El juicio militar contra la trabajadora humanitaria española, Juana Ruiz Sánchez, acusada por Israel de pertenencia a organización ilegal entre otros cargos, comenzó después de tres aplazamientos en Cisjordania ocupada. Este miércoles la Justicia israelí ha anunciado que suspende hasta septiembre el juicio porque la defensa solicitó acceso a nuevas pruebas, lo que abre un nuevo plazo para que se pronuncien todas las partes.

La Embajada española y el Consulado General en Jerusalén siguen "de cerca" el caso para prestarle asistencia consular a Rivas, según fuentes diplomáticas consultadas. Además, recuerdan que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya trató el caso en su primer contacto telefónico con su homólogo israelí, Yair Lapid, el 22 de julio. 

España ha pedido a las autoridades israelíes "que cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho de defensa de Juana Rivas", han señalado estas fuentes.

"El caso contra nuestra cliente Juana Ruiz es infundado y es parte del esfuerzo de Israel para criminalizar toda actividad y organización humanitaria externa en los territorios ocupados (palestinos)", declaró su abogado, Avigdor Fledman, antes de la vista convocada a las 9.00, hora española.

Ruiz Sánchez, de 62 años, entró hoy esposada y visiblemente cansada en la sala de la cárcel militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, donde estaba su marido y dos representantes del Consulado General de España en Jerusalén.

"Le hemos deseado suerte, que todos sus amigos y familia estamos con ella, y que es inocente", transmitió el marido de Juana Ruiz, Elías Rishmawi. Lo hizo desde la distancia, en la sala número uno de los tribunales de la cárcel de Ofer, en Cisjordania ocupada, a los que llegó Ruiz esposada de pies y manos y tan "cansada que no puede estar de pie", aseguró su marido.

El abogado considera que no hay motivos para que Ruiz siga detenida y en la próxima vista, prevista para el 1 de septiembre, solicitará el arresto domiciliario. Según su marido, la intención es que cumpla con la prisión domiciliaria en un convento, posiblemente en Jerusalén.

Detenida desde el pasado 13 de abril, Ruiz Sánchez trabajaba como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, y hasta mayo no fue acusada formalmente por la Justicia militar.

Está siendo juzgada por cinco cargos, entre ellos, "pertenencia a una organización ilegal", "participación en actividades de una organización ilegal" y "formar parte de la junta directiva de una organización ilegal".

Terrorismo

Israel considera que la entidad donde está empleada desviaba fondos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que considera terrorista, al igual que la UE o Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores israelí denunció que el FPLP estaría operando una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania, entre las que destacó a los Comités de Trabajo para la Salud, cuya directora, Satha Odeh, también fue detenida en julio. 

Estas ONG desviarían fondos que países europeos donan como cooperación internacional a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos. No obstante, la detención de Juana Ruiz y el posterior viacrucis judicial muestran que este caso está plagado de irregularidades. 

Sin pruebas fundamentales

El pasado jueves, el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, defendió que "hasta la fecha, (la UE) no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación en Palestina".

"Ahora está examinando las recientes acusaciones de las autoridades israelíes al respecto", argumentó Borrell en respuesta parlamentaria al requerimiento de la eurodiputada, Soraya Rodríguez.

"La UE está perfectamente al corriente del asunto de la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez", aseguró el jefe de la diplomacia europea y añadió que "proporcionar a Ruiz Sánchez unas condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consultar y asesoramiento jurídico siguen revistiendo extrema importancia".

Borrell mostró el compromiso de la UE por seguir "apoyando a las organizaciones de la sociedad civil como contribuyentes esenciales a la buena gobernanza, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible".