Desde 2013 y a petición de las autoridades de la dictadura turca, más de treinta personas han sido detenidas, encarceladas o vinculadas por la policía española al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa Popular (HPG), una organización incluida hace dieciséis años por la Unión Europea en su listado de grupos terroristas.

Todas fueron absueltas o se archivó sus causas; en algunos casos, después de que los imputados cumplieran condena preventiva incluso en régimen FIES (para presos peligrosos) y tras haber sido prejuzgados por algunos medios de comunicación que calumniosamente les atribuían la condición de terroristas peligrosos, asumiendo a priori y a pies juntillas los relatos policiales y judiciales posteriormente desacreditados por los tribunales. De manera sistemática, se ha vulnerado la presunción de inocencia de los inculpados.

El caso más reciente es el de los miembros de Reconstrucción Comunista (RC) condenados la semana pasada por pertenencia a grupo criminal -pero absueltos de pertenencia a una organización- a quienes la Brigada de Información de la Policía Nacional y el juez Eloy Velasco acusaban de formar parte de un entramado que enviaba terroristas a combatir en Oriente Medio. El desconocimiento de la realidad geopolítica del que se hacía gala en los informes policiales y en el auto judicial llevaba al juez a asumir presunciones nunca demostradas como que las milicias kurdas de Siria (YPG) que han combatido contra el Estado Islámico con el apoyo de los norteamericanos y de una coalición de la que forma parte España se hallan subordinadas al PKK y comparten los mismos dirigentes.

Se da la paradoja de que el Gobierno de España del Partido Popular apoyó la intervención norteamericana en Siria, y los principales aliados de Estados Unidos—y por extensión, de nuestro país— en la lucha contra el Daesh eran los miembros de esa misma milicia kurda a la que Velasco consideraba la delegación siria de los terroristas del PKK. En el concierto de las naciones de Occidente, sólo la dictadura turca defiende la misma posición por la que el magistrado abogaba en su auto.

El español Doctor Delil, tras ser liberado de su cautiverio en una cárcel kurda. ESTHER PERAL

El auto daba también por hecho que RC había realizado labores de reclutamiento e incluso había intimidado y obligado a algunos de sus miembros a pelear contra el Estado Islámico, a quienes se enviaba a Siria con la colaboración de un germano -Alexander Höher-, supuesto militante del Partido Marxista Leninista de Turquía (MLKP) cuya extradición se reclamaba a las autoridades de Bonn, y de un kurdo de Turquía -Nizamettin Gul.

Los alemanes se negaron a extraditar a Höher porque no consideraban que ninguna de sus actividades merecieran la consideración de delito, pero el juez mantuvo la orden internacional de captura por si viajaba a algún tercer país que tenía bien el enviarlo a España. Eso nunca sucedió.

Con el fin de demostrar que RC coaccionaba a sus miembros para que combatieran en el llamado Batallón Internacional de la Libertad contra el DAESH, la Audiencia Nacional se amparaba en las afirmaciones de uno de los inculpados -Pablo Díaz Ocampo o “Camarada Paco”- que terminó colaborando con la policía tras su arresto a cambio de beneficios procesales. Tanto él como varios de los militantes de RC interrogados por la policía abandonaron la organización a raíz de los problemas judiciales.

Todas las elucubraciones del juez Velasco relacionadas con esas supuestas tramas terroristas kurdas han quedado fuera de los hechos que se dan por probados en la sentencia emitida la semana pasada, donde se condenaba a dos miembros de RC -Roberto Vaquero y Álvaro Fernández Ruiz-, y a tres ex militantes del partido -Pablo Díaz Ocampo, Carlos del Val Valcárcel y Adrián Delgado González- a penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión, por otros delitos diferentes. Tanto su supuesta condición de miembros de una organización criminal como la presunta posesión de sustancias explosivas fueron definitivamente desmentidas por el veredicto judicial.

