El periodista marroquí Hamid al Mahdaui, fundador y director del sitio web badil.info, fue condenado la pasada madrugada a un año de cárcel por el Tribunal de Apelación de Alhucemas, que agravó su pena de tres meses dictada en primera instancia.

Según ha relatado este martes a la agencia Efe Rachid Belali, miembro de su equipo de defensa, el juicio se prolongó durante once horas y terminó a las cinco de la madrugada.

Mahdaui, uno de los periodistas más críticos con el sistema en Marruecos, estaba acusado de incitar a participar en una protesta que había sido prohibida.

El periodista fue detenido el pasado 20 de julio en Alhucemas, durante una manifestación no autorizada convocada por el movimiento rifeño conocido como Hirak, al que su sitio web había servido de altavoz.

Pero además, Mahdaui se enfrentará próximamente a otro proceso por "no denuncia de crímenes" en una conversación telefónica que tuvo con un líder rifeño exiliado en Europa, quien supuestamente le comunicó sus planes de entrar en el Rif "con tanques".

Además, el régimen de Mohamed VI tiene pendientes causas judiciales contra otros siete periodistas que fueron detenidos desde el estallido de las protestas del Rif.

Marruecos ha caído al puesto 133, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras, que lamenta un "lento pero constante deterioro de la libertad de prensa" en el país y que "las autoridades del reino cada vez ejercen mayor presión sobre los medios de comunicación para disuadirlos de tratar temas delicados como la monarquía, el islam y el Sáhara Occidental", considerados como las líneas rojas para la libertad de información y expresión en este país.

Según RSF, los informadores se enfrentan a la censura, la vigilancia y las intimidaciones. Además, corren el riesgo de tener que pagar elevadas multas o ser encarcelados, mientras que la prensa extranjera también enfrenta dificultades y cada vez son más frecuentes las expulsiones de periodistas extranjeros, ordenadas por las autoridades marroquíes.

Juicio a los líderes de las protestas

Precisamente, este martes ha comenzado en Casablanca el proceso contra 21 líderes de las protestas rifeñas, que se ha convertido en una causa judicial de carácter político.

El juez del Tribunal de Apelación de Casablanca decidió al poco de comenzar la sesión aplazar el proceso hasta el 3 de octubre, pero la defensa alargó la sesión para reclamar la libertad provisional para los 18 jóvenes arrestados hace tres meses e imputados por graves delitos contra la seguridad del Estado.

La pasada semana, el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas condenó a 26 activistas de Hirak a penas que suman un total de 53 años de prisión firme por su participación en las protestas sociales del Rif.

El abogado Rachid Belaali explicó que esos activistas fueron condenados a entre un año y tres años de prisión firme, y a pagar multas cuyo valor llega hasta 5.000 dirham (unos 500 euros).

Esas personas, la mayoría de ellas jóvenes, fueron arrestadas por su participación en una manifestación celebrada el pasado 13 de agosto en la localidad de Imzuren, 15 kilómetros al sur de Alhucemas, capital del Rif.

Belaali señaló que la defensa de los procesados ha pedido ya la apelación de esos juicios, que calificó de "crueles". Después de siete meses de protestas, las autoridades comenzaron a finales de mayo pasado a detener a los manifestantes rifeños y actualmente hay 216 de ellos encarcelados, 47 de los cuales aguardan juicio en la prisión de Ukacha, en Casablanca, y 169 más condenados o en espera de juicio en la prisión regional de Alhucemas.

Denuncias de torturas

El pasado martes, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió al rey Mohamed VI de Marruecos que ordene investigar "con seriedad" las denuncias de torturas supuestamente perpetradas por la policía marroquí contra activistas rifeños detenidos.

Pese a la detención también de la cúpula encargada de movilizar a los activistas y cuyo juicio empieza el próximo martes, las protestas sociales y la tensión continúan de forma esporádica en Alhucemas y en las poblaciones cercanas.

Los rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos como demanda prioritaria, la construcción de una universidad y de un hospital oncológico en la provincia de Alhucemas, así como puestos de trabajo y la "desmilitarización" de la zona.