La jueza argentina María Servini, que investiga el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se muestra optimista por el devenir de la instrucción y confía en que dentro de un año pueda confirmarse la imputación contra los nueve acusados actuales (tres exministros, dos jueces y cuatro policías), según ha declarado en la única entrevista que ha concedido desde que asumió la causa en abril de 2010. Entre los nueve posibles imputados estaría José Utrera Molina, exministro de Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, el expolicía acusado de torturas apodado Billy el Niño’.

María Servini es una jueza veterana -76 años- titular desde 1990 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires que ha decidido romper su silencio públicamente con una entrevista concedida al programa especializado La Memoria de la emisora pública Radio Andalucía Información. Sus inéditas declaraciones se producen una semana después de haber visto frustrado su intento de tomar declaración por videoconferencia a 12 personas que tenía citadas durante varios días en el Consulado argentino en Madrid. “Me pareció muy desagradable que, en el último momento, cuando todo estaba preparado y veíamos a los declarantes en la pantalla dispuestos a hablar desde el Consulado, esto se cortara, porque era como cortar la ilusión a la gente y cortarla a nosotros para seguir investigando”.

La jueza admite que recibió el pasado miércoles una llamada del embajador argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática desde el Gobierno español para que se suspendiera la toma de declaración. “No me sentí presionada, sino defraudada. No quise ser artífice de que de esa situación derivara en serias consecuencias para mí país y suspendí la declaración. De todas formas –añade Servini-, ya se están corrigiendo todos esos supuestos errores, aunque para mí no hay errores, y espero que nos autoricen a tomar declaración por videoconferencia a algunas de esas personas que están desesperadas por declarar y que carecen de medios para pagarse un viaje a Argentina”.

No es la primera vez que Servini encuentra serios obstáculos en su instrucción desde el Gobierno español. Incluso con Zapatero en el poder, el fiscal general del Estado frenó su intención de venir a España: “Nos pusieron una serie de inconveniencias que hicieron imposible nuestra ida a España. Creíamos que era más fácil hacer las videoconferencias, pero ya es la segunda vez que me las paran”, se lamenta la jueza.

Preguntada por la causa de esta reiterada resistencia oficial española a facilitar su instrucción, gobierne quien gobierne, no titubea: “No quieren que se investigue”. La jueza añade: “No soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.

Pese al retraso y a la progresiva acumulación de querellantes -ya van 150-, María Servini se muestra confiada: “Antes de fin de año se puede terminar con la toma de declaraciones”. La cuestión es cómo, cuándo y dónde poder desarrollar tanto trabajo pendiente, si hasta ahora sólo han hablado ante la magistrada 5 de las 91 personas previstas.

La jueza sugiere a quienes tengan que declarar que sería mucho más fácil para ella recibirlos en su despacho de Buenos Aires, e incluso bromea con la posibilidad expuesta por el entrevistador de que se lleguen a fletar vuelos charter desde España a modo de “turismo o emigración judicial” con testigos y querellantes por el genocidio franquista. “Si fuera así, yo estaría muy contenta. Sepan que todos los que quieran viajar van a ser atendidos y se les va a tomar su correspondiente declaración”.

De hecho en las próximas semanas van a ir cinco personas a declarar a Buenos Aires, algún alcalde, algún parlamentario y hasta el exjuez Baltasar Garzón, a quien conoce desde 1991 y que tiene cita para el 27 de mayo: “una excelente persona y una pena perder a una persona que tanto ha luchado por la justicia en su país y en otros, como el mío”. El exmagistrado español que rompió la impunidad de las dictaduras chilena y argentina acude ahora a Argentina como experto a instancia de los querellantes y, a juzgar por las palabras de Servini, parece que su declaración puede influir en el desarrollo del procedimiento: “Lo esperamos pensando que puede ser una declaración muy esclarecedora. Por eso no he querido escuchar a los otros antes, porque primero quiero escuchar a Baltasar para ver si pregunto lo mismo o si tengo que ampliar las preguntas”.

María Servini, no obstante, piensa venir a España para tomar declaración, ya que no cree que funcione la vía de la comisión rogatoria que propone el Gobierno de Rajoy. “El inconveniente es que quieren que venga sola y yo necesito venir con mi equipo, porque de otro modo casi me tendría que quedar a vivir aquí y no puedo dejar mi juzgado, entre otras cosas porque hay elecciones en mi país y yo tengo también responsabilidad sobre el proceso electoral”.

Pese a tantos inconvenientes, la magistrada argentina mantiene la esperanza en que “en un año como mínimo” puedan sustanciarse las primeras imputaciones en esta causa por el genocidio franquista con las correspondientes órdenes de detención cursadas al Gobierno español: “Yo me lo imagino. A Pinochet no lo dejaron detener pero también fue perseguido en Chile. Contreras y otras personas fueron detenidas en Chile en base a los elementos acusatorios que nosotros les facilitamos. Acá estuvo detenido Arancibia Clavel, que había pertenecido a la DINA chilena”.

María Servini traza en su horizonte una hoja de ruta similar a las consecuencias que se derivaron de la intervención a finales del siglo XX del juez Garzón en el Cono Sur americano, e sea, abrir el camino para que la justicia autóctona reaccione y actúe contra los represores. Lo dice con conocimiento de causa y proyectando su intención sobre España: “El derecho internacional llega a los países, tarde o temprano llega y, si a la larga no aplican nuestro derecho, sí que obligan a los países a investigar o viene la condena internacional”.

Frente a la conocida petición de Garzón -en su intento fallido de juzgar los crímenes del franquismo- del certificado de defunción de Franco y su camarilla golpista, la jueza argentina desvela una orientación más pragmática de su instrucción: “Hay que ir directamente sobre los que están vivos. Eso no quita que también se investigue la participación de los que ya están fallecidos, porque todo hace un conjunto del expediente. La investigación es una sola sobre un grupo que ha trabajado de forma conjunta. Entonces, cuando usted está investigando a una persona que está viva, es lógico que también tenga alguna conexión con alguien que esté muerto. Hay que investigar las dos conexiones y al muerto no se le puede dejar de lado. No se le puede juzgar, ni detener, pero hay que saber qué hizo y ver si agrava o beneficia al otro imputado vivo”.

María Servini es una jueza muy sensibilizada con el tema de los derechos humanos cuya actuación fue determinante para condenar al asesino del general demócrata chileno Carlos Prats en Buenos Aires, un ex agente de la policía política de Pinochet. También cuenta con una experiencia positiva en el tema de los niños robados, habiendo logrado devolver a varios menores a sus familias biológicas. Contra viento y marea, la jueza argentina, optimista, concluye su única entrevista periodística lanzando un mensaje de esperanza a las víctimas del franquismo: “Les pido un poquito de paciencia, que esto va a salir adelante. Que vamos a tomar declaración a todos los que necesitan declarar, a todas las víctimas, que lo haremos yendo allá o viniendo la gente acá. De alguna forma esto se va a solucionar. La justicia, tarde o temprano, llega. Que tengan esperanza, que va a haber justicia”.