'El que nada debe, nada teme'. Hemila García, la jefa de policía de Meoqui (Chihuahua), solía responder así cuando se le preguntaba porqué no iba armada o no llevaba escolta. La Jefa, como le gustaba que la llamasen, tenía bajo su mando a 90 policías.

Una gran responsabilidad en el estado más violento del país y en un municipio donde en lo que va de año ha habido 40 ejecuciones pese a que sólo tiene 22.000 habitantes. El martes era su turno. Dos pistoleros interceptaron su automóvil, la obligaron a bajar y le dispararon siete tiros a quemarropa. No pudo defenderse.

El alcalde de la población, Jesús Salvador, declaró a medios locales, que García no había recibido amenazas de muerte ni se había enfrentado con el crimen organizado que opera en la región. El secretario municipal, Francisco Chavarría, recordó que 'nadie quería el cargo de la policía municipal porque las cosas aquí están muy calientes'.

García había empezado una reestructuración del cuerpo que incluía una remodelación de las instalaciones, dotación de nuevos uniformes y armamento a los oficiales, y un proceso de limpieza de agentes sospechosos. 'Vamos a trabajar de manera coordinada con diferentes corporaciones [cuerpos de seguridad], trataremos de mejorar las condiciones y terminar con la psicosis que tiene el pueblo, queremos que vuelva la seguridad y la tranquilidad, tenemos un trabajo muy duro por hacer', declaró al tomar posesión el 9 de octubre.

La ejecución de policías a manos de narcotraficantes es común. De hecho, las policías municipales son las que más contacto tienen con los sicarios y bandas locales, y por tanto también son el cuerpo más corrupto y también el que sufre más agresiones.

El mismo día que asesinaron a García, fueron ejecutados también el subdirector de la policía municipal de uno de los principales puertos del Pacífico, Joaquín García y María Dolores Guzmán, la responsable del departamento de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Federal en Sinaloa, otro de los estados fronterizos del país.