Imaginemos que un italiano de la ciudad de Milán, al que bautizaremos Alessandro, comete un delito cualquiera; por ejemplo, un robo con intimidación y violencia. La Policía lo detiene y el tribunal lo juzga y dicta sentencia: nueve años de cárcel.

Ahora imaginemos que Alessandro ya no se llama Alessandro, sino Mohamed, Darius o José, y es un inmigrante sin papeles. La historia se repite, Mohamed comete exactamente el mismo delito en idénticas circunstantancias. La Policía lo detiene, el tribunal lo juzga y dicta sentencia: doce años de cárcel.

En Italia estas condenas dispares según quién cometa el delito ahora cuadran. La prensa italiana informó este viernes de que un tribunal de Milán aplicó por primera vez el artículo 61, apartado 11 bis, del decreto ley aprobado por el Gobierno italiano el pasado 21 de mayo: el agravante de clandestinidad. Según esta nueva norma cuando un sin papeles comete un delito, puede ser condenado a un tercio más de la pena prevista inicialmente.

Un chileno de 18 años, un marroquí de 27, un ucraniano y un moldavo, respectivamente de 32 y 25 años, han sido los primeros cuatro sin papeles a quienes se ha aplicado el endurecimiento de las leyes que atañen a los inmigrantes previsto en el decreto ley de Berlusconi.

De momento, la inmigración clandestina es sólo un agravante, pero cuando se apruebe el proyecto de ley sobre inmigración que seguirá al decreto ya sancionado por el Gobierno italiano el no tener papeles en Italia será considerado un delito punible con una condena de entre seis meses y cuatro años de cárcel.

Mientras el nuevo delito termina de gestarse, ya hay quien se está anticipando. La Repubblica informó de que la ciudad de Milán ha lanzado una operación de “caza a los clandestinos en los autobuses”, según el titular que publicaba el diario.

Los viajeros de este servicio de transporte asistieron a varias operaciones de identificación de extranjeros por parte de la policía local. A algunos se los llevaron detenidos.

Siguiendo la línea de criminalizar al sin papeles, el teniente de alcalde de esta ciudad, Riccardo de Corato, explicó ayer que se trata de “intensificar los controles para prevenir hurtos, vandalismo y agresiones”.

El subdirector de Cáritas en Italia, Francesco Marsico, citado por el diario, no piensa lo mismo. Para él, “parece que se está ensayando” el proyecto de ley que Berlusconi quiere aprobar.