Terroristas kurdos de Valencia

Mucho antes de que se dictara esa sentencia, los miembros de RC fueron condenados de antemano por parte de la Prensa en cuanto concierne a sus presuntos vínculos con “criminales kurdos de Turquía” o, eventualmente, respecto a su propia condición de terroristas. “La policía detiene a tres terroristas kurdos del PKK en Valencia”, se aseguraba, por ejemplo, en el titular de un diario levantino en enero de 2016.

Los kurdos de los que hablaba ese periódico eran, en realidad, tres militantes valencianos del RC, y ninguno de ellos fue inculpado junto al resto de sus compañeros después de ser interrogados. Ni siquiera el responsable del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid encontró nada punible en sus actos, lo que no impidió que el mencionado diario convirtiera en “terroristas” en su titular al los comunistas valencianos.

El miliciano Arges Artiaga, imputado de izquierdo, junto a una guerrillera kurda en Raqqa. Ferran Barber

Este no era un caso aislado. No pocas de las informaciones a las que dieron lugar las detenciones del secretario general de RC -Roberto Vaquero-, y de varios militantes más de ese partido -entre ellos, los dos milicianos que combatieron con la Brigada Internacional de Liberación, en Rojava-, insinuaban o aseguraban literalmente -años antes de que se dictara la sentencia- que esa pequeña formación estalinista era la delegación española del PKK, una organización con la que, sin embargo, jamás habían mantenido lazos “institucionales” demostrables.

En el auto, Velasco llamaba la atención con fines probatorios sobre el hallazgo de “una bandera del PKK” en la sede de RC en Madrid durante el registro que se practicó y sobre la amistad circunstancial de Vaquero con un kurdo propietario de un kebab madrileño -Nizamettin Gul-, finalmente absuelto por la Audiencia Nacional, tras ser reiteradamente tildado de “terrorista” ante la opinión pública.

Se da la circunstancia de que el mentado Gul ya había sido detenido en 2013 junto a su hermano Firat -ambos exboxeadores- y otros cuatro kurdos -Zeki Batur, Hakan Hulen, Ismet Tuk y Yulus Enru- en el transcurso de la operación policial “Anatolia”. En este caso, la policía sostenía que había desarticulado a una red de financiación mediante extorsiones del movimiento de liberación kurdo de Turquía. Amparándose en el testimonio de una supuesta víctima de la trama que actuó como confidente policial, la Brigada de Información mantenía que los inculpados intimidaban a la comunidad kurda de Madrid, Levante y Galicia para que los expatriados contribuyeran económicamente con cantidades de entre doscientos y quinientos euros mensuales al sostenimiento de la guerrilla kurda.

Cerca de medio año pasaron en prisión incondicional antes de que sus casos fueran archivados. Nunca se les resarció por ello ni se divulgó siquiera que habían sido exonerados de los cargos, a diferencia de lo sucedido durante sus detenciones, en febrero de 2013, cuando cerca de un centenar de medios de comunicación amplificaron de forma acrítica la versión de los hechos que la policía y el juez nunca probaron.

Fue justamente a partir de 2013 cuando la policía comenzó a investigar los supuestos nexos del PKK con un pequeño partido de jóvenes estalinistas (Reconstrucción Comunista), tirando de la madeja del supuesto vínculo entre Nizamettin Gul y su secretario general, Roberto Vaquero, a quienes, según afirman ambos, sólo les une una afición y unos ideales comunes: la solidaridad con el pueblo kurdo y el gimnasio donde practican distintas disciplinas de lucha.

Detención del “Camarada Martos”

A tenor de las pesquisas realizadas por la Policía Nacional, se produjeron en junio de 2015 las detenciones de los dos milicianos de RC que combatieron en Rojava, el confidente policial “Camarada Paco Arcadio” -Pablo Díaz Ocampo- y el “Camarada Martos” -Álvaro Fernández Ruiz-. Se estima que entre veinte y treinta voluntarios españoles -de todas las ideologías o sin ninguna ideología conocida- han viajado hasta la fecha a Irak o el norte de Siria para combatir contra el Daesh bien con los peshmergas kurdos, bien con las unidades yazidíes de Sinyar (YBS) o con las mencionadas milicias kurdas de Siria (YPG). Y, sin embargo, tan sólo Díaz Ocampo y Fernández Ruiz fueron arrestados en nuestro país por supuesta colaboración con terroristas.

