En 2016, una abogada, una periodista y una antropóloga forense que trabajaban para esclarecer las masacres de las fosas de San Fernando, donde fueron encontrados los restos de casi 300 migrantes, fueron investigadas y espiadas por el Estado mexicano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Se abrió una investigación ilegal contra ellas, en la que fueron acusadas de participar en delitos de delincuencia organizada y secuestro, y, sin que ellas fuesen notificadas, durante meses tuvieron acceso a los registros de sus teléfonos móviles, su geolocalización y todos sus datos personales.

Así lo denuncia el informe Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México de Amnistía Internacional (AI), que fue presentado este martes en Ciudad de México. En este evento, el director de la organización en España, Esteban Beltrán, afirmó que hay que dejar de hablar de "crisis de derechos humanos en México, porque crisis supone que hay un espacio temporal donde se agrava la situación, y que hay un principio y un final". Se debe hablar, según Beltrán, "de un mal endémico de violaciones de derechos humanos en México".

En las fosas clandestinas de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos por México en agosto de 2010. Más adelante, en abril de 2011, se encontraron otros 196 cuerpos de diversas nacionalidades. Se consideró una de las más grandes violaciones de derechos humanos del país, no sólo por lo ocurrido sino por la forma de obstaculizar la investigación que intentaba obtener justicia para las víctimas.

Ana Lorena, Marcela y Mercedes: tres mujeres perseguidas

El informe da a conocer los casos de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, –abogada, periodista y antropóloga forense–, que, desde sus distintas disciplinas, quisieron colaborar en la investigación de la masacre. Mercedes Doretti, antropóloga forense que fue perita de la investigación, realizó una enorme cantidad de dictámenes sobre "la cantidad de irregularidades" que encontró en los procedimientos, que estaban bajo el mando de la Procuraduría General de la República de México (PGR).

La abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez creó una fundación que representaba a cerca de 300 familiares de víctimas de los migrantes desaparecidos y ejecutados. Estuvo seis años intentando conseguir las copias de los expedientes de las fosas, que la Fiscalía se negaba a darle, e intentando que se considerara "víctimas" a las familias para poder garantizarles justicia y una reparación.

Por su parte, la periodista mexicana Marcela Turati, especializada en desapariciones de personas, cubrió el suceso de las fosas de San Fernando para la revista en la que trabajaba. Marcela tuvo que ver cómo "el Gobierno desaparece de nuevo a los desaparecidos", según narró en la presentación del informe. "En la morgue noté anomalías, y vi el momento en que se llevaron los cuerpos a las Ciudad de México, luego supe que para ocultarlos", añadió. Marcela conoció entonces a Ana Lorena, que, como representante legal de las víctimas, le facilitó contactos de familiares de personas migrantes desaparecidas para obtener testimonios.

Entre otras, pudo entrevistar a una madre que buscaba a su hijo desaparecido. Como Marcela había estado en la morgue, cuando la madre le enseñó fotografías de su hijo, ella pudo reconocerle: su cuerpo había sido hallado en las fosas de San Fernando. Sin embargo, la PGR no se lo había comunicado nunca a la mujer, que aún seguía buscándole.

Con la información recabada durante meses, Marcela pudo publicar una serie de reportajes que incomodaron a los miembros de la Procuraduría por denunciar los hechos ilícitos que encontró en su investigación. Así, la PGR denunció que los reportajes habían publicado "información no autorizada": afirmaron tener la denuncia de la mujer entrevistada por Marcela, en la que constaba que la periodista y Ana Lorena la habían forzado a revelar información y que no les autorizó para revelar su historia (algo que quedó contradicho por las grabaciones de la periodista). La PGR también culpó a la antropóloga Mercedes de haberles filtrado datos de la investigación a la abogada y a la periodista.

Así, el Estado consiguió desviar la atención y las tres mujeres fueron acusadas de participar en los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Se abrió una investigación contra ellas sin informarlas en ningún momento, y, sin una solicitud policial, se pidió la geolocalización y el registro de llamadas y comunicaciones de los teléfonos privados de las mujeres, que las empresas entregaron al entender que se trataba de una investigación de un delito grave.

El Estado obtuvo así un completo control sobre ellas: espiaban toda la información de sus teléfonos móviles, tenían todos sus datos personales y su geolocalización, y el poder de detenerlas en cualquier momento sin mayor explicación. Mientras tanto, la masacre de San Fernando sigue en impunidad y todos sus perpetradores en libertad.

"Luchar por nosotras es luchar por ellos"

"Son las familias las que nos han mostrado el camino. Luchar por nosotras es luchar por ellos", denunció en la presentación del informe la abogada Ana Lorena. Porque la criminalización de las defensoras de derechos humanos en México tiene graves consecuencias en la sociedad, generándose un efecto amedrentador a otras personas que quieran investigar violaciones de derechos humanos, y provocando que las víctimas queden indefensas y no puedan decidir quién las defiende.

"Como periodista, yo debería estar ahí sentada haciendo preguntas, no debería estar aquí. Pero algo está podrido en un país donde es más peligroso investigar un crimen que cometerlo", expuso Marcela en la presentación del informe. También recordó que, cuando empezó en la profesión, siempre le preguntaban "¿estás en peligro?", a lo que ella contestaba "no, yo solo cubro a las víctimas, no me meto con los narcos". Pero lo que no sabía, según narró, es que "se estaba metiendo con otro tipo de delincuencia organizada, la que está dentro de la Fiscalía".

En México, desde el inicio de la mal llamada guerra contra el narco, los periodistas se convirtieron en "corresponsales de guerra sin tener que salir del país". Desde entonces, México está en la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 88 comunicadores asesinados desde 2012 y más de 30 desaparecidos, de los que "nadie habla porque no están muertos", denunció Marcela.

"Atentar contra peritos y peritas atenta directamente contra la posibilidad de hacer justicia para miles de familias de víctimas que esperan una respuesta. Y afecta directamente y de frente al Estado de derecho", añadió la antropóloga forense Mercedes. Al reflexionar sobre qué buscan con esta causa claramente abierta en su contra, confesó no poder dejar de observar que las tres son "mujeres y líderes cada una en su área de trabajo".

"La utilización ilegítima del espionaje a peritos, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos se extiende como una plaga por todo el mundo", defendió el director de Amnistía Internacional en España. Por ello, agregó, es necesario que se inicie una campaña no solo nacional sino global contra la persecución penal de miembros de la sociedad civil. "Para que Ana Lorena, Marcela y Mercedes sepan que no están solas en su lucha por conocer lo ocurrido", concluyó.