Tras cerrar en Kigali un acuerdo político-económico para ejecutar deportaciones masivas de migrantes desde Reino Unido a Ruanda, la ministra del Interior británica, Priti Patel, ratificará, presumiblemente, la orden judicial para proceder a la entrega de Julian Assange a Estados Unidos.

Esta autorización será recurrida por el equipo de abogados del periodista australiano y paralizará la extradición, lo que permitirá seguir batallando para revertir la situación, poniendo en el horizonte, incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al que está vinculado el Reino Unido.

En este contexto e inmersos en unos tensos meses para el gobierno de Boris Johnson que afronta, por el "Partygate", una grave crisis de credibilidad, pérdida de apoyo social, peticiones de dimisión entre sus propias filas y otras consecuencias, se deberá decidir sobre el futuro del editor de WikiLeaks, que aguarda encerrado en aislamiento en la cárcel londinense de Belmarsh desde el 11 de abril de 2019.

Esta prisión de máxima seguridad situada a 50 minutos en coche del 10 de Downing Street, sede del Gobierno británico, donde la mujer del primer ministro, Carry Johnson, también había montado fiestas en plena pandemia y que se incluirá en el "Informe Partygate".

Así las cosas, el caso Assange encarrila su recta final, aunque se prevé que se intensificarán las presiones internacionales sobre el Reino Unido, tanto por las acciones legales de los letrados del equipo de Julian Assange como las de los Estados Unidos, en caso de que las resoluciones del Home Office (Ministerio del Interior británico) no satisfagan las respectivas demandas de las partes implicadas en este largo proceso.

Silencio sobre Assange del primer ministro australiano Albanese

Ahora la presión también recae sobre un nuevo actor: el electo primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese, que se comprometió durante la campaña electoral a exigir la liberación Julian Assange y, en su caso, su extradición a Australia, tras una década en la que los conservadores australianos abandonaron a su suerte al periodista ahora encarcelado y con futuro incierto.

Albanese, que manifestó en mítines electorales su apoyo a Assange con afirmaciones como "ya es suficiente; no veo de qué sirve mantener a Julian Assange encarcelado", participó la semana pasada en una reunión en Tokio con el presidente de Estados Unidos, Joe Bien, dentro de la cumbre estratégica "Quad" junto a Japón e India. En su encuentro, el primer ministro australiano y el presidente norteamericano solo hablaron "de los lazos de Estados Unidos con Australia como parte de una estrategia para contener a China", "de la alianza entre Estados Unidos y Australia como un ancla de estabilidad y prosperidad en Asia-Pacífico" y "de los viajes del progresista Albanese a Estados Unidos en su época de becario".

Asimismo, Albanese señaló que organizaría la próxima cumbre "Quad" en Australia en 2023, pero dijo que esperaba "visitar los EEUU antes de esa fecha". Silencio absoluto acerca de la situación de su compatriota encarcelado, Julian Assange.

La batalla legal por liberar a Assange sigue

Aitor Martínez es abogado y miembro del equipo legal que defiende a Julian Assange ante la justicia británica y que ejerce la acusación junto a Baltasar Garzón en nombre del periodista australiano y de WikiLeaks ante la Audiencia Nacional española en el caso contra UC global por espionaje en la embajada de Ecuador en Londres. Para Martínez, "el Home Office disponía de dos meses prorrogables desde el 20 de abril pasado, cuando el juez Paul Goldspring acordó la extradición de Assange a Estados Unidos remitiendo su auto a la ministra Priti Patel. En esa fecha, al mismo tiempo, se abría un plazo de cuatro semanas a la defensa del periodista para apelar, hasta el 18 de mayo, para resolver si procede o no a la entrega en esta fase gubernativa".

Al mismo tiempo, la decisión de la ministra Priti Patel podrá ser recurrida de inmediato ante la High Court (Tribunal Superior de Justicia) y, posteriormente, eventualmente, ante la Supreme Court (Corte Suprema).

El abogado de Assange señala que "además, todos los elementos que fueron rechazados en la primera instancia, ante el Juez de Distrito -District Judge- (donde se denegó la entrega de Julian Assange únicamente por su estado de salud y las condiciones tan penosas que le aguardaban en Estados Unidos), pueden ser apelados ahora en lo que se denomina como cross appeal".

