El presidente Jair Bolsonaro volvió a construir un Brasil imaginario en una comparecencia internacional, esta vez en el marco de la cumbre del clima virtual convocada esta semana desde la Casa Blanca por Joe Biden. Los análisis, argumentos y compromisos del líder brasileño son opuestos a las estrategias que ejecuta de puertas para adentro. Su actitud ya no provoca críticas, sino consternación.

Bolsonaro leyó su discurso durante siete minutos, salpicando el presente con
buenos datos del pasado, obtenidos por anteriores gestiones, y se comprometió, sin pestañear, a eliminar la deforestación ilegal hasta el año 2030. Semejante afirmación, teniendo en cuenta su currículum, causa sonrojo en Brasil. El presidente lo definió como una "tarea compleja", para la cual son necesarias "medidas de comando y control". Ha determinado, dice, "el fortalecimiento de los órganos ambientales, duplicando recursos destinados a acciones de fiscalización". Este aumento de recursos no está reflejado –más bien todo lo contrario– en los presupuestos para 2021.

Fuera de esta burbuja ficticia, en la vida real, más de 400 funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) han enviado esta misma semana una queja oficial a las autoridades constatando que una de las últimas normas implementadas por el Ministerio de Medioambiente –a través de la cual cada sanción ambiental tiene que ser revisada por un superior– ha provocado "la paralización de todo el proceso sancionador ambiental", tras colocar "una especie de censor, con amplia e ilimitada discrecionalidad".

El Brasil real es el que presenta el peor primer trimestre de los últimos diez años en términos de deforestación en la Amazonia, según el instituto Imazon. El pasado mes de marzo desaparecieron 810 kilómetros cuadrados de selva. Cuando estos datos negativos llegan desde organismos públicos, Bolsonaro aparta de su cargo al responsable, como hizo en 2019 con el director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). Bolsonaro sostenía que el sistema de detección de deforestación en tiempo real mentía.

En el Brasil real el presidente, su Ejecutivo y sus aliados reman para la aprobación de un proyecto de ley –PL4348– que favorece los latifundios y la falsificación de títulos de propiedad de tierra para asentamientos ilegales –motor de la violencia rural en Brasil–. "El gobierno Bolsonaro viene insistiendo en cambiar las reglas de regularización de tierras en la Amazonia para beneficiar a los grandes invasores, alegando hacer justicia con los pequeños productores", asegura Raul do Valle, director de justicia socioambiental de WWF Brasil, para este reportaje. "Hay otros proyectos que están listos para ser votados, esto solo es una píldora de lo que tenemos por delante".

Mercados de carbono para mercantilizar la selva amazónica

De todo el despliegue táctico del presidente Bolsonaro ante los focos del mundo entero lo que más impresiona a Greenpeace Brasil es "señalizar la apertura del mercado de carbono en Brasil para florestas", como procedimiento para comercializar activos de compensaciones por emisión de gases de efecto invernadero. En conversación con Público, la coordinadora de clima y justicia de la organización, Fabiana Alves, señala que este método en muchos lugares está prohibido, porque es verdaderamente complicado controlar lo que sucede en las selvas, verificar que se está actuando según lo acordado, que se están conservando los activos que se han adquirido para compensar emisiones de gases de efecto invernadero.

Relacionándolo con los artículos 5º y 6º del Acuerdo de París, Bolsonaro indicó en su intervención que "los mercados de carbono son cruciales como fuentes de recursos e inversiones para impulsar la acción climática, tanto en florestas como en otros relevantes sectores de la economía, como industria, generación de energía y gestión de resíduos". Añadió el presidente, además, que es precisa una "remuneración justa por el servicio ambiental prestado por nuestros biomas al planeta".

A este respecto, más de setenta organizaciones de la sociedad civil ya firmaron una carta conjunta con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 titulada No a las compensaciones forestales en el Artículo 6 del Acuerdo de París. El documento advierte que, con este sistema de "mercantilizar la selva, que sería transformada en créditos de dióxido de carbono para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de otros países", Brasil se acerca a un escenario más delicado todavía, que incluye "pérdida de soberanía sobre los territorios", poca ambición en la reducción de emisiones –no se reducen, sino que se compensan–, "hipotecar el futuro de miles de personas", y "desviar la atención del combate a los problemas reales forestales nacionales promovidos por grupos de interés que quieren debilitar las políticas de protección forestal en el país".

Mencionó Bolsonaro en su discurso en la cumbre del clima el legado para las generaciones futuras. En este futuro, según Fabiana Alves, el Ejecutivo actual "será visto como un gobierno de excepción, con una persona no democrática al frente elegida por medio de elecciones, que no escuchó ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades tradicionales". Greenpeace considera que la mejor forma de proteger la Amazonia es defendiendo los derechos de estos pueblos, "que son sistemáticamente excluidos de las políticas del Gobierno actual".

También pasará a la historia, en opinión de la portavoz de Greenpeace, el representante Ricardo Salles, "ministro de Medioambiente actuando contra el medioambiente", en definitiva, "un desministro". En manos del Tribunal Supremo está una investigación contra Salles por supuesta colaboración con una trama que beneficiaba a madereros ilegales, creando obstáculos para las acciones de control e inspección de la Policía Federal y del Ibama.

El ministro de Medioambiente, de breve pero controvertida carrera política, desconcertó a los brasileños el abril del año pasado, con la pandemia comenzando a invadir el país, cuando sugirió en una reunión ministerial aprovechar el momento para "desburocratizar y simplificar normas", mientras "la atención de la prensa está volcada exclusivamente en la covid". Para ir modificando reglas de protección ambiental, dijo, no necesitaban "pasar por el Congreso".