben, se generan 1.79 dólares en actividad económica que contribuirían a fortalecer la cadena de producción alimentaria, incluyendo los pequeños negocios a nivel local, los distribuidores, productores, granjeros e intermediarios.

A luz de esta realidad, California ha venido redoblando esfuerzos para facilitar los trámites y poder así elevar el número de individuos inscritos por todo el estado.

En Los Ángeles, el segundo condado más grande del país y con un porcentaje de participación en CalFresh del 69%, el Departamento de Servicios Sociales Públicos explicó a este medio que ha habilitado una línea telefónica de información general para iniciar solicitudes. También ha fortalecido su presencia en las redes sociales y sellado una alianza con Code for America, una ONG que procesa en ocho minutos las solicitudes a través de la página getcalfresh.org, la cual se ha ido popularizando en varios condados.

Fruto de esta colaboración, en el año 2018 Code for America logró tramitar 140.000 solicitudes en 36 de los 58 condados donde está presente.

Con la llegada de nuevas medidas, solo en el condado de Los Ángeles, donde reside un cuarto de la población que podría beneficiarse de CalFresh, entre agosto de 2018 y agosto de 2019 el número de individuos beneficiados aumentó un 18%. Pero hay quienes opinan que los resultados no cumplen las expectativas.

“Sabemos que podemos hacer mejor las cosas. Fíjate por ejemplo en las inscripciones a Medicaid (asistencia médica pública). Es la misma población, los mismos requisitos para poder solicitarlo y mejores resultados”, asegura Tilley. “California es el número uno en inscripciones a Medi-Cal”.

En un estado como California con la mayor población de inmigrantes de toda la nación, preocupa también que las inscripciones a CalFresh bajen significativamente tras el nuevo paquete de medidas migratorias anunciadas hace unas semanas por Trump, las cuales dificultan la obtención de la residencia permanente y algunos visados para inmigrantes que soliciten determinadas ayudas federales.

“La nueva normativa de “carga pública” está haciendo que los inmigrantes californianos se salgan de CalFresh, elevando la ya de por sí elevada barrera de participación para esta población”, explica Tilley.

La activista recalca, no obstante, que son “muy pocas” las personas que en realidad pueden recibir CalFresh y a la vez ser consideradas una “carga pública” por parte del gobierno federal. Sin embargo, insiste en que “el temor” generado por el discurso del mandatario estadounidense lleva meses causando un “efecto paralizante” en este colectivo y que el número de participantes está bajando.

Tanto es así que entre enero de 2018 y enero de 2019, se registraron 85.000 inscripciones menos de niños en todo el estado. Y como apunta Tilley, que los padres de estos menores sean inmigrantes no implica que los pequeños no puedan recibir beneficios federales a los que tienen derecho –una realidad que también comparten algunas organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes.

“La política de la administración de Trump sobre ‘cargo publico’ pone en riesgo a los más vulnerables de nuestras comunidades y a los menores de edad que dependen de ayuda suplementaria alimenticia y de otros servicios como la vivienda y la atención médica”, denuncia Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una de las organizaciones más activas en materia migratoria en Los Ángeles.

“(Los niños) pueden ser víctimas del temor de sus padres a sufrir consecuencias migratorias por acceder o solicitar servicios a los que sus hijos tienen legítimo derecho”, concluye.