Arges Artiaga, francotirador gallego, en su base de Raqqa Foto por Ferran Barber

¿Qué les diferenciaba, entonces, del resto de sus compañeros para hacerse acreedores de tantas atenciones policiales? No eran los únicos voluntarios que habían viajado a pelear contra el Estado Islámico con un claro compromiso político puesto que se conocen varios casos de milicianos anarquistas y de ultraderecha, pero sí fueron los únicos brigadistas conocidos que se enrolaron en la unidad internacional donde combaten los marxistas-leninistas turcos del MLKP, a los que Turquía detesta y combate con especial inquina. El vademecum de grupos terroristas de la dictadura del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan incluye cientos de organizaciones y a todo aquel que lucha por la liberación del pueblo kurdo pero el MLKP ocupa un lugar de privilegio, junto al PKK y las propias YPG, a las que Ankara acaba de agredir militarmente en las zonas sirias de Tell Abyad y Kobane (Siria). En opinión de Vaquero, “es más que evidente que su juicio ha sido político”.

Acosando a quienes luchan contra el DAESH

Bien es verdad, por otra parte, que otros jueces intentaron inculpar a varios milicianos españoles que combatieron en Rojava, especialmente, al principio del conflicto, cuando no se había producido todavía una pequeña avalancha de voluntarios y cuando estos no habían atraído aún las simpatías de parte de la opinión pública, aquella que veía con buenos ojos la generosidad de todos estos españoles -otrora tildados de mercenarios- que habían decidido arriesgar sus vidas para combatir contra los yihadistas del Estado Islámico.

Uno de los casos más sonados fue el del gallego Arges Artiaga, a quien la AN trató de atribuir a su regreso del primero de sus tres viajes a Siria -en abril de 2016- los delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal, tenencia de armas y comprometer la paz o independencia del Estado. Artiaga estaba recibiendo el mismo o peor trato que los yihadistas de ISIS a los que combatió. Pero el auto fue archivado en junio de ese mismo año sin que fuera arrestado o ingresara en prisión. A día de hoy, el caso de Pablo Díaz Ocampo y Álvaro Fernández Ruiz es único en Occidente. Ningún otro voluntario internacional contra el DAESH ha sido castigado judicialmente hasta la fecha, claro que de acuerdo a la sentencia, no han sido condenados por luchar en Siria, sino por pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas.

Sólo dos meses después de que se archivara el caso de Artiaga -en agosto de 2016- eran detenidos y encarcelados en el Kurdistán de Irak por la policía secreta o Asayish del régimen dictatorial de Barzani otros tres españoles conocidos con el sobrenombre de Doctor Delil, Agir y Robin. Todos habían formado parte de las YBS yazidíes de Sinyar y al igual que había sucedido en España con Artiaga o con el Camarada Martos, se les vinculaba al terrorismo kurdo. Gracias a las denuncias realizadas por la Prensa, los españoles fueron liberados tras sufrir torturas durante un confinamiento que, en el caso de uno de ellos, duró más de tres meses.

Tras abandonar su confinamiento, los españoles denunciaron el dudoso papel del Ministerio de Asuntos Exteriores español en su encierro y su liberación y, en particular, el del consul honorario español en Erbil, un kurdo del partido de Barzani -PDK- al que acusaban de estar detrás de su encarcelamiento. Su caso es semejante al de otro hispano-alemán al que las autoridades germanas retiraron el pasaporte y prohibieron salir de la Unión Europa, a principios del verano pasado, tras regresar de combatir en Siria con el emblema de las YBS. Martin Kampler está a la espera de que se determine si se le juzga o no en Alemania por terrorismo