Por lo tanto, señala el abogado del editor de WikiLeaks ,"lo relativo a la persecución política, a la libertad de prensa, a la doble incriminación ante cargos que se enmarcan en la Ley de Espionaje de 1917 contra un periodista, la extraterritorialidad abusiva de la jurisdicción norteamericana, el principio de proporcionalidad (con potenciales penas que podrían llegar a los 175 años de cárcel simplemente por publicar crímenes de guerra para los que rige una obligación de persecución internacional) o lo relativo a las operaciones de la CIA para asesinar o secuestrar a Assange, todos esos elementos, serán sometidos a cross appeal ante la High Court y, posteriormente, podrían igualmente ser recurridos ante la Supreme Court".

"Junto a lo anterior -apunta el letrado- es necesario recordar que Reino Unido es parte de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y está sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que tras agotarse las instancias internas se podría acudir a esta instancia supranacional. Además, de igual forma, se podría pedir la suspensión de la entrega mientras se dilucida el fondo de la petición".

La Primera Enmienda de EEUU. Libertad de Expresión

Los principales argumentos legales expuestos para paralizar el proceso de extradición vuelven a ser los originales, basados en la integridad física y la salud mental de Julian Assange, que ya fueron valorados por la Hight Court en enero de 2021 para no extraditar al editor de WikiLeaks a Estados Unidos, como señala el equipo legal de Assange.

En concreto, se hace mención a los informes médicos que ponen énfasis en el deterioro físico y mental del periodista tras 7 años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres y desde el 11 de abril de 2019 en aislamiento en la prisión de Beldmarsh, tal y como explica el abogado Aitor Martínez. Pero también se hace referencia a la absoluta carencia de credibilidad de los Estados Unidos para garantizar la integridad de ningún individuo procesado por su aparato judicial y penitenciario; al hecho objetivo de que la inteligencia norteamericana planeó desde 2017 hasta 2019 asesinar a Assange en su exilio en la Embajada de Ecuador en Londres, para lo que no dudó en espiar al periodista, a sus abogados, a miembros de la ONU, con la implicación de la empresa de seguridad española UC Global; y también a la ausencia de garantías de que Assange, en caso de ser deportado, no será acusado y juzgado por otros supuestos crímenes o delitos no incluidos expresamente en la petición de extradición.

Asimismo, en la apelación del 18 de mayo se incluía, lógicamente, el principio básico de esta causa, que no es otro que determinar que Julian Assange es un periodista que edita una agencia de noticias llamada WikiLeaks y que la Primera Enmienda de los Estados Unidos impide que los periodistas puedan ser encausados penalmente por realizar su trabajo y mucho menos ser perseguidos fuera de sus fronteras.

“Las acusaciones contra Assange tienen motivaciones políticas”

En este sentido cabe recordar la declaración ante el tribunal de Londres en septiembre de 2020 del profesor norteamericano de Periodismo de la Universidad de Maryland, Mark Feldstein.

El docente fundamentó la tesis de la defensa en que "las acusaciones contra el periodista tienen motivaciones políticas". Consideró además que extraditar a Julian Assange "constituiría un abuso de proceso y aseguró que en Estados Unidos no existían precedentes de que un periodista o editor hubiese sido juzgado por publicar información clasificada".

"La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU -señaló Feldstein- protege ese tipo de publicaciones y el trabajo de los periodistas especializados en temas de seguridad nacional depende de las filtraciones del gobierno". Feldstein afirmó que "Assange ha publicado información veraz e importante que ha expuesto actos ilegales y no éticos del gobierno estadounidense".

La CIA 'recalificó' a Assange de periodista a espía para poder perseguirle

Evidentemente el profesor Feldstein pone el foco en el problema. Ningún periodista puede ser perseguido en Estados Unidos por publicar información veraz porque está amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de 1787.

La citada Primera Enmienda dice literalmente: "Enmienda I. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios".

De ahí el papel distorsionador y manipulador de la CIA con Mike Pompeo al frente, bajo la presidencia de Donald Trump, que entre 2017 y 2018 estudiaron la manera de burlar a la propia legalidad norteamericana para poder justificar la criminalización del periodista australiano que, además, se encontraba en un tercer país, Reino Unido, y dentro de la embajada de un cuarto país, Ecuador.

Así que la CIA de Pompeo-Trump resolvió el problema de la Primera Enmienda "recalificando o redefiniendo" la cualidad y actividad profesional del "objetivo". Julian Assange, a partir de agosto de 2018, dejó de ser reconocido como "periodista de investigación" amparado por la Constitución de los Estados Unidos, para pasar a ser considerado un "espía". Al mismo tiempo, la agencia de noticias WikiLeaks, pasó a "convertirse" en un "servicio hostil de inteligencia", con las consecuencias que ello podría acarrear a los miembros y colaboradores de la plataforma y a partir de ese momento sus miembros podrán ser capturados en cualquier parte del mundo.