El Gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso una nueva versión del proyecto de ley ómnibus con algunas modificaciones que le habían pedido desde los bloques opositores que tienen la intención de votar la ley.

Si bien el Gobierno nacional ha presentado el proyecto como una versión supuestamente mejorada, los cambios incorporados siguen manteniendo recortes brutales para los jubilados y las economías regionales, entre otras medidas de profundo impacto, y está en duda qué harán la Unión Cívica Radical, el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, el de Innovación Federal e incluso el PRO.

Una posibilidad es que haya hasta tres dictámenes distintos: el del oficialismo que podría tener el respaldo del PRO, el de rechazo de Unión por la Patria y del FIT, y otro de la UCR y HCF. Por ahora eso no termina de estar del todo claro, más allá de que la intención de La Libertad Avanza (el partido que lidera Milei) es que la ley llegue al Congreso esta semana.

Las reuniones se sucedieron durante todo este lunes. Milei recibió a José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, para analizar el tratamiento de la ley. Al finalizar, el ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba reunido de manera virtual con un grupo de gobernadores del PRO y la UCR, ya que desde Casa Rosada dejaron trascender que ingresará este martes al Congreso una nueva ley de Ganancias.

Sería para los salarios de más de 1.200.000 euros brutos y se actualizaría en escalas trimestralmente. Además, se delegarían al Gobierno las facultades para modificar los montos de las escalas. Esto sería un punto de negociación para que los gobernadores aprueben la ley ómnibus en el Congreso. Habrá que ver si las negociaciones surten efecto y, en ese caso, qué harían los mandatarios provinciales frente a las retenciones, con las que varios de ellos ya se mostraron rotundamente en contra.

Con la nueva modificación, 141 artículos de la ley original quedan eliminados y entre los cambios que se han incorporado se disminuiría el plazo de las facultades delegadas, pero seguiría la emergencia en Salud, en el área previsional y la tarifaria, algo con lo que no está de acuerdo el radicalismo, por ejemplo.

Desde la oposición no negociadora, el presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, ha denunciado que "a todo lo que supuestamente 'renuncia' el oficialismo en la nueva versión, Milei lo puede hacer el día siguiente de aprobar la ley, debido al margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben".

Además, Martínez ha indicado que "el núcleo del proyecto no se ve alterado por las supuestas modificaciones que quieren incorporar", ya que "la ley ómnibus genera superpoderes para Milei. Perjudica a los jubilados, a los sectores productivos (principalmente la industria) y a las economías provinciales".

Sobre la delegación de facultades el diputado ha explicado que "el nivel de discrecionalidad sigue siendo enorme, porque empeora el tema energía/tarifas: elimina toda pretensión de crecimiento económico y deja abierta la posibilidad de acumular más deuda, a espaldas del Congreso", ya que elimina el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que pedía que el endeudamiento tuviese que pasar por el Congreso.

Sobre la cuestión previsional, desde UxP han denunciado que "la eliminación de los derechos jubilatorios no se modifica en ningún sentido", y que gracias a los superpoderes, "Milei podrá hacer lo que quiera: elevar la edad de jubilación, eliminar moratoria o fragmentar el sistema".

Sobre las jubilaciones

La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad seguirá en pie. Según han advertido desde UxP, esto "perjudicará a jubilados actuales y futuros". "Eso puede ser un golpe mortal para las cajas provinciales no transferidas", añadieron. Desde la oposición amigable tampoco están a favor de este punto.

El nuevo texto tiene varios puntos que, aún modificados, no terminan de convencer a la oposición. En principio a HCF, a la UCR y al bloque de las provincias no se les permitiría firmar un dictamen conjunto una serie de puntos. El previsional es uno de ellos y quizás el más importante.

En la versión original del texto, el Poder Ejecutivo Nacional quería terminar con la fórmula previsional actual y apropiarse los aumentos a los jubilados de manera discrecional. En la nueva versión explican que el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponderá a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual y que, a partir de abril, comenzará una "actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC".

En esa línea, han explicado que "el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes", y que "la inflación se definirá como la variación mensual del IPC publicado por el INDEC".