Conectadas por el apoísmo

El asedio policial y judicial a todos estos milicianos y a los militantes comunistas del Comité de Solidaridad con Rojava ha suscitado en paralelo acusaciones a las autoridades españolas de seguidismo y sumisión a las directrices turcas además de un debate sobre la verdadera naturaleza del HPG (o PKK) y de las organizaciones políticas y militares autónomas kurdas que también se inspiran en el apoísmo -la ideología reformulada por su fundador Abdula Ochalan -confinado por los turcos en una cárcel de Estambul- tras renunciar a sus viejas filias estalinistas y tomar prestado de Murray Bookchin algunos conceptos cercanos al anarquismo, como el municipalismo libertario o el confederalismo.

El llamado “paradigma de la sociedad de las mujeres libres, democrática y ecologista” es el sustrato ideológico sobre el que se sostiene la acción de diferentes partidos y milicias kurdas de Oriente Medio, lo que explica, por ejemplo, que toda la iconografía socialista del YPG se presente a menudo acompañadas de fotografías de Apo. Muchos de sus milicianos llevan, de hecho, un emblema con el rostro de Ochalan en la charretera. Tanto sus actos políticos como los edificios gubernamentales del norte de Siria acostumbran a decorarse con grandes fotos de Ochalan, que inequívocamente delatan un cierto culto al líder.

¿Es o no el PKK un grupo terrorista? “Es cierto que, sobre todo al principio, durante los años 80 y a comienzos de los 90, esta milicia organizó y ejecutó actos que pueden considerarse “terroristas”. Pero compararlo ahora con una organización criminal es un grave error de interpretación”, aseguraba el periodista especializado en asuntos kurdos Manuel Martorell en una entrevista realizada por este diario. El antiguo redactor-jefe de Internacional del diario El Mundo -sin ninguna simpatía política conocida- fue también vetado en los Estados Unidos por unas supuestas actividades terroristas que nunca se aclararon y que, probablemente, guardaban relación con el hecho de que había tomado parte en una conferencia donde uno de los ponentes simpatizaba con el movimiento kurdo de liberación de Turquía.

Al igual que buena parte de la opinión pública internacional e incluso algunos miembros del Gobierno norteamericano partidarios de la eliminación del PKK del listado de organizaciones terroristas, Martorell no alberga dudas de que ni los métodos ni las actividades de esa milicia son, en rigor, hoy en día, los propios de los terroristas.

“Los kurdos siguen atacando a su Ejército -afirmaba el reportero-, el segundo más numeroso de la OTAN, con una gran preparación y equipamiento, manteniendo combates que duran horas enteras y controlando tramos de carretera en distintas partes del sureste de Turquía. ¿Es eso el modo de actuar de una mera organización terrorista? Al mismo tiempo, se sabe que el PKK tiene unidades que están combatiendo contra el Estado Islámico en varios frentes de Irak y Siria, en algunos casos colaborando estrechamente con la alianza internacional. [...] Si eso fuera cierto, ¿cómo debiéramos calificar al Estado turco, que ha bombardeado y destruido núcleos enteros de población y ha convertido el Kurdistán en un reino del terror?”.

Atendiendo las peticiones de Turquía -uno de los socios comerciales y políticos con los que nuestro país mantiene lazos más estrechos-, España había arrestado hasta febrero del pasado año a catorce sospechosos de terrorismo, pero paradójicamente, desoyó las peticiones de Ankara y se negó a extraditarlos, una vez llevadas a cabo las publicitadas operaciones policiales donde, por sistema, salía a relucir la supuesta condición de terrorista de individuos cuyo único delito era a menudo oponerse a la dictadura de Erdogan o defender al pueblo kurdo. El más controvertido de estos arrestos y encarcelamientos fue el del periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin, a quien la Audiencia Nacional mantuvo en la cárcel durante varias semanas pese a las reiteradas peticiones de liberación que formularon las propias autoridades suecas.

