“Las autoridades en Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”, afirma tajante Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La organización defensora de los derechos humanos denuncia en su informe "Peligro: derechos en venta. El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos" que la construcción del canal, aprobada en un clima de opacidad informativa, podría afectar a los medios de vida de decenas de miles de nicaragüenses, dejando a muchos de ellos sin hogar.

En concreto, un estudio del promotor del proyecto indica que alrededor de 30.000 personas tendrían que ser física o económicamente desplazadas para su consecución. Por su parte, la sociedad civil estima que el número de afectados alcanzaría los 119.200, puesto que 24.100 hogares se encuentran en la zona de influencia directa del trazado del canal.

Amnistía Internacional subraya en su informe que los desalojos forzosos son considerados una violación grave de los derechos humanos y señala que el derecho internacional prohíbe llevar a cabo desplazamientos masivos sin una consulta previa a las poblaciones afectadas y la habilitación de recursos jurídicos e información sobre el proceso para todos los interesados. La organización reclama que estos criterios no se han cumplido, recalcando que las autoridades del país no han consultado a las comunidades que se verían perjudicadas por el proyecto y han ocultado información al respecto de su desarrollo e implicaciones.

"Las autoridades no pueden ignorar que el riesgo de perder el hogar y tierras de cultivo conlleva también el riesgo de sufrir la privación de un entorno familiar, redes sociales, medios de vida, alimentación adecuada, oportunidades de empleo y perjudicar el acceso a servicios de educación, agua, entre otros", defiende la organización en el informe, donde recogen la preocupación de miles de campesinos sobre las consecuencias del proyecto. “Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”, protesta uno de los campesinos entrevistados para el informe.

“La única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro", reflexiona la directora para las Américas de Amnistía Internacional. "Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos", asegura.

Una familia cultiva arroz cerca de Monkey Point, una comunidad afro-kriol de la costa sudeste de Nicaragua /Tom Laffay

Blindaje legal

Las autoridades nicaragüenses crearon un tejido legal que avala el procedimiento de construcción del gran canal interoceánico, la concesión del proyecto a Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A y HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited y la expropiación de los terrenos que coincidan con su trazado. Estas prerrogativas fueron recogidas en las leyes 800 y 840 y en el Acuerdo marco de concesión (MCA).

La polémica ley 840 establece que su aprobación "modifica o deroga cualquier ley o disposición que expresa o tácitamente se oponga a ella". Amnistía Internacional manifiesta preocupación acerca de esta cláusula, que podría anular la aplicación de cualquier regulación ambiental o de derechos humanos que la contradiga. Además, la ley autoriza la expropiación de cualquier propiedad requerida por las empresas constructoras, sin permitir a los propietarios recurrir legalmente esta decisión y sin especificar las indemnizaciones que se otorgarán.

La sociedad civil nicaragüense ha celebrado 90 marchas en diferentes puntos del país para exigir la revocación de esta ley y el respeto a sus derechos.

Líder local en la costa caribeña de Nicaragua /Tom Laffay

Castigar la disidencia

Las organizaciones de derechos humanos locales han denunciado una campaña de represión de las autoridades del país contra quien se atreva a protestar el impacto negativo del proyecto. Uso innecesario y excesivo de fuerza y detenciones ilegales han marcado la actuación policial ante las movilizaciones públicas pacíficas. 

“Cuando salgo a las marchas [...] les digo adiós a mis niños cuando voy a salir y les digo: no sé si regreso”, explica a los investigadores de Amnistía Internacional una activista nicaragüense. “La negativa de las autoridades a hablar con quienes más se verán afectados por la construcción del Canal es absolutamente ilegal y cruel. Todavía no es demasiado tarde para detener este proyecto inhumano y ponerse en el lado correcto de la ley", afirma la organización en un comunicado.