Japón empieza a asumir que el terremoto no es el único culpable de todo lo que ha ocurrido en la crisis nuclear de Fukushima. Desde el principio, hubo voces críticas con las decisiones tomadas por Tepco, compañía dueña de la planta. Más tarde contra la gestión del Gobierno que dirige el primer ministro Naoto Kan y su escasa transparencia. Ahora, el tsunami del descontento ya ha alcanzado a las agencias gubernamentales que regulan y controlan la seguridad de la energía atómica en Japón. Todo parece indicar que el Ejecutivo nipón reformará esta estructura institucional como resultado de los problemas de coordinación que ahora se empiezan a conocer.

Ayer, el mismo día que Tepco ofrecía su plan para Fukushima después de muchos días ignorando las exigencias del Gobierno, el máximo asesor de Kan en la crisis nuclear y diputado de su partido, Goshi Hosono, fue tajante: hay demasiados organismos encargados de asuntos nucleares. '[El sistema] funciona bien cuando la situación es normal, pero la coordinación resulta extremadamente difícil en una emergencia', criticó Hosono, a quien la prensa de su país veía la semana pasada convertido en ministro en misión especial para resolver la crisis de Fukushima.

Un asesor del primer ministro denuncia problemas de coordinación

Japón tiene una Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear (NISA, por sus siglas en inglés), que es la que ha estado en contacto con Tepco para supervisar sus trabajos, y una Comisión de Seguridad Nuclear, cuya labor ha consistido en asesorar al Gobierno. 'Se solapan en demasiadas áreas', criticó Hosono. 'Necesitamos pensar cómo reestructurarlas', aseguró el diputado en una entrevista televisada que recogió Bloomberg.

Los miembros de la Comisión son elegidos por el primer ministro, mientras que la NISA depende jerárquicamente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Este Ministerio ha sido muy criticado en Japón por sus importantes conexiones con la industria nuclear que lo convierten, a la vez, en su principal defensor y en el máximo encargado de regular su funcionamiento.

El caso más llamativo se dio en enero, cuando fichó por Tepco uno de los mayores defensores de la energía atómica: Toru Ishida, director de la Agencia de Energía y Recursos Naturales dependiente del Ministerio de Economía hasta 2010. Este caso obligó al entonces ministro del ramo, Akihiro Ohata, a reconocer que se debe reformar la ley para evitar el tránsito desde el Gobierno hacia la industria. Nada se ha hecho aún, como reconoció el portavoz del Gobierno, Yukio Edano, el 13 de abril.

Existen demasiadas conexiones entre los reguladores y la industria atómica

'Si esta es la política nacional, entonces el Ejecutivo tiene que ser responsable por completo', espetó tras la crisis el diputado de la oposición Taro Kono, muy crítico con las relaciones entre el poder y la industria nuclear. Kono se refería a que el Ministerio fue el primero en incentivar y respaldar económicamente la entrada de Tepco en el sector atómico. Y que el caso de Ishida es sólo un caso más dentro una práctica común.