Sin pruebas de su conexión

El hostigamiento a los milicianos españoles que han combatido como voluntarios en el norte de Siria plantea, asimismo, un segundo debate acerca de si, en verdad, debería ser consideradas las milicias kurdas de Siria (YPG) una mera delegación o brazo armado regional del PKK turco, tal y como Eloy Velasco y Erdogan sostienen. El criterio norteamericano es que unas y otras son autónomas e independientes, a pesar de que -nunca lo han ocultado- el PKK contribuyó y sigue contribuyendo con efectivos a la lucha contra los yihadistas en batallas como la de Kobane o en la defensa de los yazidíes de Sinyar. ¿Por qué, si no, los hubiera convertido la administración de Obama en sus más fieles aliados en la arena de la guerra siria? Fue, de hecho, el PKK quien impidió el genocidio de los yazidíes de Sinyar después de que los peshmergas kurdo-iraquíes de Barzani se retiraran del área para proteger los pozos de petróleo de Kirkuk, en plena ofensiva del Daesh. Incluso a día de hoy, mantienen dos academias de formación y varios cientos de hombres y mujeres, más o menos encubiertas, en esa región iraquí donde sirven varios españoles bajo el emblema de las YBS -creadas por el PKK y completamente legales fuera de Turquía.

Se sabe, también que ninguna de esas organizaciones comparten los mismos líderes y menos todavía existen pruebas de que los sirios subordinen sus decisiones a sus hermanos kurdos, más allá de las relaciones de amistad que les conecta y de sus afinidades ideológicas. En una entrevista realizada en febrero pasado por este diario a Cemil Bayik, enemigo público número uno de Turquía, el líder del PKK aseguraba: “Tanto los Estados Unidos como sus aliados occidentales saben que el PKK ni es ni merece ser considerada una organización terrorista. El incluirnos en ese listado fue una decisión meramente política que tenía por finalidad contentar a Turquía y no poner en peligro las relaciones económicas y políticas con este país, al que los occidentales otorgan un trato de privilegio. El mundo capitalista se basa en intereses. En relación a las políticas hacia Oriente Medio, no podemos esperar ningún enfoque sostenido sobre valores morales”.

CRONOLOGÍA DE ARRESTOS Y OPERACIONES POLICIALES

12 de febrero de 2013. Operación Capadocia
La Comisaría General de Información anuncia que ha desarticulado el aparato de financiación y extorsión en España de la organización “terrorista” kurda PKK. En el transcurso de una operación policial coordinada con los vecinos galos, se detiene a seis kurdos en España y a otros dieciséis, en Francia. Entre los detenidos y posteriormente encarcelados en España se hallan Nizamettin Gul y su hermano. El juez Santiago Pedraz decreta prisión preventiva para todos ellos. Tras pasar seis meses en prisión, el caso es archivado.

15 de febrero de 2013
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan pide a España y Francia que extradite a los detenidos. La petición es desatendida.

24 de marzo de 2013
A petición de España, detienen en el aeropuerto de Bruselas al presunto responsable de extorsión de la organización terrorista kurda PKK, Yilmaz Orkan.

6 de julio de 2015
Dos miembros españoles de Reconstrucción Comunista son detenidos cuando regresaban de luchar contra el Estado Islámico en Siria. Se les conoce con el sobrenombre de “Camarada Paco Arcadio” y “Camarada Martos”. Se les toma declaración y se decreta su libertad condicional.

28 de agosto de 2015
La Embajada de los Estados Unidos deniega el visado para entrar en Estados Unidos al periodista Manolo Martorell, especializado en temas kurdos y antiguo redactor jefe de Internacional de El Mundo. Se le acusa de estar implicado en actividades terroristas, pero no se precisa cuáles.

8 de octubre de 2015
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González dicta prisión incondicional contra un kurdo de Turquía, Senol Akyaz, apresado en Torrellano por su presunta vinculación con el terrorismo. Las autoridades de Ankara le reclaman para que cumpla una condena de seis años por pertenencia al PKK pero no es extraditado.

