“Supongo que quien firmó esta exclusiva pagará un alto precio por ello”, declaró Tayyip Erdogan, días antes de impulsar una querella criminal contra el director del periódico Cumhurriyet, en la que se pedía cadena perpetua. La exclusiva en cuestión demostraba como los servicios secretos turcos estaban introduciendo armas y combatientes en Siria, hecho que había sido negado por el propio Erdogan. Cumhurriyet continuó cubriendo la noticia y a los pocos meses su director entraba en prisión acusado de espionaje, revelación de secretos y, cómo no, ser miembro de un grupo terrorrista.

Turquía nunca ha sido el país de la libertad de prensa. En su historia moderna este hermoso país, lleno de culturas y de historia, ha sido gobernado por varias juntas militares, y jamás ha sido amigo, por ejemplo, de la transparencia informativa sobre el conflicto kurdo.

Por ser un puente entre Europa y Oriente Próximo, la República Turca siempre ha estado a la búsqueda de un equilibrio entre el laicismo y el islamismo. Cuando Erdogan se convirtió en Primer Ministro, hace ya catorce años, muchos creyeron que empezaba una buena época para los Derechos Humanos. Él mismo había sufrido la censura, condenado en 1998 por recitar en público un poema de corte yihadista. Y durante algunos años parecía que soplaban buenos tiempos para la libertad de expresión. Las cifras macroeconómicas además funcionaban, incluso después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Pero el equilibrio entre religión y laicismo es difícil, sobre todo cuando se ve mezclado con la adicción al poder.

Freedom House sitúa el deterioro de la libertad de expresión en Turquía a partir del 2007, y en el 2012 era ya el país con más periodistas en prisión del mundo. Pero hay tres momentos que marcan especialmente el deterioro de la libertad de expresión: Las protestas del parque Gezi en 2013, las elecciones generales en 2015 junto al carpetazo al proceso de paz con el PKK , y el intento de golpe militar en 2016 con su posterior purga.

Muchas de las mejoras que hasta entonces se habían registrado tenían como aliciente el proceso de ingreso en la Unión Europea. Pero este proceso se caracterizaba por su lentitud. Y con el boom económico Turquía se inclinó por convertirse mejor en una potencia regional.

Varias presonas muestran el lema "Cumhuriyet no se silencia" durante una concentración delante del Palacio de Justicia de Estambul (Turquía) hoy, 24 de julio de 2017. Empleados del diario se sientan en el banquillo de los acusados hoy acusados de colaborar con una organización terrorista que conlleva penas de hasta 43 años. La policía detuvo al editor jefe Murat Sabuncu, y al columnista Hikmet Cetinkaya, del diario Cumhuriyet, y emitió trece órdenes de arresto contra periodistas y ejecutivos durante una operación policial el 31 de octubre de 2016. EFE/Erdem Sahin

El Código Penal y la Ley Antiterrorista son los instrumentos más utilizados para atacar la libertad de expresión en Turquía. El primero es especialmente restrictivo, y la segunda especialmente vaga.

Con la Ley Antiterrorista se han penalizado acciones no violentas, y a menudo sostener causas (los derechos de la minoría kurda), que sostengan también organizaciones ilegales, como el PKK, es presentado como prueba culpatoria. El Código Penal es el instrumento habitual con el que se acusa por difamación, que en concreto por difamación al Presidente de la República, tenía el año pasado a 18 personas en prisión. El Código Penal permite también imponer un silencio informativo sobre los detalles relativos a atentados terroristas.

Las webs bloqueadas en Turquía son decenas de miles, y desde hace dos años no es necesaria una orden judicial para bloquear un sitio preventivamente. Youtube, Facebook o Twitter han sido habitualmente bloqueadas en momentos de protestas y violencia política. A Junio de este año Wikipedia llevaba dos meses bloqueada. A raíz de una negativa a retirar información sobre la relación de Turquía con grupos yihadistas en Siria y con estados fundamentalistas, las autoridades decidieron bloquear la enciclopedia entera. Desde el año pasado bloquear toda la red por motivos de seguridad nacional ha pasado a ser legal.

Inmediatamente después del intento de golpe militar se cerraron por decreto 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 periódicos, 15 revistas y 29 editoriales acusación de vínculos con el presunto organizador del golpe, y después los cierres se extendieron arbitrariamente a los medios de izquierdas o a los kurdos, incluyendo su canal de programación infantil. Algunas de estos cierres, como el del diario Zaman, pudieron verse en directo, con la policía entrando en plena emisión frente a un equipo de periodistas llenos de coraje.

Otra estrategia habitual durante estos años ha sido la no renovación de contratos para la emisión a través del único satélite nacional, Turksat. Estas denegaciones de servicio no necesitaban estar justificadas, y canales que emitían en kurdo a través de otros satélites, el francés eutelsat, han visto también denegada su emisión cuando la autoridad turca de medios (RTÜK) se lo ha propuesto.

