El Gobierno de Japón revisará su legislación para prohibir los castigos físicos a los niños por parte de sus padres o tutores legales, tras dos incidentes que causaron la muerte de menores y pusieron de relieve la falta de medidas para evitar estos casos, según recogen hoy los medios nacionales.

El Ejecutivo que lidera Shinzo Abe tiene previsto revisar la normativa vigente, que prohíbe el maltrato infantil aunque no estipula con claridad qué tipo de casos pueden considerarse como castigo corporal, señalaron fuentes gubernamentales a la agencia local Kyodo.

La iniciativa legislativa llega después de las muertes de dos menores tras sufrir este tipo de castigos por parte de sus padres, casos que han tenido un gran impacto social y que incluso atrajeron la atención del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El pasado marzo, una niña de 5 años falleció en Tokio tras ser víctima de continuados abusos y negligencias en su hogar, después de que su padrastro fuera detenido en dos ocasiones por maltratarla y de que su madre impidiera a los servicios sociales visitar a la menor.

En enero, otra niña de 10 años murió en Chiba (este de Tokio) después de sufrir maltratos como ser privada de comida y de sueño por sus padres. Una investigación posterior reveló que también en este caso los servicios sociales, la escuela donde estudiaba la niña y las autoridades locales estaban al corriente de la situación.

La revisión legislativa tratará de reforzar la autoridad de los centros sociales de protección de menores, para dotarles de más competencias que agilicen la retirada de la custodia infantil a padres maltratadores, además de introducir una prohibición clara de emplear castigos corporales a menores para imponer disciplina.

El pasado febrero, el Comité de Derechos del Niño de la ONU instó a Japón a "dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños", y recomendó en particular habilitar medidas más efectivas para que las víctimas de los abusos puedan denunciarlos.

El panel de la ONU expresó su preocupación por "el alto nivel de violencia, explotación y abusos sexuales contra los niños" en Japón, en su informe quinquenal sobre la situación de los menores en el país asiático.

La normativa japonesa actual únicamente señala que los padres o tutores legales de los menores deben "tener consideración para ejercitar de forma apropiada su autoridad a la hora de imponer disciplina" sobre los niños.

En 2018 se investigaron en Japón 80.104 casos de supuestos maltratos y abusos sexuales a menores, lo que supone una cifra récord y un incremento del 22,4 por ciento respecto al año precedente, según datos de la Agencia Nacional de Policía.