27 de enero de 2016. Operación Valle
La policía española arresta a ocho miembros de Reconstrucción Comunista y a un kurdo de Turquía, Nizamettin Gul. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, asegura que los detenidos realizaban labores de captación y reclutamiento para el PKK y organizaban la infraestructura para el envío de milicianos a Siria.

27 de enero de 2016
El secretario general de RC, Roberto Vaquero, es internado en prisión sin fianza. Se suspende durante un año la licencia de RC.

23 de marzo de 2016
La Audiencia Nacional pone en libertad con cargos a Roberto Vaquero tras el pago de una fianza de 6.000 euros. Vaquero ha pasado confinado 49 días en régimen FIES -el mismo que se aplica a los terroristas.

24 de marzo de 2017
Turquía ordena deportar al vizcaíno Eduardo Izarzugaza Uribelarrea, quien fue arrestado en un control policial en Diyarbakir donde había viajado junto a una delegación de asociaciones de solidaridad con la causa kurda.

20 de abril de 2016
Se acusa formalmente al miliciano Arges Artiaga de pertenencia a organización criminal, homicidio, tenencia ilícita de armas y de comprometer la paz o la independencia del Estado. El gallego había combatido contra el Estado Islámico en Siria.

17 de junio de 2016
La Audiencia Nacional archiva el caso de Arges Artiaga.

Agosto de 2017
Tres milicianos españoles conocidos con los sobrenombres de Doctor Delil, Agir y Robin son detenidos por los servicios secretos del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) sin otro cargo conocido que combatir como voluntarios contra Daesh en las filas de las YBS, un grupo de autodefensa con base en la región iraquí de Sinyar creado por la guerrilla kurda del PKK para ayudar a la minoría religiosa yazidí.

3 de agosto de 2017
Detenido en el aeropuerto barcelonés de El Prat el periodista turco Hamza Yalçyn a petición de Turquía. Yalçyn reside en Suecia y cuenta con pasaporte de este país. Se le acusa de haber insultado al primer ministro.

11 de agosto de 2017
El Defensor del Pueblo pregunta a la Fiscalía General por la situación jurídica de Hamza Yalçyn.

17 de septiembre de 2017
Un tribunal belga emite una sentencia en la que concluye que el PKK no es una organización terrorista.

28 de septiembre de 2017
El periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin es puesto en libertad tras 56 pasar días encarcelado en la cárcel Brians I de Barcelona. El 5 de octubre regresa a Suecia.

6 de octubre de 2017
La Guardia Civil detiene en Sevilla a H.C., de 40 años, un turco reclamado por su país por su presunta pertenencia al grupo terrorista Devrimc Halk Kurtulus Partisi/Cephesi (DDKP-C), el Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo.

26 de noviembre de 2017
La región autónoma del Kurdistán iraquí excarcela al Doctor Delil. Robin había sido liberado después de veinticinco días de arresto. Agir, de 21 años, es puesto en libertad tras pasar 115 días en la cárcel. Trece días antes había salido a la calle el Doctor Delil. Ninguno de ellos sabe todavía por qué fueron confinados y torturados.

Julio de 2018
A su regreso de Sinyar (Irak), las autoridades alemanas retiran el pasaporte al hispano-alemán Martin Klamper y se le prohíbe abandonar el territorio de la Unión Europea. Está a la espera de saber si se le juzgará por terrorismo, tras haber combatido contra el DAESH en las filas de las YBS.

15 de octubre de 2018
Comienza el juicio en la Audiencia Nacional por organización criminal, tenencia de armas y explosivos y enaltecimiento del terrorismo contra el secretario general, cuatro militantes de Reconstrucción Comunista y un kurdo de Turquía.

31 de octubre de 2018
La Audiencia Nacional condena a penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión a cinco miembros del partido estalinista Reconstrucción Comunista (RC) a quienes acusaba de colaborar con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización incluida en la lista de organizaciones terroristas por la Unión Europea. El kurdo Nizamettin Gul es absuelto.