Además, aclaran que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del derecho que percibe el beneficiario o la beneficiaria". Esto ha generado molestias en la oposición amigable que quería que el aumento por inflación comenzase en enero o febrero.

Desde el radicalismo, por ejemplo, creen que la fórmula jubilatoria debería sacarse del dictamen ya que "el empalme entre las dos fórmulas que está en el dictamen del oficialismo es inaceptable". Prefieren, en tal caso, que quede en vigencia la fórmula de Alberto Fernández de 2020.

Retenciones a la exportación

Otro punto problemático es el de las retenciones. En la primera versión, el Gobierno quería aumentar todas las retenciones al 15%, incluidas las de economías regionales. En la nueva versión han creado un listado de 35 en las que varias quedarían afuera. Este punto es inadmisible para la mayoría de los gobernadores de todos los signos políticos.

Desde UxP aclararon que "las rebajas a cero en economías regionales estarán condicionadas a la elección personal del Gobierno". Se han quejado porque "el proyecto sigue castigando al agregado de valor en la producción primaria", y "el sesgo antiexportador no se modifica, complicando a la industria manufacturera".

Desde la UCR están en contra de cualquier aumento de las retenciones. No están conformes con la excepción de 35 economías regionales y rechazan las subidas al 15% de industrias de distintas zonas del país. También rechazan el aumento del 31 a 33% para los derivados de la soja.

Privatizaciones

También hay conflicto con las privatizaciones. El Gobierno quería privatizar todas las empresas del Estado, pero en esta nueva versión excluyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y aclaró que hay otro grupo entre las que están Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, que solo podrán privatizarse de manera "parcial", debiendo mantener en el Estado el control de la empresa.

Entre las que sí se podrán privatizar quedaron, entre otras: Aerolíneas Argentinas, Aysa, los trenes y los medios públicos. Además aclararon que "respecto del proceso de privatizaciones que se lleve adelante conforme las disposiciones de la presente ley, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696".

Desde UxP han añadido que "la Bicameral de Privatizaciones no puede ser el ámbito para habilitar el tratamiento". Desde la oposición dialoguista también muestran disconformidad respecto a este punto porque, según comentaron fuentes cercanas a Hacemos Coalición Federal (HCF): "No es lo que se habló y la privatización sigue siendo automática". Ellos quieren que la privatización pase empresa por empresa por el Congreso. En el radicalismo disgusta que las avale una Bicameral y no pasen por los recintos de ambas cámaras.

Financiación de partidos

Otro punto en tensión es el de la reforma electoral. En un principio, desde el Gobierno habían dicho que todo ese capítulo iba a quedar para las sesiones ordinarias, pero los legisladores negociadores se sorprendieron cuando leyeron que en la nueva versión de la ley seguía uno de los puntos más polémicos en esa área: el de financiación de los partidos políticos. Según analizan desde los bloques opositores, el artículo 461 que sustituye al 12 de la Ley 26.215 permitiría el ingreso de fondos de cualquier tipo, incluso del narcotráfico.

Otras modificaciones discutidas

La ley ómnibus, entre otras cuestiones de suma gravedad, también le quitaría financiación a la Ley de Barrios Populares, con la que se pudieron llevar a cabo obras en más de 5.000 barrios desde que está vigente.

También mantendría la prohibición de la protesta, habilitaría la posibilidad de arancelar la universidad pública para extranjeros y el blanqueo de capitales que propone se destinaría a la capitalización del Banco Central y no a las provincias por coparticipación, cosa que molesta a los gobernadores.

Por otro lado, en el texto modificado no se elimina el artículo que pide avisar al Ministerio de Seguridad si se hacen reuniones en el espacio público. La normativa también pretende prohibir a los docentes y empleados del Estado militar políticamente, disolver la defensoría del público, autorizar la quema de terrenos si la autoridad de aplicación no responde después de 90 días al pedido (en la versión anterior decía 30), habilitar la reventa de entradas para eventos deportivos y dejar impunes los casos de violencia policial, entre otras cosas.