MADRID. - Dicho y hecho. Tras la caída de Dilma Rousseff, Lula da Silva se había convertido en el próximo objetivo político de la justicia brasileña. El expresidente de Brasil será juzgado por presunta corrupción, después de que un juez federal haya aceptado este martes la denuncia presentada por la Fiscalía en relación a la supuesta aceptación de 3,7 millones de reales (un millón de euros) en sobornos.

La acusación de la Fiscalía, conocida la semana pasada, recoge unos presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. El Ministerio Público acusa a Lula de haber otorgado dos contratos a la constructora OAS para llevar a cabo obras vinculadas con la trama de Petrobras. A cambio, el expresidente habría conseguido reformar un triplex en la playa de Guarujá y OAS también le habría pagado el alquiler de un almacén.

Los abogados de Lula insistieron en que la denuncia presentada la pasada semana por la Fiscalía, y aceptada hoy por el juez, carece de "pruebas". "Ni los defectos formales de la pieza de acusación ni la ausencia de pruebas contra Lula, como ha reconocido de manera amplia la comunidad jurídica, impidieron que el referido juez llevase adelante lo que hace mucho tiempo dejó claro que haría: imponer un delito que jamás perpetró", señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira

La defensa del expresidente de Brasil volvió a subrayar la "pérdida de imparcialidad" del magistrado, un hecho que ya denunció ante la Justicia brasileña y que todavía debe ser analizada.

Además de Lula, el juez Moro abrió un proceso a otras siete personas: la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y otros cuatro ejecutivos de esa empresa.

Moro aclaró que la aceptación de la denuncia no significa que se esté admitiendo la responsabilidad criminal de los acusados, que tiene que ser demostrada por la Fiscalía, y dijo que necesita dejar eso claro debido a que la presencia de Lula entre los acusados "puede dar al caso reacciones de toda especie fuera del proceso".

Muchos juristas dudan de la acusación

El expresidente siempre ha negado de forma categórica haber cometido cualquier delito. "Prueben una corrupción mía y me iré a pie para ser encarcelado", proclamó la semana pasada desde Sao Paulo, en un emotivo discurso. Además de Lula y su mujer, Marisa Leticia, otras ocho personas están acusadas de formar parte de un esquema que desvió al menos 87,6 millones de reales de la trama de Petrobras. Según los fiscales, Lula da Silva sería "el jefe del grupo".

El Ministerio Público acusa a Lula de haber otorgado dos contratos a la constructora OAS para llevar a cabo obras vinculadas con la trama de Petrobras. A cambio, el expresidente habría conseguido reformar un triplex en la playa de Guarujá y OAS también le habría pagado el alquiler de un almacén. 

En la rueda de prensa del pasado miércoles del fiscal Deltan Dallagnol se esperaba que se diera a conocer las pruebas definitivas contra Lula, pero no fue así. En realidad no hubo novedades, sino una denuncia calificada por varios juristas como "frágil, poco técnica y mediática". Una de las primeras debilidades de la presentación de los fiscales fue el hecho de acusar a Lula de ser "jefe de una cuadrilla criminal", pero no denunciarlo por participación en organización criminal. "Es algo completamente absurdo; si realmente piensan que es el comandante de un esquema delictivo, ¿por qué no lo denuncian formalmente?", se preguntaba el profesor de Derecho Wálter Maierovitch.

Al especialista en Filosofía del Derecho, el jurista Lênio Streck, le preocupa que el propio fiscal Roberson Possobom reconociera en la denuncia de la Fiscalía no tener "pruebas cabales" que comprueben que Lula es propietario del apartamento. Según Streck, eso demuestra “la fragilidad” de las acusaciones.

Para el ex presidente de la Organización de Abogados de Brasil (OAB) Marcello Lavenére, la rueda de prensa fue “un espectáculo para las escuelas de comunicación, y no una actuación propia de un Ministerio Público en los cánones que establece la Constitución de 1988”. El jurista se mostró “escandalizado” ante el comportamiento "inaceptable" de este grupo de fiscales. Según Lavanére, el propio Ministerio Público debería “procesar” a estos trabajadores por “manchar su imagen” y dejar “en ridículo” a una institución “que no debería ser política”, informa Agnese Marra.


La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que el juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, ha "impuesto" al exmandatario un delito que "jamás" cometió, tras aceptar procesarlo penalmente por presunta corrupción y lavado de dinero.