Vladímir Putin ha impuesto este miércoles la ley marcial en los cuatro territorios que se ha anexionado: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Además, Moscú ha iniciado la evacuación de la sureña Jersón. Estas medidas extraordinarias coinciden con la ofensiva emprendida por las tropas de Ucrania.

Asimismo, la ley marcial ha sido ratificada inmediatamente por el Senado de Rusia, y formaliza por derecho a partir de esta medianoche una situación de facto desde hace largo tiempo. Putin ha decretado también la creación de unidades de defensa territorial para garantizar la seguridad de los territorios anexionados.

Los líderes de estas zonas pasarán a tener poderes adicionales para garantizar el orden público y la seguridad de los edificios que posean una importancia vital para el normal funcionamiento de las regiones. Entre estos "poderes adicionales", está la censura, el control de las conversaciones telefónicas, aplicar el toque de queda o arrestar sin garantías durante 30 días.

La ley marcial, al fin y al cabo, se puede definir como el Gobierno del Ejército, ya que es la forma en la que se transfiere el poder civil a los militares, que pueden ejercer jurisdicción sobre los ciudadanos de una zona particular. Normalmente, se establece de forma temporal, ya que se aplica en momentos de emergencia. 

Una vez que la ley marcial entra en vigor, el jefe militar de la zona puede llegar a tener una autoridad ilimitada para hacer cumplir las leyes. Para aplicar una norma de este estilo, los Estados deben argumentar que la autoridad civil ha quedado inactiva, está ausente o se ha vuelto ineficaz. Esta normativa, por ello, suele suspender todas las leyes existentes, así como a la parte del aparato del Estado que debe velar por el cumplimiento de la ley, como a la administración de Justicia. Por ello, los tribunales ordinarios dejan de operar y son sustituidos por tribunales militares.

¿Hay ley marcial en España?

La ley marcial conlleva la suspensión de derechos civiles y la extensión a la población civil de la ley militar. En España no existe una ley marcial como tal. Lo más parecido es el estado de sitio. La ley que regula esta norma establece que se debe declarar por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y a petición del Gobierno, "cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios".

En la declaración de esta figura, se podrá autorizar la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado tres del artículo diecisiete de la Constitución". Es decir, las relativas a la libertad y seguridad; a la prisión preventiva; a la información sobre sus derechos; o al derecho a un abogado. 

La Carta Magna española recoge que "el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley. "El Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera", añade el texto constitucional. 

Es más, la Constitución indica que "la Autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del estado de sitio". Respecto a la Justicia, el Congreso de los Diputados podrá en la declaración de esta norma "determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción Militar". 

Tras el estallido de la guerra en Ucrania en febrero, el Gobierno de Volodímir Zelenski declaró la ley marcial en Ucrania y el Parlamento aprobó rápidamente el decreto necesario para que la medida entrara en vigor cuanto antes. Así, las Fuerzas Armadas ucranianas controlan las funciones civiles del Estado.