¿Cerco a los responsables del golpe de Estado? ¿O en un nuevo paso en falso? Sea como fuere, la cúpula militar golpista de Honduras tiene, desde hoy, prohibido salir del país.

Así lo ha dictaminado el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez especial, Jorge Rivera, quien obligó, además, a los seis oficiales que integran la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Romeo Vásquez, a firmar cada mes el libro de registro en la secretaría de la CSJ.

La Fiscalía hondureña había pedido hace unos días la detención de los responsables del golpe de Estado y de la acción militar que deportó al presidente Manuel Zelaya. La orden contemplaba el delito de expatriación -prohibida por la Constitución- y de abuso de autoridad por haber sacado por la fuerza y expulsado a Zelaya hacia Costa Rica.

Por su parte, los seis militares se han abstenido de declarar ante el juez pese a tratarse de una 'audiencia de declaración de imputado', declaraba Dagoberto Mejía, uno de los abogadores defensores.

Asimismo, el fiscal del caso, Marcio Cabañas, indicó que 'el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida y tiene el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario'.

La medida contra los militares choca con la decisión del Parlemento hondureño de imponer al líder golpista y todavía presidente de facto del país, Roberto Micheletti , la Condecoración Extraordinaria Gran Cruz Placa de Oro del Congreso y una medalla de oro, además de nombrarle como diputado vitalicio 'por su trayectoria de casi 28 años como legislador y su desempeño en la presidencia del país'. 

Vásquez se mostraba seguro de someterse a la Justicia 'ante cualquier situación'

El general Romeo Vásquez declaraba hace unos días estar convencido de someterse a la Justicia 'si es necesario porque nosotros somos hombres de ley' ante 'cualquier situación que se presente'.

Mientas, las autoridades del país se debaten entre enfrentarse a la creación de una comisión de la Verdad, exigida desde la comunidad internacional, para investigar el golpe de Estado o dar carpetazo y hacer borrón y cuenta nueva hasta que Profirio Lobo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado noviembre, tome posesión de su cargo el 27 de enero.

Antes de que comenzara la audiencia contra la cúpula militar golpista, organismos no gubernamentales aglutinados en la Plataforma de Derechos Humanos protestaron ante la sede de la CSJ para señalar que ésta ha dejado de ser garante de derecho por hacer la vista gorda a las acciones de los golpistas, a la vez que cuestionaron que Rivera sea el juez especial.

'No podemos reconocer una Corte que colabora con los militares'

'No podemos reconocer una Corte Suprema de Justicia que en colaboración con los militares, políticos y empresarios derrocaron al presidente Zelaya', dijo  la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, en declaraciones recogidas por Efe.

La Plataforma señaló, en un comunicado, que la justicia hondureña también ha expresado públicamente, desde el mismo día del golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas actuaron como defensoras 'del imperio de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho'.

Después, en el mismo lugar donde se manifestó la Plataforma, una treintena de activistas de la Unión Cívica Democrática (UCD), que respalda al Gobierno golpista, coreó consignas a favor de las Fuerzas Armadas, la Policía y en defensa de la Constitución.