Un juez del estado de Idaho (ubicado al noroeste de los Estados Unidos) ha bloqueado este miércoles una ley cuyo contenido prohibía prácticamente todas las modalidades de aborto, incluidos aquellos en los que la salud de la madre se encontrara en peligro.

La nueva normativa había sido recurrida con anterioridad por la organización en favor del aborto digno Planned Parenthood, que solicitaba que se detuviera la entrada en vigor de la norma el próximo 25 de agosto, alegando que viola los derechos a la privacidad y a la igualdad ante la ley. Pero, por tres votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema del estado denegó su petición y dio la razón al Gobierno republicano de Idaho, permitiendo su aplicación.

Las demandas e impugnaciones no se detuvieron ahí y, al conocer el resultado de una sentencia que a luz vista viola los derechos humanos a las mujeres, fue el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, quien anunció, esta vez, una nueva contienda. El letrado explicó que, además de un atentado contra la vida de las gestantes, la nueva jurisdicción  contra el aborto "criminaliza a los médicos".

De esta forma, el Departamento de Justicia demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los doctores que tienen que intervenir cuando el aborto es "el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente" y el magistrado B. Lynn Winmill dio la razón al Gobierno estadounidense. En esencia, el juez ha indicado en su escrito que Idaho tiene jurisdicción para legislar sobre el aborto, pero que queda limitada por las regulaciones sanitarias impuestas a nivel federal.

Se trata de la primera acción del Gobierno central contra un estado desde que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia "Roe contra Wade" y eliminase así la protección federal del derecho al aborto, cediendo a los estados su legislación. Y, previsiblemente, no será la única. El grupo de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la decisión del Supremo, según fuentes de la administración Biden, se está dedicando a evaluar "el panorama cambiante de las leyes estatales" y ya se están estudiando "litigios adicionales" contra otros estados.