Erdogan habla en una reunión de su partido, el AKP /REUTERS (Murad Sezer)

La propiedad de los medios en Turquía está fuertemente concentrada en pocas manos, a menudo grandes grupos empresariales con presencia en otros sectores clave de la economía como infrastructuras, minería o turismo, y cuyos intereses dependen en buena parte de licitaciones estatales. Ciertas políticas editoriales podrían poner en riesgo estos intereses económicos, y Erdogan ya manifestó públicamente, durante una elecciones, que cuando determinada información no le gustaba telefoneaba a los ejecutivos propietarios del medio.

En otras ocasiones el camino escogido para doblegar a un medio incómodo con el poder ha sido abrirle una inspección de hacienda e imponerle una multa desproporcionada, es lo que le ocurrió al grupo Dogan, tras cubrir sus medios unos casos de corrupción relacionados con la familia del Presidente. Suceden también incautaciones de medios, que son colocados bajo la gestión de administradores estatales, o llevados directamente a subasta pública.

Extracto de una viñeta de una campaña de Amnistía Internacional por la libertad de prensa en Turquía /Stephan Simanowitz

Este fue el caso de diario de tirada nacional Sabah. El medio pasó a ser controlado por un grupo de empresarios liderados por el yerno del propio Erdogan, y su línea editorial se transformó en una especie de portavoz del partido en el gobierno.El caso de Sabah ilustra la otra acción gubernamental que ha corrido paralela a la a la represión de voces críticas, y que ha conseguido crear un paisaje de medios privados afines al gobierno, al que a veces se denomina con la expresión “medios de la piscina”.

Esta enorme piscina incluye medios dispuestos a variar los porcentajes obtenidos en estudios de intención de voto durante elecciones, o la realización de entrevistas laudatorias al Presidente en momentos de crisis, entre otros favores que solicita el gobierno. En algunas conversaciones filtradas a la opinión pública se pudo escuchar como a propósito de un multimillonario concurso para la construcción del tercer aeropuerto de Estambul, el entonces Ministro de Transportes solicitaba a empresarios concursantes una aportación de 450 millones de dólares, que iría destinada a la compra de medios de comunicación.

Junto a esta piscina cabe situar a los los medios de titularidad pública, como la agencia de noticias Anadolu y el canal TRT, que durante los procesos electorales tiene por costumbre dedicar el espacio de emisión casi en exclusiva al partido gubernamental. Si a esto le añadimos el elevado grado de autocensura que el resto de medios acaban practicando tras años de persecución, el panorama general de medios de información en Turquía sólo puede ser alarmante.

Se calcula que sólo tras el intento de golpe militar perdieron su trabajo 2.500 periodistas, y las cifras más optimistas de periodistas encarcelados son en torno a 80 a día de hoy. Siete han sido asesinados en los últimos diez años, a veces por acción del Daesh, otras por fuego cruzado, y en otras ocasiones sin que se conozca el motivo. Las agresiones son muchas, tanto durante la cobertura de situaciones críticas, como después de que Erdogan u otros altos oficiales públicos, hagan de algún periodista blanco de sus críticas.

A Can Dundar, el director de Cumhurriyet, un desconocido lo intentó asesinar fuera de los juzgados . Multitud de periodistas se han visto también imposibilitados de viajar al extranjero porque, al presentar su pasaporte en algún control fronterizo, éste había perdido su validez, al constar en el sistema informático un misterioso aviso de “pasaporte extraviado”.

Este mes de agosto 35 periodistas han sido arrestados al tener instalada en su teléfono una app de protección de datos, Byblock, que al haber sido utilizada por personas implicadas en el golpe militar, los vincula según las autoridades a éstos. Y este mes también un grupo de periodistas que han decido cubrir otro juicio contra los empleados del periódico Cumhurriyet, se han encontrado con que los “medios de la piscina” están organizando una sensacionalista campaña en su contra.

Manifestación en Estambul a favor de la puesta en libertad del periodista sueco-turco Hamza Yalcin, detenido en Barcelona. FP/ Ozan Kose

La prensa extranjera por su parte también ha recibido su dosis de represión. La deportación es desgraciadamente una práctica habitual. Der Spiegel, el mayor semanario europeo, apenas puede trabajar en Turquía, ya sea porque a su corresponsal se le niega la acreditación, ya sea por sufrir amenazas anónimas tras informar sobre temas relacionados con la familia de Erdogan. Deniz Yucel, corresponsal de Die Welt, está en prisión, y el freelance francés Loup Bureau, con experiencia en Ucrania, Pakistán y Egipto, también está entre rejas tras informar sobre temas kurdos.

Las persecuciones de periodistas no se circunscriben sólo al interior de sus fronteras. En los últimos tiempos Turquía echa mano también de la Interpol para perseguirlos más allá. En España Dogan Akhanli y Hamza Yamçil esperan que la Audiencia Nacional decida sobre su extradición a Turquía. El primero fue puesto en libertad provisional por el juez Fernando Andreu, el segundo lleva ya casi un mes en prisión y ha visto como la Audiencia rechazaba su recurso.